Conflicto de intereses y purgas en la sacudida del director de la Agencia Valenciana Antifraude

Hay quien cree en las casualidades y hay quien no cree en ellas. Pero en política y gestión pública, las casualidades importan. Pueden ser casualidades reales, premeditadas o deliberadas. Carlos Ruiz Zafón escribía en La Sombra del Viento que nada sucede por casualidad, que todas las cosas tienen su plan secreto. El poeta colombiano Gonzalo Arango pensaba lo contrario. La vida es una sucesión de casualidades, y nada es verdad, decía. La cuestión es que las casualidades siempre tienen consecuencias cuando se producen.

Casualidad es, por ejemplo, que haya terminado como director general de la Agencia Valenciana Antifraude el que fue presidente de la patronal de los contratistas de obra pública en la Comunidad Valenciana (Fecoval). Eduardo Beut fue secretario general y gerente de Fecoval durante la etapa de Javier Luján (Construcciones Luján) en la presidencia de esta asociación empresarial, hasta que, en plena guerra con la Generalitat por los impagos acumulados por la quiebra de la crisis subprime, el constructor le cedió el cargo en 2011 para apartarse de la primera línea de fuego.

La relación entre Beut y Luján no tendría mayor trascendencia si el empresario no hubiese sido uno de los alcanzados por el caso Azud. La causa transversal de presunta corrupción salpica al entorno de confianza y al entonces PP de la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pero también destapó un rosario de supuestas corruptelas urbanísticas y sospechas de financiación irregular en las filas del PSPV-PSOE. Luján figuraba como supuesto pagador a cambio de contratos de obras, según relataba los informes de la UCO.

TE PUEDE INTERESAR

Malestar en entidades anticorrupción tras tumbar PP y Vox a su candidato en Antifraude Valencia

Víctor Romero. Valencia

Se da la circunstancia de que la jueza instructora de Azud, Pepa Tarodo, que trabaja codo con codo con la Fiscalía Anticorrupción, ha encargado a Antifraude nada menos que cuatro periciales sobre el caso, incluida las de operaciones urbanísticas impulsadas por Jaime Febrer, empresario clave del que surgió todo el asunto. Luego hablaremos de él.

Javier Luján quedó eximido el pasado mes de junio de la causa de Azud porque la Sala de la Audiencia Provincial atendió su recurso, basado principalmente en la prescripción de los hechos narrados por la acusación: la adjudicación de obras del trasvase Júcar-Vinalopó a cambio de cubrir gastos de campañas de la federación socialista valenciana en 2007. Pero ese vínculo ya estaba encima de la mesa cuando el nombre de Beut apareció en enero de este año como aspirante a dirigir la Agencia.

El director de Investigación destituido afirma que Beut se interesó especialmente por el caso Azud

¿Conflicto de interés? Piensen lo que quieran. La magistrada hizo el encargo antes del nombramiento del nuevo director de Antifraude. Pero la conexión Beut-Luján es uno de los cuatro asuntos "de gravedad" que estaba estudiando el Comité de Ética de Antifraude antes de ser disuelto la pasada semana de un plumazo por Beut con el argumento de que era un organismo innecesario porque iba a adherir a la Agencia a un supuesto código ético en fase de elaboración por parte de las Cortes Valencianas. Ese comité estaba compuesto por tres personas reconocidas por su compromiso contra la corrupción y la regeneración democrática: Manuel Villoria, María Luisa Cuerda y Antonio Penadés. Luego hemos sabido que el Parlamento no tiene previsto desarrollar ningún código ético, según publicó Valencia Plaza. ¿Mintió Beut para quitarse de encima a los tres expertos?

TE PUEDE INTERESAR

Un inspector de Hacienda con vínculos con Zaplana opta a dirigir Antifraude Valencia

Víctor Romero. Valencia

Pero como esta semana la cosa va de casualidades, no pierdan de vista la composición de la directiva de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP) de donde surgió en primera instancia la candidatura de Eduardo Beut. Presidida por una persona ligada al Partido Popular, Inmaculada Luz Collado, tiene como vicepresidente y vocal, respectivamente, a dos personas afiliadas a la Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV, con cuota propia en el PSPV-PSOE.

El sindicato ha librado una guerra sin cuartel contra el anterior director de Antifraude, Joan Llinares. Chocaron desde los primeros días, cuando los ugetistas cuestionaron su primer esbozo de estructura de personal, que llegaron a recurrir al contencioso-administrativo. Ese pulso con la poderosa FSP se ha mantenido hasta el último momento, con un procedimiento judicial por el expediente disciplinario abierto a una letrada de la AVAF, delegada sindical, por una supuesta ruptura de su deber de confidencialidad. Y aquí volvemos a Febrer: Manolo Mata, abogado del empresario clave de Azud, defendía también a esa trabajadora. Una de las primeras decisiones de Beut ha sido pactar con los sindicatos una subida salarial y no recurrir la nulidad dictada por los tribunales del cese de la empleada. ¿Casualidad?

Puede que todo sean casualidades. Pero hay quien ha identificado en Beut al aspirante de consenso oficioso entre el PP y una parte de la federación socialista valenciana, que nunca vio con buenos ojos a la Agencia, como tampoco a Llinares, a su equipo y a sus informes de fiscalización de la etapa de Ximo Puig al frente del Palau. La operación con la AEGAP fue fallida porque el letrado de las Cortes advirtió, con buen criterio, que no contaba con trayectoria en la lucha contra la corrupción que la legitimase para proponer candidatos.

Pese al golpe, el PP terminó por quitarse la careta y puso de nuevo el nombre de Beut encima de la mesa frente al de Gustavo Segura, mano derecha de Llinares (quien, por cierto, acaba de ser reconocido por la Fundación hay Derecho por su trayectoria en defensa del Estado de Derecho). Los socialistas votaron en contra, pero con la boca pequeña y el mismo perfil bajo que tuvieron durante todo el proceso. No ha sido hasta que el inspector de Hacienda fue elegido y ha comenzado a purgar el organismo fiscalizador que el PSPV, ahora controlado por la ministra Diana Morant, ha elevado el tono de crítica hacia su gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Antifraude cuestiona seis años de contratos menores en comidas de trabajo (186.000€) de la era Puig

Víctor Romero. Valencia

Beut ha llegado a Antifraude en el otoño de su vida profesional. En busca de un destino que quería a su medida. Arrancó a Carlos Mazón un cambio legal que le permite mantener la misma remuneración que en la Agencia Tributaria, algo más de 97.000 euros, por encima del salario del propio presidente de la Generalitat. Y, sin embargo, como jefe de equipo de inspección que era hasta el cambio de destino, no estaba en el grupo de los mejor retribuidos por razones de productividad. Su trabajo no gozaba de exceso de confianza de Manuel Cabrera, actual delegado especial en Valencia. Beut quería salir de allí y se movió para reubicarse en la AVAF.

Su modus operandi no está siendo muy distinto al que desplegó en la Agencia Tributaria cuando fue designado en 1999 delegado especial para la Comunidad Valenciana con José María Aznar de presidente del Gobierno y Eduardo Zaplana de jefe de la Generalitat. Quienes recuerdan aquella etapa cuentan que también entonces hubo muchos movimientos ordenados desde arriba en los equipos de inspección. Luego vinieron los cargos políticos: la corporación industrial de las cajas de ahorro, consejero delegado de Madrid Arte y Cultura con la popular Ana Botella, vicepresidente ejecutivo de Madrid Convention Bureau… Zaplana y, especialmente, su jefe de gabinete, Juan Francisco García, confeso en Erial y amigo de Beut (sus mujeres gestionaban conjuntamente una conocida librería en Valencia), siempre le ayudaron.

Además de haber fulminado a la guardia de corps de Llinares (la directora jurídica Teresa Clemente y el de Investigación, Gustavo Segura) con argumentos tan desconcertantes como que colaboraban demasiado con la Fiscalía Anticorrupción, ya han sido varios los funcionarios de la Agencia que han pegado el portazo porque no ven nada clara la nueva etapa, como publicó Eldiario.es.

Hay recursos de reposición

Segura y Clemente han presentado los correspondientes recursos de reposición. Su contenido refleja un Beut precondicionado en la toma de decisiones, que puso un agente de seguridad a la directora de servicios jurídicos el mismo día que le comunicó su cese para que “no destruyera nada”. A Segura y Clemente llega a acusarles de no disponer de capacidades organizativas y de acciones de desconsideración y falta de respeto hacia él que los dos cesados niegan rotundamente. Por cierto, que Segura relata en su recurso que el de Azud fue uno de los primeros expedientes por los que se interesó Beut. También preguntó que por qué se publican mensualmente las resoluciones de las investigaciones en la página web de la AVAF. O la trasparencia le molesta o prefiere no molestar (al poder).

Al final, a cualquier responsable público se le juzga por sus resultados. De Antifraude se esperan expedientes resueltos con independencia, valentía, discreción y rigor. De momento, el balance de Beut solo es de ruido y de recelo sobre su figura y sus verdaderas intenciones. Justo lo contrario de lo que necesita cualquier denunciante que quiera sentirse protegido a la hora comunicar a la Agencia Valenciana Antifraude alguna irregularidad en la Administración. Mal comienzo.

Bonus track: en Bruselas ya le han puesto la lupa. Casualidad.