Guindos se acerca al empresariado catalán

Artur Mas ha pedido a Felipe VI que medie y ha insistido en que su Gobierno sigue adelante con la consulta del 9 de noviembre. El lunes Rajoy le contestó en Polonia que estaba dispuesto a hablar con Mas, pero sólo si retiraba “ese referéndum”. En caso contrario sería muy difícil.

Tras este nuevo enroque mutuo parece que el choque de trenes del ya próximo 9-N es casi inevitable y que el conflicto catalán va a dominar la política española. Es la etapa actual (¿final?) de un proceso que se empezó a gestar cuando el PP llevó a las calles españolas su rechazo al nuevo Estatuto catalán, recurrió luego ante el TC un texto que ya había sido votado en referéndum en Cataluña (y en el que los catalanes continuaban siendo España) y luego el Constitucional le dio parcialmente la razón.

Aquella sentencia fue vista en Cataluña como una afrenta grave al autogobierno por los moderados y como la consumación de la ruptura del pacto constitucional del 78 por los radicales. El president Montilla, un catalanista nacido en Córdoba, ya había advertido de la “desafección” y el enfrentamiento dio otro paso adelante cuando CDC se sumó a ERC –con menor intensidad– en proclamar que la vía estatutaria estaba muerta y que la única salida era la independencia.

Y ahí estamos. El PP por una parte y CDC y ERC por la otra circulan por vías paralelas que no parece que se puedan encontrar, y el conflicto permanente y la posibilidad del choque de trenes se van imponiendo. Tanto el Gobierno central como el catalán apuntan a un conflicto que nadie sabe cómo podrá resolverse y que genera alarma creciente. Así, el expresidente Felipe González confesó a los empresarios del fórum Puente Aéreo hace pocos días que, si las cosas no se enderezaban, todo podía acabar con la suspensión de la autonomía catalana, algo que significaría el fracaso de la Constitución del 78. Y todo lo contrario al horizonte de estabilidad que la recuperación económica precisa.

Por eso, la alarma crece y son cada vez más los sectores que trabajan para lograr un ‘arreglo’ sobre la consulta (lo urgente a corto) y un pacto respecto al fondo del contencioso. Primero fue el PSC con Pere Navarro, que levantó la bandera de la solución federal mientras Duran i Lleida (el dirigente democristiano catalán cuyo partido UDC está en coalición con CDC desde 1980) proponía una tercera vía.

Más tarde fue el primer partido de la oposición, el PSOE, que bajo la dirección de Pérez Rubalcaba hizo suya la bandera de la reforma federal de la Constitución y trabajó el asunto tanto con Duran i Lleida como con Mariano Rajoy y Artur Mas. Se avanzó poco. Mas exigía que la consulta fuera previa a todo y Rajoy objetaba que de nada serviría una reforma constitucional pactada por el PP y el PSOE si luego el primer partido catalán se quedaba al margen. En la duda, Rajoy prefería no abrir el melón.

El presidente del Foment, Gay de Montellá, aboga por reconocer a Cataluña como nación, el pacto fiscal y el blindaje de las competencias catalanas en lengua y cultura. El mundo económico teme el desorden institucional tras un posible choque de trenes

Pero hay conflictos que el paso del tiempo no ayuda a mejorar, sino que agrava. Es lo que pasa ahora. La no celebración de la consulta del 9 de noviembre (es impensable que Madrid la autorice tras la sentencia del Constitucional y el voto contrario por amplia mayoría del Congreso) hace casi inevitable el choque de trenes. Y la inminencia de un conflicto institucionalizado entre Madrid y Barcelona ha activado las alarmas del mundo empresarial catalán. Desde hace meses la mayoría de los empresarios catalanes vienen diciendo a Mas que la independencia sería un mal negocio para Catalunya, pero ahora empiezan también a advertir a Rajoy (con impaciencia) que el choque de trenes sería una barbaridad de la que nadie saldría beneficiado.

Es posible que Artur Mas y CDC fueran la primera víctima, pero qué ganaría con ello España si como consecuencia ERC se convirtiera en el primer partido catalán y el parlamento resultante fuera más independentista, más radical y pudiera caer en la ingobernabilidad (es lo que resulta de una interesante encuesta que publica El Periódico de Catalunya y en la que CiU pierde unos veinte diputados)

Es por ello que los empresarios catalanes, que durante años no han intervenido directamente en política y han dividido sus  simpatías (y apoyos) entre el PP y CiU procurando al mismo tiempo mantener una relación correcta con el PSC (Pasqual Maragall y José Montilla), están pasando de la preocupada reserva a la alarma pública. El Cercle d´Economia (entidad muy plural que agrupa a empresarios y profesionales) dejó claro en la última semana de mayo (en las jornadas de Sitges) que estaba crecientemente alarmado por la falta de diálogo entre Artur Mas y Mariano Rajoy.

El presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, el primer banquero no sólo catalán sino también español si tenemos en cuenta que el mayor volumen de activos del Santander y el BBVA se debe a su actividad fuera de España, volvió a repetir en el auditorio de RBA la semana pasada que el conflicto sólo tenía una solución, un gran acuerdo, y que esperaba que Felipe VI ayudara.

Hasta aquí hay muchas buenas intenciones y generalidades, pero poca concreción. El partido de la distensión y de la paz es quizás tan amplio y más poderoso que el del conflicto (Rajoy y el PP junto a Mas y Junqueras) pero es mucho más inconexo y desorganizado. Un independentista los ridiculiza calificándolos de “ejército de Pancho Villa”. La semana pasada en Oviedo, el presidente de la patronal catalana, Joaquim Gay de Montellà, un hombre prudente y que se entrevistó con el rey Juan Carlos justo después de la abdicación, lanzó desde Oviedo unos puntos cortos pero claros: reconocimiento de Cataluña como nación, pacto fiscal, blindaje de las competencias catalanas en educación, lengua y cultura... y referéndum.

Es un programa más radical de lo que hace poco se podía esperar del Foment y que se debe a que los empresarios (no sólo los catalanes) están muy inquietos por el desorden institucional que acompañaría al choque de trenes y a una hipotética declaración unilateral de independencia del parlamento catalán. Y Gay de Montellà, además de ser presidente del Foment tiene una seria conexión con Joan Rosell (el presidente de la CEOE y su antecesor en Foment) y lazos de relación con Isidre Fainé, que (junto a Emilio Botín y César Alierta) es uno de los propulsores del Consejo de la Competitividad que se esfuerza en vender en las capitales mundiales una imagen de España como país moderno, estable y competitivo.

Distintos políticos, financieros e incluso el ministro De Guindos abogan por un ‘arreglo constitucional’ que evite el choque del 9-N. Según una reciente encuesta, el 61,5% de los españoles está satisfecho con Felipe VI pero el 59% (el 78% de los catalanes) creen que es necesario hacer ‘’algún gesto hacia Cataluña’’

Y es que el mundo económico (con toda su complejidad) ha decidido tomar posición a favor del partido de la distensión y de la paz. Pero no abriendo hostilidades contra Rajoy y Artur Mas (aunque la irritación con éste es grande) sino con una obstinada persuasión (y presión) sobre ambos.

En este contexto tiene sentido la aproximación de Luis de Guindos al problema. El ministro de Economía está lejos de ser un peso pesado en el PP, pero es el ministro que más pisa Europa, Rajoy le escucha con atención (es algo) y ha mostrado siempre gran interés por Cataluña. Ha estado en los últimos encuentros de Sitges, y además es un asiduo que no falla –desde que era secretario de Estado con Rodrigo Rato– en las jornadas que la empresaria y exdiputada socialista Anna Balletbó organiza cada año en S´Agaró. Guindos teme que el choque de trenes del 9-N perjudique el horizonte de estabilidad política y complique todavía más la búsqueda posterior de una solución racional.

Por eso cree que es preciso un arreglo que ‘desactive’ la bomba del 9-N. Cree que Rajoy ya ha puesto las cosas en su sitio con el rechazo parlamentario, por amplia mayoría y con el respaldo del PSOE, a la transferencia de competencias a la Generalitat para la celebración del referéndum. Pero el Gobierno español podría permitir una consulta sin trascendencia jurídica realizada de acuerdo con la ley catalana, lo que ahora dice buscar Artur Mas.  Pero para que el Gobierno español pudiera ‘tolerar’ la consulta se deberían dar –según el ministro ha comentado a financieros catalanes– dos condiciones.

La primera, que la ley de consultas fuera constitucional. Eso es factible porque para tener legitimidad, Artur Mas tiene el máximo interés en que sea poco recurrible y en que el PSC la pueda votar (Iceta ya ha dicho que está dispuesto). La segunda es más compleja. Preguntar sobre la independencia afecta directamente a la Constitución pero se podría llegar a una fórmula del tipo: “Aprueba usted que el gobierno de la Generalitat inicie negociaciones con el de España para que Cataluña sea un Estado”. La pregunta debería limitarse a “un Estado”, que puede ser tanto un estado federado como Baviera en Alemania o Texas en Estados Unidos (que se define como Estado libre).

Luego la negociación sería laboriosa y habría que concretar pero se habría evitado el choque de trenes y se podría discutir sin que las soluciones elementalistas y las presiones nacionalistas (catalanas y españolas) tuvieran el mismo peso.

¿Qué posibilidades hay de un arreglo de este tipo antes del 9-N? No demasiadas porque las posiciones del PP y de CDC-ERC están muy fijas y polarizadas, pero el partido de la distensión va ganando adeptos: PSC, Duran y Unió, PSOE (veremos sin Rubalcaba después del Congreso), empresariado catalán, mundo económico español… ¿Guindos?

Algunos creen que IU e ICV también están interesadas, ya que los ecosocialistas catalanes son intransigentes en la exigencia de la consulta como derecho democrático (IU apoya con alguna reserva) pero no están de acuerdo en la estación final. Un dirigente de ICV hace el siguiente recuento: a la doble pregunta catalana actual, un 40% de su electorado votaría sí-sí (al Estado y al Estado independiente), pero un 30% votaría sí-no y otro 30% no-no.

Pero lo que es más decisivo es que el deseo de evitar el choque de trenes no se limita al mundo de la política o la economía sino que va ganando de forma creciente la batalla de la opinión pública catalana y española. Así, la última encuesta de La Vanguardia, publicada el pasado domingo, revela que el 61,5% de los españoles cree positivo el ascenso al trono de Felipe VI pero el 59,1% (el 78,1% de los encuestados catalanes) cree también que antes del 9-N el Gobierno español debería hacer “algún tipo de gesto hacia Cataluña”.