¿Y si Goirigolzarri fuera el encargado de gestionar la crisis del covid?

“Son los empresarios los que nos van a sacar de esta situación”, aventuraba el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en el programa de Carlos Alsina. “Hay dos aspectos fundamentales para salir de esta crisis: apoyar a las personas que hayan perdido sus rentas y preservar la actividad económica”, decía con tono senatorial y esa “humildad intelectual” que él mismo exige a quienes están en puestos de responsabilidad, pues es la única cualidad “que te permite ver en qué estás fallando y rectificar con determinación”.

No hace falta ser Philip Marlowe para saber que estudió con los jesuitas. Tampoco de su afición por Kant. Durante los cuatro años que transcurrieron desde su salida de BBVA en el año 2009 a su llegada a Bankia en 2012, Goirigolzarri fue alumno en la Escuela de Filosofía de Madrid. Al frente de Bankia, pasó de ser abucheado a los pies de las Torres KIO a recibir el reconocimiento de sus empleados y compartir magdalenas con Carmena.

Una voz, en definitiva, que se encuentra en las antípodas de esa parte del Gobierno, la que corresponde a Unidas Podemos, que demoniza a los empresarios con oscuros intereses crematísticos y se aprovecha del estado de alarma para lanzar tuits capciosos como el de Pablo Iglesias: “Toda la riqueza del país está subordinada al interés general”.

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución) #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/nLP6VYPvkB

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 29, 2020

Las declaraciones de Goirigolzarri se producían el mismo día en que este periódico publicaba que Amancio Ortega —a la sazón, el sastre que le remienda las americanas a Iglesias­— había salido al rescate del Gobierno de Pedro Sánchez trayendo a España, en aviones de Inditex y sin coste alguno para la Administración, millones de mascarillas y decenas de respiradores en el momento más crítico de la pandemia. No es el único caso.

La Cámara de Comercio de EEUU en España, AmChamSpain, ha elaborado un informe que recoge las iniciativas de impacto social implementadas por sus socios ante la emergencia sanitaria. El listado es amplio y variado. Va de Coca-Cola a Damm, pasando por Iberia, Indra o Gilead, que ha puesto en marcha un programa de investigación para estudiar la eficacia y seguridad de su fármaco Remdesivir en pacientes infectados por el covid.

Si un aficionado a los pasatiempos se pone a buscar las diferencias que hay entre la forma de actuar de la clase política y la de la sociedad civil, se quedaría sin horas del día para poder tachar. Una gran mayoría de ciudadanos comparte la idea de que las empresas han actuado más rápida, diligente y eficientemente que el resto de administraciones.

Siguiendo el ejemplo de Italia, donde Vittorio Colao, ex consejero delegado de Vodafone, encabeza el grupo de expertos (gestores, economistas, psicólogos) que asesoran al Ejecutivo transalpino para salir de la pandemia, uno no puede dejar de preguntarse qué hubiera pasado en España si al frente de la gestión de la crisis hubieran estado gestores como José Ignacio Goirigolzarri o Pablo Isla en vez de políticos como Sánchez, Iglesias, Illa o Simón. La ucronía para el lector resulta algo más que sugerente.

¿Se podría permitir un empresario una maquinaria deficientemente engrasada como la exhibida por el Gobierno de coalición, donde PSOE y Podemos han chocado en el diagnóstico y las recetas para combatir la pandemia? ¿Acaso no activaron las grandes empresas planes de actuación para salvaguardar la salud de sus empleados mucho antes de que el Ejecutivo declarara el estado de alarma e incluso antes del 8 de marzo? ¿Hubiera habido problemas con el suministro de material sanitario por incautaciones y fuga de proveedores?

Pero, como dice Macron, en la coyuntura actual es “momento de pensar lo impensable” y, lejos de reconocer el mérito de estos empresarios, se está extendiendo la especie de que lo mejor es atarlos en corto. El contexto ayuda: un día, el Gobierno decide que la crisis del coronavirus recaiga sobre las espaldas de las empresas, haciéndoles asumir un coste que correspondería al sector público; otro día, aprueba el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que prohíbe la toma de más de un 10% en una serie de empresas a inversores extracomunitarios, y otro, la Comisión Europea decide flexibilizar la normativa de ayudas de Estado y permitir que los países puedan recapitalizar y tomar el control de compañías en apuros.

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Ruth Ugalde

Unidas Podemos ha decidido aprovecharse de la ola proteccionista que recorre Europa para tratar de alcanzar sus más oscuros deseos y poner en marcha una política de hechos consumados. Primero, marcaron con una X a los bancos, luego a las energéticas y ya por último al conjunto de las grandes empresas españolas. Si el Estado francés controla EDF, Italia hace lo propio con ENI y Alemania está en Deutsche Telekom, ¿por qué no va a controlar el Estado español compañías estratégicas para el país?, se preguntan.

En manos del PSOE está cortar de raíz estos rumores que circulan por los parqués madrileños y que apuntan directamente a sus vecinos de Consejo de Ministros, no se vaya a producir una rebelión en el Atlas y el dinero empiece a poner pies en polvorosa, bien hacia Luxemburgo, bien hacia la vecina Portugal, donde los ojeadores de casa se multiplican.