Rajoy y 'The New York Times'

El independentismo está perdiendo la batalla intelectual, pero sigue vive la de los sentimientos

Foto: Foto: Reuters.
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Desde el 5 y 6 de septiembre en que el Parlamento catalán aprobó la ley de referéndumanulada este martes definitivamente por el Tribunal Constitucional— y la de transición jurídica (de desconexión con España), el choque de trenes entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid se mutó en un choque de legalidades. Y como en un país no pueden coexistir dos legalidades enfrentadas, forzosamente una se tenía que imponer a la otra.

El independentismo catalán intentó imponer la suya el martes de la semana pasada cuando el 'president' Puigdemont acudió al Parlament a proclamar —la expectación de la prensa nacional e internacional era enorme— la independencia de Cataluña. Pero al final no se atrevió. Solo lo hizo a medias. Tras oficializar con gran solemnidad los resultados del referéndum del pasado 1 de octubre, que con un 43% de participación (según la Generalitat) había dado una gran victoria al sí, afirmó que Cataluña se había ganado el derecho a la independencia pero, un segundo después, decretó su suspensión temporal en aras de un diálogo con el Gobierno de España y de una mediación. Como le dijo el líder del PSC, Miquel Iceta, usted ha suspendido la independencia sin haberla antes proclamado. Era una situación compleja, difícil de entender, aunque muchos independentistas —concentrados cerca del Parlament y que seguían la sesión por pantallas gigantes de televisión— lo entendieron de inmediato y desfondados se fueron esfumando.

Mas tarde —para paliar el 'coitus interruptus'— todos los diputados independentistas —la CUP no escondía su malhumor— firmaron una declaración de independencia sin ningún valor jurídico.

Puigdemont no se atreve a declarar la independencia pero tampoco se decide a dar marcha atrás

Aquella misma noche, Rajoy pactó con Pedro Sánchez y Rivera una reacción prudente. Se pediría a Puigdemont que aclarara si había habido declaración. En caso afirmativo, se aplicaría (ya se vería cómo) el artículo 155 de la Constitución. En el otro, se abría un camino para el diálogo y la negociación. Pero Puigdemont respondió a la requisitoria el lunes —final del primer plazo— sin contestar y proponiendo abrir un periodo de negociación de dos meses. Y todo parece indicar que tampoco habrá respuesta mañana y que al Gobierno de España no le quedará otro remedio que —con el apoyo de las tres cuartas partes del Congreso, como se vio en la sesión de la semana pasada— aplicar el artículo 155.

Desde el 5 de septiembre, Rajoy —excepto el 1 de octubre con los excesos policiales, que no es poco— ha actuado con cierta prudencia. Y quizá no solo porque necesita el apoyo del PSOE sino porque sabe que el 155 es un camino desconocido y por tanto peligroso. Tras la requisitoria, el independentismo, prisionero de los errores del 5 y 6 de septiembre, se ha quedado semiparalizado. Incapaz de tirar hacia adelante y hacer la famosa DUI, pero también de dar marcha atrás.

Pero ha sufrido dos fuertes golpes en la cabeza. El primero, la gran manifestación del domingo 8, en la que los ciudadanos que se sienten catalanes y españoles ocuparon la calle por primera vez. El antiseparatismo también existe y está en fase de movilización. El segundo es el traslado de la sede social fuera de Cataluña por parte de los dos bancos catalanes (CaixaBank y el Banco Sabadell) que no pueden ni por un minuto ni parecer que se quedan fuera del paraguas protector del BCE. Y el movimiento ha sido seguido por más de 700 empresas (grandes como Gas Natural, Planeta o Catalana Occidente, pero también medianas). Es una desautorización total a uno de los caballos de batalla de Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont: que la independencia haría a Cataluña mas próspera (al acabar con el déficit fiscal con España), mientras que las empresas y bancos no osarían indisponerse con una economía como la catalana (que representa el 20% del Pib español) y es sede de muchas multinacionales.

En este contexto, Europa no tendría otro remedio que convencer a España de aceptar la independencia de Cataluña y de permitir su ingreso rápido —casi instantáneo— en la UE. Es algo que ha quedado también totalmente desmentido estos días, ya que los gobernantes y organismos europeos —que no vacilaron en expresar malestar por la actuación policial del 1 de octubre— tampoco han dudado en manifestar que estamos ante un asunto interno de España que debe resolverse mediante el diálogo, pero dentro de la Constitución. El más claro ha sido el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que declaró la semana pasada que era contrario a la independencia de Cataluña porque sería abrir un melón que podía tener imitadores y desestabilizar la UE. Una Europa de 28 o 27 países (sin Reino Unido) ya es difícil de gestionar, pero con 98 sería imposible.

El cambio de domicilio social fuera de Cataluña de más de 700 empresas ha sido quizá la principal derrota del independentismo

El independentismo atraviesa pues un momento difícil. Intelectualmente, es una tesis derrotada, y lo que el catalanismo debería hacer es seguir un modelo similar al vasco —a lo que España será bastante reticente— e intentar volver a lo que fue: una fuerza de equilibrio en la política española ayudando a la gobernación de Felipe González —cuando se quedó sin mayoría y Aznar solo pensaba en aniquilarle—, al propio Aznar cuando ganó sin mayoría en 1996 y a Zapatero, cuando al abstenerse dio vía libre al programa de austeridad y recortes, que evitó el rescate de España, y que Rajoy —necesitado de llegar al poder a la tercera para que sus enemigos internos no le echaran— quiso derrotar.

Pero la reconciliación del catalanismo con España —que en el socialismo de Pedro Sánchez y Miquel Iceta se ha logrado— no será nada fácil. Por parte del catalanismo convertido en separatismo —y no únicamente por parte de sus dirigentes— hay una gran desconfianza. Nunca ha sido fácil —Ortega y Gasset hablaba de conllevancia—, y desde el Estatut de 2006 la desafección se ha multiplicado como los panes y los peces.

Por parte del Gobierno de España —y en especial (aunque no solo) de la derecha, salvo contadas excepciones como Miguel Herrero y Antonio Garrigues Walker—, deberá entender que Cataluña es y puede seguir siendo España, pero que no es lo mismo que Andalucía o Castilla. No es solo una cuestión de historia o de lengua sino también de política. Hasta hace poco, un pacto PP-PSOE en Madrid hubiera podido hacer en esas comunidades lo que quisiera. Nunca pasó eso ni en Cataluña ni en Euskadi, pese a la gran fuerza que tuvo el PSC durante muchos años. Matemáticamente no era posible. Y hoy lo es menos.

Ahora, intelectualmente, el independentismo está zarandeado o derrotado, pero sentimentalmente sigue muy vivo. Y además está dolido. El lunes en el Círculo de Economía de Barcelona se presentaba el libro 'The Struggle for Catalonia', que ha escrito el corresponsal del 'The New York Times' en Madrid, Raphael Minder. Minder, que es suizo, lleva siete años en España y antes trabajó para el 'Financial Times' en París, Bruselas, Sídney y Hong Kong, y tiene una visión cosmopolita e informada pero desacomplejada de la realidad española. Y dijo dos cosas elementales que el Gobierno del PP todavía no ha entendido. Una, que si se quiere que Cataluña sea España, no se puede no entenderla y cuidarla. Por la mañana, ante la ola de incendios de Galicia, Rajoy no había dudado un minuto en coger un avión y viajar allí para estar sobre el terreno. En cambio, en Cataluña en las últimas semanas hay un problema político de primera magnitud y Rajoy no se ha presentado para encararlo.

Creo que Minder acierta. Si Rajoy no duda en coger el avión a Galicia para hacer frente con normalidad a una crisis, pero no lo hace (por pereza, por sentirse extraño o por otras causas —miedo—) en Cataluña, no se puede extrañar de que la valoración de su Gobierno sea baja. Bastante más que la del de Puigdemont.

Y Minder añadió que la política son también explicaciones y sentimientos. Las leyes existen y hay que aplicarlas, pero también justificarlas. No se ganan voluntades hablando solo de leyes. En el público, un independentista histórico (fundador en los cincuenta del grupo Cristo y Cataluña, en el que también militó el entonces joven Jordi Pujol) propuso —supongo que en broma— que la Generalitat contratara a Minder de asesor. Pensé que algún ministro de Madrid debería escucharle.

La prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart permite al separatismo volver a enarbolar la bandera de la protesta y el victimismo

Y después está la oportunidad. Cuando hay una batalla decisiva en Barcelona, es poco útil estar pensando en ganar en el Bernabéu, o en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, o en el José Zorrilla de Valladolid. Lo que hay que hacer es no dejarse golear en el Nou Camp. Lo digo por la prisión provisional sin fianza decretada por la jueza de la Audiencia Nacional contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la ANC y de Òmnium, y dos líderes del movimiento independentista, de las organizaciones que desde 2012 montan cada año el 11 de septiembre.

No tengo espacio -el lector, incluso el más favorable, me abandonaría— para tratar el fondo del asunto. Pero sí para lanzar tres ideas. La primera es que los jueces son independientes pero los fiscales no. Y que el fiscal Maza, el que dijo en una radio, como si estuviera en el Café Gijón, que los catalanes están “abducidos” —aparte de haber sido reprobado por el Parlamento español—, no ha mostrado perspicacia en Cataluña (amenazó a 712 alcaldes, lo que ya no es sensato, y cosechó los resultados que cosechó). La segunda es que es discutible la competencia de la Audiencia Nacional. De un posible delito cometido en Barcelona, lo lógico es que entiendan los juzgados de Barcelona.

La tercera, ayer me insistía un apreciado amigo, es que no se puede hacer la vista gorda sobre un posible delito consistente en impedir durante varias horas —con una gran concentración de manifestantes— la salida de la Conselleria de Economía de una secretaria judicial y de la Guardia Civil enviada por el juez. Pero los delitos —y su autoría— se tienen que demostrar en un juicio con todas las garantías. La prisión provisional debe ser algo bastante excepcional. Una persona no condenada, solo imputada, no debería entrar en prisión.

Y luego siempre está la prudencia. Un amigo me dice que un extremista que quemó un coche de la policía ha sido condenado en París a cinco años de cárcel. Pero está condenado, no imputado. Y un extremista no representa lo mismo que los líderes de dos organizaciones independentistas que convocan cada 11 de septiembre a casi un millón de manifestantes.

En el momento en que el independentismo tenía más difícil salir de la trampa en el que se ha metido por voluntad propia, enviar a Soto del Real a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart le permite volver a enarbolar la bandera del victimismo y de la protesta. Anteayer regresaron las caceroladas a Barcelona y ayer una manifestación de protesta de 200.000 personas (según la Guardia Urbana, y en este momento no tengo otros datos) ocupó la Diagonal. ¿Ha sido una decisión justa y equilibrada? Y quizás más importante, ¿ha sido inteligente?

En el fondo, España debe decidir si está dispuesta a convivir con una Cataluña en la que, por los motivos que sean, en este momento casi un 50% de sus ciudadanos no quieren ser españoles. ¿Y si es capaz de reconducir la situación? 'That is the question'.

Confidencias Catalanas

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