Defensa: sí por favor, pero que lo pague otro

“En su opinión ¿cuál de los siguientes casos justificaría que el Gobierno de la nación ordenase una acción militar?” Invasión del territorio nacional: 67,4%; invasión del territorio de un país europeo: 23,7%; defensa de los intereses económicos españoles: 27,7%; de los intereses económicos de la UE: 13,1%; hacer llegar ayuda humanitaria a zonas en conflicto 50,6%; Imponer la paz en zonas en conflicto 42,2%.

“Considera usted que los medios técnicos y materiales de que disponen actualmente nuestras FFAA para llevar a cabo las misiones que tienen encomendadas, tanto dentro de España como en el exterior son…”: Excesivos 8,3%; adecuados 33,4%; insuficientes 26,4%. “Y en su opinión, el presupuesto que se destina anualmente en España a la defensa nacional y a las FFAA es…”: excesivo 22,6%; adecuado 25,4%; insuficiente 17,7% (aquí un 33,8 no se moja en la respuesta).

Esta encuesta monográfica del CIS de hace apenas dos años es excelente ilustración de la paradoja, o quizá mejor llamarle contradicción, en la que vivimos en la sociedad española. A las preguntas ya citadas hay que añadirle otra, en la que se interroga a los a encuestados sobre su percepción de riesgos y amenazas. Ahí, las respuestas coinciden en líneas generales con los análisis que elaboran sesudos expertos en geopolítica y defensa. Los españoles se sienten amenazados, en este orden, por: el terrorismo; los ataques a través de las redes informáticas; el crimen organizado, la inestabilidad económica y financiera; la proliferación de armas de destrucción masiva (armas nucleares, químicas, biológicas,...); las amenazas mediante la utilización de nuestra dependencia energética (petróleo, gas natural, etc.); las emergencias y catástrofes naturales o medioambientales; amenazas contra infraestructuras críticas y servicios esenciales (suministro de agua, transportes, etc.); los conflictos armados; los flujos migratorios irregulares; la vulnerabilidad del espacio marítimo (actividades ilícitas en el mar, piratería, accidentes, etc.) y el espionaje.

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Es decir, estamos todos de acuerdo en que existen numerosas amenazas que solo se pueden afrontar desde una perspectiva que en buena medida deberá ser militar. En otras palabras, la mayoría de españoles no cree que hayamos alcanzado una especie de nirvana planetario que nos permita dedicarnos ya solo a gozar juntos del amor y la belleza. No, no somos un país poblado por ingenuos o inconscientes. Pero a la hora de la verdad solo una minoría de españoles está convencida de la necesidad de dedicar más recursos a la seguridad y la defensa nacional.

Hace unos años, todavía con Obama en la Casa Blanca, los socios de ese club de ayuda mutua que es la OTAN acordaron juntos ir aumentando sus recursos en seguridad y defensa, con la meta de irse aproximando a un esfuerzo del 2% del PIB en 2024. Pero la realidad se impuso desde el primer momento, y apenas unos pocos han cumplido o tienen alguna posibilidad de hacerlo. Y hoy España, en relación a su riqueza colectiva, dedica a su defensa lo mismo que en 2014, un ridículo 0.92% del PIB. En toda la OTAN solo existe un país con una cifra inferior: Luxemburgo. No es exactamente un lugar de honor.

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Es verdad que algunos defienden otras formas de cálculo para comparar el compromiso en gasto militar. Pero en ninguna de las mediciones serias posibles salimos de la cola de la OTAN o la UE. Al menos sí podemos presumir de estar cumpliendo con otro de los compromisos: más de un 20% de lo gastado se dedica a nuevos equipos, a diferencia de otros que aparentemente sí cumplen, pero apenas invierten en modernización.

Hablar de defensa en nuestras sociedades democráticas no es hacer discursos patrioteros en defensa del honor o de fronteras sagradas; es proteger directamente nuestro bienestar y estilo de vida. Y eso exige disponer de recursos, materiales y humanos (incluyendo la formación). Todos deseamos contar con seguridad en nuestras infraestructuras esenciales; esperamos capacidad de respuesta allí donde una crisis humanitaria nos pone frente a nuestras obligaciones morales colectivas; confiamos en que alguien garantice la estabilidad en aquellas zonas de cuya paz depende también la nuestra. Y no es serio pretender que eso se haga sin rascarse el bolsillo colectivo: en estos últimos años las misiones y compromisos exteriores de España se han mantenido o en algún caso incluso han ido en aumento mientras el dinero disponible ha disminuido.

No, ni tenemos una especie de derecho natural a que otros nos protejan a su costa, ni podemos pretender que España defienda en el mundo aquello que nos parece digno e importante sin poner los medios para ello.

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Todo ello sin contar con una lectura estrictamente egoísta pero perfectamente válida: como saben muy bien en Cádiz, incluyendo a sus votantes más de izquierdas, la inversión en defensa -además de garantizar la seguridad- crea numerosos puestos de trabajo e incrementa sustancialmente nuestras capacidades colectivas también de uso civil, lo que se traduce en beneficio directo de la industria española en I+D+i y en progreso tecnológico.

Es muy verosímil que este debate se ponga pronto sobre la mesa si cuajan las actuales negociaciones de investidura y desde Podemos deben aprobar en Consejo de Ministros unos nuevos presupuestos. Será la hora de la pedagogía política. Con derecho a exigir la máxima transparencia en las cuentas y en el gasto. Y por supuesto, también con derecho a afrontar otros tantos debates legítimos, aunque distintos, que también afectan a la política de la defensa desde otros ángulos: ¿A quiénes se puede vender material bélico y en qué condiciones? ¿Qué parte de nuestro gasto debería dedicarse a contribuciones a un gasto colectivo? Y en ese contexto ¿qué reformas precisa la OTAN para sobrevivir como estructura de defensa colectiva? Y ¿qué puede y debe hacer la UE para mejorar la racionalidad del gasto militar? O también, como ha planteado Macron esta misma semana, ¿quiénes son nuestros potenciales enemigos, y qué papel tienen China y Rusia en esa lista?

Hablemos. Y seamos consecuentes.