El concierto catalán y esa (in)solidaridad de la que usted me habla

Dice Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria (15,3 puntos por encima de la media en financiación por habitante ajustado, según Fedea con datos de 2021), que el concierto económico pactado entre Moncloa, el PSC y ERC para Cataluña hará "volar por los aires" el principio de solidaridad entre las regiones españolas. Anuncia el presidente castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco una batalla judicial "sin precedentes" contra el pacto fiscal porque "es un robo a Castilla y León" (6,3 puntos por encima). Añade Adrián Barbón, presidente de Asturias (3,1 puntos por encima), que no apoyará "nada que vaya en contra de los intereses" de su autonomía. Culmina Rocío Albert, la consejera de Hacienda del Gobierno de la Comunidad de Madrid (2,1 puntos por encima en financiación y beneficiaria del efecto capitalidad en inversiones del Estado), calificando la propuesta catalana como "la total ruptura de los principios de igualdad entre todos los españoles y solidaridad entre regiones recogidos en la Constitución".

Leer a todos estos dirigentes políticos y a todo un ejército de exaltados analistas, columnistas y comentaristas indignados por la última traición sanchista a España es sorprenderse por su repentina conversión a la fe de la redistribución interterritorial. Solo hay que asomarse a las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para ver quiénes han sido los consejeros más reacios a buscar soluciones a la reforma de un modelo que lleva años jugando con las cartas marcadas. Por no aceptar, no han querido ni el fondo transitorio de nivelación pagado con recursos de la Administración Central para compensar a los perjudicados hasta consensuar otro reparto. Un sistema que, una vez descontados mecanismos correctores como envejecimiento o dispersión (habitante ajustado), genera diferencias de hasta 24,5 puntos sobre una base 100 en el reparto de dineros entre unas regiones y otras. Esto ha hecho que, a mismo o inferior gasto en sanidad o educación, autonomías como la Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha presenten niveles de endeudamiento superiores al 30% de su PIB (42% en el caso valenciano). Una hipoteca que lastra su futuro. ¿Dónde está aquí la solidaridad de la que usted me habla?

Cuesta creerse también la sinceridad en la vocación federalizante de un Gobierno que presume de progresista y que ha sido incapaz de poner encima de la mesa en seis años una propuesta seria de revisión del sistema de distribución de recursos para hacerlo más justo y equitativo para el conjunto, incluso elevando, si así lo considerase, la corresponsabilidad fiscal de las autonomías y su capacidad normativa.

Opinión

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Lo que ha trascendido, como bien describe Francisco Pérez (Ivie), es un pacto de corte más confederal que federal, en el que un territorio pretende asumir la gestión de toda su capacidad fiscal, ceder una porción de recursos al Estado para cubrir las necesidades de inversión en infraestructuras en su propio perímetro geográfico y, finalmente, hacer una contribución a la solidaridad con el resto de territorios de cuyo cálculo nada se sabe, pero sí limitado al principio de ordinalidad, esto es, asegurar que la calidad de los servicios públicos ofrecidos a sus ciudadanos no sea inferior a la de regiones que han aportado menos a la tarta común.

En la práctica, es una réplica del sistema foral del que se benefician Euskadi y Navarra, matizado con una vaga referencia a la ventana solidaria. A vascos y navarros se les ha tolerado el privilegio porque quedó así escrito por los constituyentes y porque sus economías no son determinantes para el equilibrio del sistema fiscal español. Pero con el esquema pactado por PSC y ERC, en el que la llave de la caja tributaria de la segunda economía del país pasaría de depender del Ministerio de Hacienda a la Generalitat, es lógico que se abran grandes incertidumbres sobre el futuro del sistema. ¿Qué porcentaje de tributos se considera adecuado para cubrir la cuota solidaria? ¿En qué medida afectará el concierto a las transferencias hacia las autonomías que sigan dentro del régimen común? ¿Qué pasará el día que un presidente de la Generalitat diga que no le viene bien contribuir a la solidaridad y tire esa llave al río Llobregat?

Son preguntas que cabe hacerse y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que contestar. La cuestión por la parte de los críticos con el pacto catalán es en qué medida pueden dar lecciones ahora de compromiso con la solidaridad, el equilibrio y la redistribución quienes más presión han hecho para no tocar un statu quo que lleva años contribuyendo a la desigualdad territorial. Para una autonomía como la valenciana, que es a la vez contribuyente neta al Estado y deficitaria en retorno de recursos pese a presentar un PIB per cápita por debajo de la media (lo que viene siendo pobre), dan ganas de hacer un ejercicio de egoísmo no muy distinto al del común de los mortales y reclamar un concierto similar al catalán. Tonto el último. Ya puestos…