Caza Mayor
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Nunca hablamos de nuestras propias exclusivas. Pero esta es diferente
¿Tienen o no tienen derecho los ciudadanos a conocer cualquier tipo de actividad de sus representantes políticos que pueda generar un posible conflicto de interés?
Le pregunto a José María Olmo qué tal se encuentra. Me dice que ha tenido días mejores, que apenas ha dormido. Está inquieto por las informaciones que nos traemos entre manos. Dice que tiene la sensación de que estamos pinchando en lo más hondo del sistema. Olmo es el jefe del equipo de Investigación de El Confidencial.
La figura del periodista aparece en el imaginario colectivo envuelta en mitomanía, como la de un tipo misterioso, sin escrúpulos, que se mueve entre humo, bisbiseando y escuchando tras las columnas en pos de la próxima exclusiva. Nada más lejos de la realidad. Los periodistas ejercen como cualquier otro, enferman de gripe, hacen la colada cuando llegan del trabajo y no duermen cuando la responsabilidad les puede.
Consulto a tres colegas respetados de prensa, radio y televisión, para recabar su opinión y confirmar que las informaciones son de interés público y tienen la trascendencia que barrunto. Supongo que habrá muchos directores que no duden ni necesiten cotejar el parecer de otros compañeros, pero no es mi caso, sobre todo después de llevar años encapsulado siguiendo la investigación. Los tres convienen en la relevancia de las noticias y en su repercusión. Me hablan de coraje y valentía. En puridad, no se trata de ser valiente, sino de hacer nuestro trabajo, les digo. Contar lo que no quieren que contemos.
Me llaman a las 7.30 a. m. Me reprochan que avisemos demasiado tarde, sin apenas margen para reaccionar. Les replico que la tenían desde el día anterior y que, si no han comentado nada, es porque la información, guste más o menos, es factual y hay poco que comentar. Faltan 15 minutos para publicar. Me cuelga. Le llama el presidente.
Personajes de dudoso pelaje que pululan a sus anchas por la Administración y las empresas; un país donde el dinero fácil y la corrupción se han metido hasta el tuétano del sistema; una corrupción que es endógena, pues se encuentra en la genética de nuestra clase política y genera un sinfín de estímulos que inducen a la comisión del delito.
Hablamos de Koldo García Izaguirre, un bulto sospechoso que andaba como Pedro por su casa por los pasillos de Fomento y que supuestamente se lucró de los contratos de emergencia a costa del erario público y el dolor de las víctimas. Hablamos de José Luis Ábalos, uno de los hombres que auparon a Sánchez al poder, que fue defenestrado sin saber bien por qué y posteriormente rehabilitado, y que ahora se dedica ir de plató en plató sin que nadie se lo pida y haciendo bueno el dicho excusatio non petita…
De Francina Armengol, tercera autoridad del Estado después del Rey y el presidente, y hoy en la cuerda floja después de saberse que avaló a la trama ante Sanidad para que pudiera seguir optando a contratos públicos cuando ya sabía que sus mascarillas eran defectuosas. Y hablamos también de Begoña Gómez, la mujer del presidente, que se reunió con Víctor de Aldama, uno de los cerebros de la organización, así como con Javier Hidalgo, consejero delegado de Air Europa, justo cuando el primero estaba negociando los contratos de las mascarillas y el segundo, el rescate de la aerolínea.
Dice la vicepresidenta María Jesús Montero que no todo vale y que hay que dejar a los familiares fuera de la pugna política. Dice que “verse con empresarios” forma parte del trabajo de Begoña Gómez. Muchos asienten con la cabeza. Son los adalides de la transparencia, los mismos que hicieron de la batalla contra la corrupción su leitmotiv para llegar al poder y que ahora cambian de parecer en sintonía con esa sobrevenida escala de valores que asegura que solo es verdad aquello que me beneficia.
¿Tienen o no tienen derecho los ciudadanos a conocer cualquier tipo de actividad de sus representantes políticos que pueda generar un posible conflicto de interés? ¿Qué hacía Begoña Gómez reunida con el CEO de una empresa que estaba, justo en esos momentos, siendo rescatada por el Gobierno? ¿No debería el presidente haberse abstenido en la concesión de las ayudas a Air Europa? No se trata de acusar a nadie directamente de nada. Se trata, simplemente, del derecho de los ciudadanos a saber.
¿Debemos informar sobre las actividades de los entornos de los líderes políticos que afecten a la vida pública sin hacer ningún tipo de distinción partidaria? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si el Gobierno de la Comunidad Madrid hubiera rescatado una empresa cuyo propietario fuera amigo de la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, y además hubieran mantenido encuentros en las fechas claves? Pues eso.
El periodismo formula preguntas y no debe dar explicaciones a ningún poder cuando su información es veraz. Es el poder quien debe explicarse. “La mujer del César no sólo debe ser honrada sino parecerlo, y el silencio de la Moncloa no ayuda precisamente a proteger a Gómez. Si todo está bien, explíquese”, escribía Juan Fernández-Miranda en ABC.
Contar la verdad no es sencillo. Hay presiones. En este oficio, todos aprendemos pronto que, cuanto mayores son las presiones, más cerca andamos de la verdad. Somos periodistas y nuestro trabajo consiste en que esa verdad sea noticia. No contamos con una máquina de exclusivas a la que aprietas el botón y te regala el titular de apertura del día siguiente. Dar con la verdad no es fácil. Hay que buscarla, investigarla. Y eso requiere paciencia, recursos, tesón. En nuestro caso, todo se inició hace cuatro años…
El periodismo formula preguntas y no debe dar explicaciones a ningún poder cuando su información es veraz
Era principios de 2020 y Koldo empezaba a ser conocido por su papel en el Delcygate. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, había aterrizado en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y permanecido unas horas en la sala vip de Barajas, lo que suponía entrar en territorio europeo y saltarse las sanciones de la UE que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Koldo acompañó a su jefe para recibirla. Cuando Ábalos se marchó en torno a las 1.30 horas, él se quedó custodiando a la número dos de Maduro y se encargó personalmente de conseguirle unos billetes en el primer avión de la mañana con rumbo a Doha.
Al tirar del hilo, descubrimos que ese grandullón hasta entonces desconocido, de trazas un tanto chuscas, chófer, escolta y asesor de Ábalos y amigo de Santos Cerdán, es decir, el sanctasanctórum del socialismo en la era Sánchez, tenía un pasado ciertamente oscuro. Entre los puntos negros estaba una condena de dos años, cuatro meses y un día de cárcel por propinar una paliza cuando trabajaba de vigilante en un vertedero.
Encontramos a la víctima en Navarra. “Me rompieron dos costillas y huesos de la mano izquierda, me dejaron la espalda negra de moratones y me abrieron varias brechas en la cabeza. El último golpe me lo dio Koldo. Sonó mal. Me reventó la cabeza. Sonó tan mal que pensaron que me habían matado. Se asustaron y se fueron”, nos confesó la víctima.
Publicamos el testimonio el 8 de marzo de 2020. A las pocas horas, recibimos un mensaje en el móvil en el que se nos acusaba de omitir las cosas buenas de Koldo, que eran muchas, “como reflejan sus medallas y condecoraciones”, y de ser injustos con una persona que “tiene derecho al olvido por un suceso que ocurrió hace 30 años”. Llovía sobre mojado. Quisimos seguir desovillando al personaje, pero entonces comenzó a golpear con fuerza la pandemia, llegó el decreto de alarma, nos confinaron, cambiaron las prioridades.
Lo que ocurrió a partir de entonces lo recojo en
“Hubo profesionales que ejercieron como tales y cobraron legítimamente por ello, pero también proliferaron intermediarios y comisionistas sin escrúpulos que solo entendían las vidas ajenas como daños colaterales. Algunas de las empresas que se hicieron con los contratos de emergencia carecían de experiencia, hubo remesas de material que nunca llegaron o lo hicieron en condiciones defectuosas, y vendieron mascarillas y test de antígenos muy por encima de los precios de mercado.
El Tribunal de Cuentas lo corrobora en sus conclusiones. Detecta decenas de contratos sospechosos con justificaciones indebidas, acuerdos no formalizados por escrito y costes elevados. Con todo y con eso, el informe no capta la atención de los investigadores. Dicen que resulta imposible demostrar que haya responsabilidad penal. Otra cosa es la responsabilidad moral.
—El problema, Nacho, es que el trabajo es muy voluminoso y no hay un titular claro, más allá de que empresas pirata de las que ya hemos hablado se han llevado un contrato u otro —dice José María Olmo—. No tenemos ninguna prueba de que haya habido la más mínima irregularidad. Estamos hablando de retrasos en la compra de material, o de que las mascarillas eran defectuosas, o de que han muerto dos ancianos en no sé qué pueblo perdido de España.
(…)
—Los contratos de los que habla el Tribunal de Cuentas existen. Podemos tener acceso a ellos —les animo—. En uno o dos años no se hablará de otra cosa.
—Para investigar esos contratos no sirven los datos públicos —dice asertivo Olmo—. La corrupción no se encuentra en la superficie, sino bajo el radar, y ahí tenemos un problema serio. Nadie está haciendo nada por falta de recursos. Nadie está investigando. Ni la UDEF, ni la UCO, ni el Ministerio del Interior, ni la Fiscalía. No quieren. Piensan que fue una avalancha imposible de frenar, como si estuviéramos en una guerra. La Policía no cree que se pueda culpar a nadie.
—Con un poco de suerte, con el tiempo —añade Alejandro Requeijo, otro miembro del equipo de Investigación—, habrá una denuncia que dé en la diana, es decir, que un juez considere que hay razones suficientes para elevarla porque hay un aforado implicado. Entonces, el Supremo dirá que adelante, que este era el camino. No son 50 denuncias contra todo el Gobierno, sino una denuncia concreta, con una instrucción ya hecha, contra dos o tres personas específicas, con un delito que sí se puede perseguir. Pero para eso habrá que esperar”.
Limitados por las restricciones del momento, fuimos recabando información de los contratos de emergencia y los rescates de empresas
Y eso hicimos: esperar. Limitados por las restricciones del momento, fuimos recabando información sobre los contratos de emergencia y los rescates de empresas. Apareció Globalia, el papel borroso de la mujer del presidente y hasta Koldo, que nos lo encontrábamos de nuevo en este pandemónium impúdico producto de la pandemia.
No publicamos nada. Nos faltaban más piezas, el contexto. Quienes se dedican a esto saben que tan importante es la exclusiva como la variable t de tiempo; es decir, el momento en el que se publica dicha exclusiva. Y volvimos a esperar. No hicimos nada hasta que el pasado 21 de febrero adelantamos que Koldo había sido detenido, junto a otras 19 personas, por cobrar comisiones ilegales por la compra de mascarillas.
No eran tanto las detenciones como tres líneas del auto del juez Ismael Moreno que habían propiciado la operación, unas líneas en las que casi nadie había caído y que ponían negro sobre blanco que, “según la información aportada por la ONIF, los clientes que el Sr. de Aldama [uno del los principales cabecillas de la trama] habría tenido en el ejercicio de 2020 a través de la mercantil MTM 180 Capital SL serían Globalia Corporación Empresarial SA, Soluciones de Gestión y Lopera Activa SL”. No era tanto Koldo como Air Europa.
Las piezas encajaban. La trama principal era la de los rescates millonarios a empresas cercanas a altos cargos de la Administración. Luego venían las subtramas: una, la organización que supuestamente se dedicaba a lucrarse del erario público gracias a sus contactos políticos, aprovechándose de una situación de extrema emergencia como el covid; otra, la de los contratos irregulares de mascarillas.
El informe de Hacienda que se dio a conocer este lunes, y que fue remitido a la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, supone un salto cualitativo en la investigación. Es el Super Glue-3 que todo lo une.
Dicho informe oficial sostiene que las negociaciones para el rescate público de Air Europa fueron el origen de la trama corrupta de Koldo García Izaguirre. Hacienda explica que uno de los comisionistas de la presunta organización criminal, Víctor de Aldama, se convirtió en "consultor en la sombra" de Air Europa durante estas negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que le permitió establecer una "cercanía con determinados funcionarios" que después aprovechó para lograr la adjudicación de los contratos investigados.
De Aldama fue el que, en 2020, se reunió con el consejero delegado de la compañía, Javier Hidalgo, y con Begoña Gómez para presentarles distintas oportunidades de negocio.
¿Es o no es noticia que la mujer del presidente del Gobierno se reúna con representantes de una empresa privada que fue rescatada con cientos de millones de dinero público? ¿Es o no es noticia que el presidente del Gobierno no se abstuviese en el Consejo de Ministros existiendo una relación entre su mujer y los dirigentes de la empresa privada rescatada?
En un país donde prolifera más la autocensura que la censura, es decir, el miedo al qué dirán, a que te veten en los viajes oficiales o te cierren el grifo de la publicidad pública, las informaciones de los últimos días en prensa parecen un acto de liberación.
Nos amenazaron. Nos llamaron mentirosos. Nos lanzaron a los perros. Lo seguirán haciendo. No nos quejamos. Nunca lo hacemos. Aquí estamos.
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Le pregunto a José María Olmo qué tal se encuentra. Me dice que ha tenido días mejores, que apenas ha dormido. Está inquieto por las informaciones que nos traemos entre manos. Dice que tiene la sensación de que estamos pinchando en lo más hondo del sistema. Olmo es el jefe del equipo de Investigación de El Confidencial.
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