Merkel pasa revista a las empresas españolas por la gestión de los fondos europeos

Angela Merkel no pretende dilapidar su brillante trayectoria con un borrón al final de su carrera política y estrecha la vigilancia sobre los 1,8 billones de euros aprobados por el Consejo Europeo en julio para reconstruir Europa y sobre el buen uso que se haga de los mismos en los distintos países, especialmente en los del sur, caso de España.

"La respuesta europea a la pandemia me merece una opinión extraordinariamente positiva", respondía Felipe González en una reciente entrevista publicada en este periódico. Las palabras del expresidente representan el sentir generalizado de los Veintisiete, para los que medidas inéditas como la emisión conjunta de bonos por valor de 750.000 millones de euros o el hecho de canalizar un volumen relevante del estímulo fiscal en forma de subsidio en vez de préstamo para aliviar los estragos del covid suponen un paso de gigante para la construcción europea.

Lo es para Alemania, que ha asumido un riesgo al que hasta ahora se resistía, apoyando una política eminentemente expansiva y enterrando una tradición económica, la de la austeridad, que mantenía intacta desde la Segunda Guerra Mundial; y lo es sobre todo para su canciller, Angela Merkel, quien justo en el año de su marcha invierte una parte sustancial de su capital político en una decisión que le pone en el punto de mira del Bundesbank y sus votantes.

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En este sentido, la embajada alemana en España ha intensificado sus ya habituales encuentros con las grandes compañías del país para sondear su opinión sobre la gestión y ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno de Madrid.

"Tenemos un interés fundamental en que el fondo cumpla su propósito. Nuestros dos países, España y Alemania, son emplazamientos industriales de gran potencial. Un potencial que podemos incluso aumentar mediante la cooperación y en interés de ambas partes", responde el embajador alemán, Wolfgang Dold, preguntado sobre estas cuestiones.

La cancillería, que asegura no estar auditando la gestión española y evita poner nombre y apellidos a los encuentros, habría celebrado reuniones con las principales compañías hispano-germanas ubicadas en nuestro país.

Es el caso de Seat, que el pasado viernes recibió al rey Felipe VI y al presidente Pedro Sánchez en sus instalaciones, al tiempo que se hacía público que el Gobierno, Iberdrola y la propia firma de coches constituirán un consorcio público privado para invertir en una fábrica de baterías para los nuevos vehículos eléctricos que lanzará la filial española de Volkswagen. Previamente, el embajador Dold había despachado en Madrid con Wayne Griffiths, nuevo presidente de Seat desde el 1 de octubre del pasado año.

"Si en la anterior crisis preocupaban los hombres de negro, ahora preocupan los de morado", explican

El anuncio del pasado viernes no solo supone un guiño del Ejecutivo central a su socio ERC, a la Generalitat y a uno de los principales motores industriales de Cataluña, Seat, sino también a la matriz alemana de esta, Volkswagen, y a la propia Alemania, que vigila que el uso de los fondos aprobados por la Comisión se destine a proyectos transformacionales.

El grueso de las compañías sondeadas por Alemania centra su actividad en la industria, como sucede con los fabricantes de automóviles; pero también en la energía, caso de Siemens y Naturgy, que igualmente habrían mantenido contactos al máximo nivel.

Las empresas que han desfilado por la cancillería prefieren no entrar al detalle del contenido de los encuentros, aunque algunas sí reconocen que se centraron en el reparto y la ejecución de los fondos europeos, "pues si en la anterior crisis preocupaban los hombres de negro, ahora lo que preocupa son los hombres de morado [en referencia a Unidas Podemos]", explica irónicamente uno de los participantes.

Según fuentes diplomáticas de la embajada alemana, "no se trata solo de ayudas para las economías que se han visto más afectadas por la pandemia. El fondo está orientado hacia delante, quiere ofrecer una expectativa de futuro. Todos los socios europeos han invertido en ello mucha buena voluntad. Por ello, el éxito del fondo Next Generation EU es en interés de todos nosotros, y también en el respectivo interés nacional".

España recibirá 79.796 millones de euros en subvenciones entre este año y 2023, siendo el país europeo más beneficiado, una elevada cantidad de dinero que despierta suspicacias sobre la discrecionalidad en la adjudicación de los proyectos y la correcta ejecución de los mismos. Unas suspicacias alimentadas por el Consejo de Estado, que ha denunciado en su dictamen sobre el decreto ley de los fondos “la eliminación o modulación de mecanismos de control” en la contratación administrativa, los convenios y las subvenciones.

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La patronal CEOE, muy pendiente también del decreto que regulará estos fondos y de las enmiendas que puedan incorporarse en la tramitación parlamentaria, considera imprescindible mejorar la concurrencia de las empresas a los contratos que saquen las administraciones públicas, ya que así los proyectos ganadores serán los más eficientes.

Incluso algunos de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, como el PNV, han mostrado sus recelos al mecanismo de reparto de ayudas: "A estas alturas todavía no sabemos a qué ventanilla llamar ni cuáles son los criterios de adjudicación", denuncian en la formación 'jeltzale'. Todo ello sumado a las críticas que, en sentido similar, hacen desde la bancada de la oposición tanto el Partido Popular como Ciudadanos.

España cuenta hasta el 30 de abril para enviar a la Comisión Europea la versión definitiva de su plan de resiliencia y recuperación. El Ejecutivo espera que el plan sea aprobado en junio. Tanto las autoridades españolas como las comunitarias siguen en contacto estrecho y las sensaciones, según confirman ambas partes, son buenas.