El dilema de los robots como trabajadores ¿deberían pagar impuestos?

Todos somos conscientes de la importancia que pueden tener los robots, la inteligencia artificial, el big data y, en general, las nuevas tecnologías en la mejora de la productividad de las economías, pero también es cierto que no conocemos con detalle todo lo que los rodea. Si nos centramos en los robots, que ya están trabajando para nosotros desde hace muchos años, tanto en el sector público como privado, es interesante retomar el debate sobre si deben cotizar a la Seguridad Social o si deben pagar impuestos especiales.

Antes que nada, ¿qué se entiende por robot? Según la RAE es una “Máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones”. Una definición bastante similar a la que utiliza la Federación Internacional de Robótica (IFR): un mecanismo accionado y programado con un grado de autonomía para realizar locomoción, manipulación o posicionamiento. Es curioso que la IFR también indica lo que no es un robot, entre los que destacamos: software (“bots”, Inteligencia Artificial), drones controlados a distancia, asistentes de voz, coches autónomos, cajeros automáticos, lavadoras inteligentes, etc.

Además, la IFR distingue en su último informe (World Robotics 2023) entre dos tipos de robots: Industriales y de servicios, dando más información del primer grupo. En 2022 el número total de robots industriales en todo el mundo alcanza la cifra de 3.904.000 unidades. Desde 2012, con 1.235.000, se observa un crecimiento exponencial, que si siguiera al mismo ritmo llevaría a alcanzar los 10 millones de robots en 2030.

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Solo en 2022 se añadieron 553.000 nuevos robots, de los que solo el 15% corresponden a Europa y un 10% a América, siendo Asia junto con Oceanía (proporciona los datos conjuntos) el líder en este ranking por continentes, con un 73% del total. Por países, China ocupa el primer lugar con más de la mitad (52,5%) de nuevos robots en 2022, seguido de Japón con un 9,11%, mientras que España se encuentra en el puesto número 12 con el 0,69% del total de nuevas instalaciones.

Los resultados son bastante diferentes si comparamos el número de robots instalados en 2022 por millón de habitantes; ya que China baja hasta el sexto lugar, si bien los cuatro primeros lugares siguen ocupados por países asiáticos, con Singapur a la cabeza, con una ratio de 1.047 robots por cada millón de habitantes. España sube al puesto 11 con una ratio de 80 y Alemania es el país europeo mejor situado con 303, incluso por encima de Estados Unidos con 118.

Si realizamos el análisis por sectores industriales, el mayor número de nuevos robots industriales en 2022 corresponde al sector eléctrico-electrónico con un 28,4% y manteniendo este porcentaje en los últimos años; seguido del sector de automoción, que se sitúa en un 24,6% y con un fuerte crecimiento en los últimos años; mientras que a cierta distancia les siguen Metal-Maquinaria (12%), Productos químicos (4,3%) y Alimentación (2,7%). Hay que destacar que un 17% de las instalaciones corresponde a sectores no especificados y un 11% al grupo de “otros”.

Estas cifras revelan la importancia de los robots en los diferentes países y, por tanto, la necesidad de regular su utilización ¿Deberían los robots cotizar o pagar otros impuestos? Aunque no existe unanimidad, la mayor parte de los economistas piensan que los nuevos desarrollos tecnológicos no tienen por qué suponer una reducción de los puestos de trabajo, apoyándose, en parte, en lo que ha ocurrido en el pasado. También parece existir un consenso en que puede generar mejoras de la productividad y del bienestar de la sociedad, aunque, a cambio, parece existir un mayor riesgo de aumentar las desigualdades.

En un borrador previo a la aprobación de las Recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 parece que se hacía referencia a abrir la puerta a que los robots financiaran las pensiones, aunque al final desapareció el término robot y se sustituyó por una frase más ambigua, donde se habla de que “… el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”. En un sentido parecido se ha pronunciado alguna asociación de trabajadores e incluso el mismo Bill Gates. Algunos van incluso más lejos y hablan de que los robots deberían ser considerados como “personas robóticas”.

Sin embargo, el Parlamento Europeo argumentó que las cotizaciones o impuestos extraordinarios a cargo de los robots perjudican la innovación y rechazó hace unos años una propuesta para implantar un “impuesto robótico” destinado a financiar la reconversión de los trabajadores reemplazados por robots y para sostener los sistemas de la seguridad social. De hecho, los robots “ya pagan” el IVA como todos los bienes en el momento de la compra y en caso de que la empresa obtuviera unos beneficios extraordinarios, ya estaría gravado en el Impuesto de Sociedades.

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Además, con la globalización, la competencia de otros países que hayan puesto menos trabas a la revolución tecnológica ralentizaría el crecimiento de los países menos innovadores. Si la implantación de nuevos impuestos sobre los robots no parece tener mucho sentido por los efectos sobre un menor crecimiento de la economía, el pago de cotizaciones por los robots aún parece presentar más incongruencias.

Por un lado, por el mismo motivo que hemos comentado respecto a los impuestos y, por otro, por la propia naturaleza de las cotizaciones, ya que no se trata de un impuesto más, sino que son, en definitiva, un salario diferido a favor del cotizante para hacer frente a las distintas contingencias que forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social. Siguiendo este criterio y llevándolo al límite, si los robots cotizaran se podría afirmar que también deberían tener derecho a la jubilación, a la incapacidad y a otras prestaciones, lo cual suena bastante ridículo.

De hecho, algunos economistas aún se plantean si se debieran imponer impuestos a los robots, pero pocos hacen referencia al pago de cotizaciones. La solución, por lo tanto, no debe ir en el sentido de poner nuevos impuestos especiales a los robots, sino, más bien, por mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, potenciar la educación y también la formación continua, para lo cual habría que aumentar el apoyo del uso generalizado de las nuevas tecnologías, de tal forma que no se reduzca la competencia de los mercados para poder beneficiar a todos, aplicando medidas redistributivas que amortigüen los efectos negativos del cambio tecnológico.

* Enrique Devesa, investigador del Ivie y profesor de la Universidad de Valencia.