De Urkullu a Puigdemont, o por qué España ya es un Estado asimétrico

No deja de resultar algo sonrojante leer en la pluma del lehendakari Íñigo Urkullu la reivindicación de los conceptos de “nación foral”, “federalización asimétrica” y “bilateralidad efectiva” como grandes objetivos pendientes de resolver. Urkullu, que gestiona su propia policía autonómica, que recauda casi todos los impuestos que se generan en la economía vasca a través de las haciendas forales y que disfruta de un concierto económico que le libera de la permanente negociación con la nomenclatura del Ministerio de Hacienda para cubrir financieramente sus competencias, ya debería saber que, en España, asimetrías, como las meigas, haberlas haylas desde hace bastante tiempo, sin que hasta la fecha se haya escuchado a esta avanzadilla de la periferia confederal poner sobre el tapete de la cuestión territorial la principal de ellas: la brecha de la desigualdad que, cada vez de forma más pronunciada, se está abriendo entre las distintas regiones españolas.

No hace falta más que asomarse a los trabajos de los expertos en economía regional española (este informe mismo de la Fundación BBVA-Ivie) para detectar diferencias de hasta el 30% en gasto en servicios públicos fundamentales entre unas autonomías y otras, siempre con el País Vasco a la cabeza gracias, fundamentalmente, a la combinación de un PIB per cápita solo superado por la capital del Estado, Madrid, y un sistema fiscal que le permite concentrar en sus propias competencias el grueso de la recaudación sin depender de los déficits estructurales del modelo de financiación de las autonomías de régimen común. Si de asimetrías hablamos, el nivel de vida y la calidad de servicios básicos como la sanidad o la educación no deberían desgajarse de la conversación del debate territorial que tanto está marcando el arranque de la actual legislatura, ausente de mayorías suficientes y abocada al sudoku parlamentario.

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Es cierto que cierta brunete mediática y social capitalina está acostumbrada a imponer en muchas ocasiones la visión castiza y monocolor de la realidad española. Madrid es España, y más allá de la M-30, la Comunidad Valenciana y Murcia son “las playas del Levante”; Andalucía, el flamenco, las sevillanas y el Rocío. Cataluña, no más que un nido de indepes que habría que lanzar al mar Mediterráneo, y Euskadi, un territorio minado con un proetarra en cada esquina. Un mosaico de tópicos. Pero, al tiempo, el egoísmo y ausencia de empatía hacia las necesidades de otros lugares del país que transmiten en cada mesa de negociación y cada comparecencia pública los partidos soberanistas no pasa desapercibida en el conjunto de la opinión pública. El triángulo Madrid, Cataluña, País Vasco monopoliza el debate político español, con el resto de territorios de espectadores secundarios incapaces de situar sus problemas en la agenda nacional y, por tanto, de resolverlos.

Si de asimetrías hablamos, el nivel de vida y la calidad de servicios básicos no deberían desgajarse

El PSOE debería modular muy bien el relato de lo que está negociando con la ERC de Pere Aragonès y el Junts de Carles Puigdemont, y también con el PNV. La percepción de agravio comparativo es cada vez mayor en muchos territorios españoles, tanto de aquellos fronterizos con Cataluña como de los más alejados. El sentimiento anticatalanista ya forma parte de la sensibilidad territorial en Aragón de una forma trasversal. Ni de izquierdas ni de derechas. Ocurre también en Andalucía. Es estructural en una parte de la sociedad valenciana. Que pensarán en Extremadura, en Asturias, en Castilla-La Mancha…

Hay una España invisible, incluso con la condición de nacionalidad histórica reconocida en su Estatuto, que se ha resignado a un papel secundario en el tablero nacional mientras otros copan titulares, negocian grandes partidas presupuestarias, marcan la agenda mediática y deciden cuándo se abren y se cierran los debates. Hablar de vertebración territorial, de punto final y de encaje de Cataluña o Euskadi en España está muy bien. Pero ojo con hacerlo a costa de alimentar una sociología de perdedores en otras autonomías, porque lo que hoy se presenta como mejor gestión de la complejidad y la heterogeneidad española puede estar tirando paladas de tierra sobre rencores territoriales que de una forma u otra terminarán por aflorar, y no necesariamente de la mejor manera.

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Ya está pasando. El secesionismo lingüístico (terraplanismo acientífico para algunos) que estos días estamos viendo, por ejemplo, en los discursos del PP y Vox en la Comunidad Valenciana deriva de ese impulso por marcar una distancia y una diferencia con respecto al perenne monopolio político de la tensión entre centro y nacionalismo catalán.

El nuevo presidente valenciano Carlos Mazón tenía razón cuando reclamó en agosto que la posible negociación de la deuda de las autonomías con el Estado vía FLA no se haga en el “cuarto oscuro” del soberanismo. El barón popular ha tenido que hacer equilibrios en su propio partido para poder seguir reivindicando “una compensación” de la deuda acumulada por la infrafinanciación, un debate que, sin duda, sería más fácil abordar sin la eterna contaminación del factor catalán, la turra CAT.

El secesionismo lingüístico de PP y Vox en la Com. Valenciana deriva del impulso por marcar diferencia

La Comunidad Valenciana y Murcia llevan años reclamando una corrección de un sistema de reparto de recursos que les perjudica y mina año tras año su balance sin que nadie les haga caso. Cataluña tiene mucha deuda con el Estado, sí, miles de millones, pero en la actual distribución del sistema de financiación se mueve en la media del conjunto, según los análisis de entidades independientes expertas como Fedea. Y ha sido solamente ahora, que el PSOE y Sumar necesitan los votos del independentismo, cuando resucita el debate de la deuda autonómica y de los déficits de financiación de los territorios.

Es una conversación viciada, contaminada por las necesidades políticas de cada uno, donde los contrarios al posible acuerdo de investidura, la derecha española y sus cañones de Navarone, trabajan para dinamitar cualquier solución, mientras la izquierda de la órbita monclovita reinterpreta los conceptos de solidaridad interterritorial en aras a la creación de nuevas mayorías y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se destapa haciendo alardes de flexibilidad hasta ahora inéditos

España, como dice Urkullu, quizás necesite una actualización territorial y una reinterpretación de la Constitución de 1978 para resolver para las próximas generaciones el encaje de sus nacionalidades y regiones. Pero sería conveniente que cuando monten la mesa y el mantel para hablar y comer, aunque sea para que cada uno elija lo que más le guste del menú, pueda sentarse en ella todo el mundo. Con la silla a la misma altura.