El caso Koldo y la larga resaca de la gestión de la pandemia

El caso Koldo forma parte de la larga resaca de la gestión de la pandemia que estamos sintiendo ya. En los próximos años, nos provocará un dolor de cabeza persistente. Ningún Gobierno estaba preparado para la llegada del covid-19 y todos lo afrontaron improvisadamente. Pero el de España lo hizo de un modo que está teniendo, y tendrá, grandes consecuencias políticas, jurídicas y económicas. Veamos algunos de esos efectos.

Gasto sin control

En mayo de 2020, apenas dos meses después del estallido de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe que advertía de que "el gasto de emergencia" de dinero público provocado por la pandemia era "susceptible de malos usos y de corrupción". Ese gasto sin los controles habituales podía "elevar los incentivos para la captura de rentas" y facilitar los sobornos y el despilfarro. Hoy, parece una descripción exacta del caso Koldo.

Era lógico que el Gobierno relajara los procedimientos de compra de las administraciones públicas, que en tiempos normales son lentos y burocráticos. Y que los políticos, como José Luis Ábalos, quisieran comprar material médico por la vía que fuera. Pero eso se convirtió en una receta perfecta para que emergieran los conseguidores y las prácticas ilegales. Estas fueron muy comunes y emergerán con el tiempo.

Fondos de recuperación

El Gobierno presentó los fondos Next Generation EU como un gran éxito de solidaridad europea y pragmatismo. Lo fueron. También los vendió como una herramienta fundamental para que la economía española se recuperara tras los confinamientos. Pero esta lo hizo más lentamente que el resto de la eurozona. Y transmitió que serían una herramienta básica y equitativa para transformar el modelo productivo español. Probablemente, no esté siendo así.

Los fondos están teniendo algunos éxitos relevantes —aunque casi siempre entre grandes empresas bien relacionadas con la administración—, pero no van a ser la palanca del cambio de modelo que Sánchez insistió en que iban a ser. Es probable que ese fracaso parcial solo sea recordado ya por las élites económicas e industriales, y que las evaluaciones de su impacto real se vayan perdiendo entre las noticias económicas de los próximos años. Pero sin duda tendrá efectos a medio plazo: nuestro modelo productivo seguirá siendo, en esencia, la construcción y el turismo. Muchos fondos están yendo a parar a infraestructuras. No es ninguna desgracia. Pero no era ese el objetivo.

Recorte de libertades sin garantías

Era lógico, también, que el Gobierno impusiera confinamientos y restringiera las libertades. Pero lo hizo de manera chapucera, sin un criterio sanitario y, sobre todo, sin garantías constitucionales. Y dio poderes disparatados a la policía. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento de la primera alarma y la prórroga de seis meses de la segunda. El efecto debería haber sido un cambio sustantivo de las leyes, o de la propia Constitución, que permitiera hacer frente a las pandemias del futuro con garantías de que las restricciones de la libertad serán justas y estarán controladas por el Congreso. Eso no ha sucedido. Y tendrá un duradero impacto en los derechos básicos de las personas si esa clase de acontecimientos se vuelven frecuentes.

¿Qué expertos?

En 2020, el presidente Pedro Sánchez todavía creía que uno de los rasgos que debían definir su Gobierno eran los conocimientos técnicos y la aptitud tecnocrática. Por eso, durante la pandemia, el Gobierno justificó muchas de sus decisiones —por qué no usar mascarilla, por ejemplo; o por qué hacerla obligatoria— apelando al criterio de expertos que, en realidad, no existían o cuyo consejo era irrelevante. Las decisiones del Gobierno eran estrictamente políticas y tenían que ver con la estrategia comunicativa y la búsqueda de ventajas políticas, tanto como con la salud. Eso generó un gran daño en la reputación de los servicios y los técnicos sanitarios: de repente, estos se convirtieron en actores de la contienda política, que podían utilizarse para polarizar y obtener réditos políticos. Con el tiempo, hasta decisiones básicas ampliamente compartidas como la utilidad de las mascarillas o del propio confinamiento se han convertido en objetos de la batalla partidista.

El gran fracaso de las residencias

Hoy, la izquierda utiliza la mala gestión de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia como un arma política contra Isabel Díaz Ayuso. Es comprensible: el resultado fue dramático. Pero lo fue también en otras comunidades autónomas gobernadas por la izquierda. Sin embargo, nadie en España parece haberse tomado en serio aplicar reformas profundas en un sector, el de los cuidados de la tercera edad, que no hará más que crecer en importancia. Usted y yo, casi de manera irremediable, acabaremos en una residencia. Pero eso no ha generado incentivos políticos suficientes para preocuparnos de que sean mejores, más asequibles y más seguras. El impacto que tendrá esa dejadez en nuestras vidas será enorme.

Una parte nada desdeñable del presente político, pero sobre todo del futuro inmediato, estará dominada por las decisiones que tomó el Gobierno de Pedro Sánchez —y, en menor medida, los gobiernos autonómicos— durante apenas dos años de pandemia. Aflorará más corrupción y saldrán más casos Koldo. Eso tendrá un gran impacto mediático y alimentará las batallas cotidianas entre los políticos. Pero ni siquiera será lo más trascendente. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez y los autonómicos parecen haber decidido que no hay ninguna autocrítica que hacer ni ninguna lección que aplicar. Las consecuencias las vemos ya. Y nos provocarán una larga y dolorosa resaca.