La pugna de los lazos amarillos

La nueva fiscal general del Estado ha declarado que no ve delito en colocar lazos amarillos, tampoco en retirarlos. Y Grande Marlaska ha contestado a Quim Torra que la queja sobre la posible participación de algún miembro de los cuerpos de seguridad en los grupos que retiran dichos lazos puede ser discutida en una próxima reunión de la Junta de Seguridad.

Son declaraciones de sentido común, en la línea de desinflamar el conflicto, pero que chocan con el hecho de que la guerra de los lazos (incruenta hasta ahora) no es solo un conflicto político, sino un enfrentamiento emocional con componentes identitarios. Y las emociones son difíciles de desarmar acudiendo solo a la razón. Lo que no está claro es si la guerra de los lazos tendrá suficiente entidad para frenar -o incluso vencer- a la desinflamación, ni tampoco quien saldrá beneficiado si es que finalmente hay alguno. Porque podría pasar que todos -los separatistas, los antiindependentistas y los que buscan la desinflamación y alguna especie de tercera vía- salieran perjudicados.

Una protesta amparada por la libertad de expresión que es discutible cuando invade masivamente el espacio público

El independentismo encontró en los lazos amarillos una vía de protesta pacífica y con vocación de permanencia con la que seguir movilizando a sus militantes, que se sentían decepcionados por el fracaso del 27, reacios emocionalmente a admitir el gatillazo e irritados por la prisión incondicional sin fianza y la amenaza de largas penas de prisión por una condena por rebelión de unos políticos que habían violado las leyes y el pacto constitucional y estatutario pero que no habían recurrido a la violencia.

Los lazos amarillos eran tanto una movilización popular por la independencia como contra la actuación del Estado y la justicia española que -en una democracia- se amparan en la libertad de expresión. En el ámbito privado, un derecho indiscutible ¿No debían exhibirse en los balcones o fachadas de ayuntamientos y corporaciones públicas si existía una mayoría que así lo quería? Es opinable. Muchos ayuntamientos exhibieron pancartas contra el terrorismo etarra o islamista, a favor de los inmigrantes, contra la violencia de género, contra la guerra de Iraq sin que se generara indignación.

Es cierto que no es lo mismo porque la independencia tiene el apoyo del 47% de la sociedad catalana y el escepticismo o el rechazo del resto. Por eso el separatismo debería irse con tiento en el uso de su libertad de expresión. Y no ha sido así cuando ha practicado una descarada invasión de espacios públicos de naturaleza no política como las playas. ¿Una playa plagada de parasoles amarillos es libertad de expresión, o un intento de monopolizar el espacio público y de marginación social de los bañistas que no comparten esas ideas? ¿No es un intento de culpabilizar a los no independentistas acusándoles de ser algo extraño a Cataluña?

Todo puede complicarse en el primer aniversario de la DUI del 27-O y con el juicio contralos líderes independentistas

Pero el pecado de la invasión del dominio público comporta su penitencia. El independentismo vive en un mundo imaginario que niega, o quiere ignorar, que Cs fue el primer partido en las últimas elecciones catalanas. Y la parte más sensibilizada del antiindependentismo se ha sentido agredida y ha intentado retirar lazos amarillos de la vía pública. En la medida en que los lazos son una ocupación no legalizada del espacio público, han actuado -si no han recurrido a la violencia o a la coacción- también amparados en su libertad de expresión. Y es alarmante el intento de la Generalitat -a través de los Mossos- de identificar -y no digamos ya de multar o castigar de alguna forma- a estos ciudadanos que tienen los mismos derechos que los no independentistas, aunque unos acostumbran a tener más apellidos catalanes que los otros.

Hasta aquí la guerra de los lazos ha mostrado la creciente división de la sociedad catalana y evidentemente no ayuda a la política de desinflamación del gobierno de Sánchez. Y por otra parte provoca a gran parte de la sociedad española que rechaza la separación y se puede sentir -jaleada por alguna prensa y algunos políticos- molesta con el actual Gobierno al que se acusa de contemporizar. Así, la espiral de la guerra de los lazos puede neutralizar, tanto en Cataluña como en el resto de España, la política de desinflamación.

Pero el asunto se puede complicar las próximas semanas cuando el independentismo intente elevar el grado de movilización el 11 de septiembre y en el aniversario del 1 de octubre (referéndum reprimido), del 27 de octubre (DUI fallida), y sobre todo durante el juicio de los políticos presos o los presos políticos (según el color del cristal con que se mire) a partir presumiblemente de finales de octubre.

Y los dirigentes independentistas abordan estas fechas con una doble convicción. La primera es que, como demuestra Torra cada día, el radicalismo verbal no moviliza pero no tiene costes si no es seguido de actos rupturistas y no encuentra delante un gobierno de Madrid que conteste con el ojo por ojo (verbal) y el diente por diente (también verbal). Pero también cree que el deseo independentista alto y permanente (47% de los votos desde el 2012) más la indignación por los juicios, podría hacerle aumentar su mayoría en unas elecciones anticipadas (es la apuesta de Puigdemont y Torra pero no parece ser la de ERC) para volver a otra intentona de DUI. O para forzar una negociación con el Estado con más fuerza moral y menos hostilidad de Europa.

La citación belga a Llarena alienta al independentismo, irrita a la derecha judicial y dificulta mucho la desinflamación

Y el independentismo parte con moral alta porque es cierto que la justicia alemana y la belga no han reaccionado a las acusaciones españolas contra Puigdemont y los otros exilados con la contundencia que el Supremo -y buena parte de la prensa española- preveían y deseaban.

Por eso Torra -exagerando y recogiendo solo una parte de la verdad- afirma que el independentismo no tiene porque pedir perdón, sino que debe atacar al Estado porque si la justicia europea juzga de una forma y la española de otra… ya está claro quién tiene la razón.

Y ante el 47% de Cataluña -que no son extraterrestres sectarios como algunos discursos pintan sino ciudadanos corrientes y molientes- Torra tiene razón. El tribunal regional alemán no entregó a Puigdemont como pretendía Llarena y el propio Llarena está ahora citado por la justicia belga por unas declaraciones por las que Puigdemont pide, hábilmente, que sea condenado a indemnizarle con solo un euro.

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Y la política desinflamatoria del gobierno Sánchez puede encontrar en este caso -la defensa de Llarena ante la justicia belga- un embrollo y una trampa difíciles de resolver porque gran parte del mundo judicial (y de la Fiscalía) está irritado con la justicia belga y alemana y en todo caso es más cercano a las posiciones del PP que del PSOE. El propio Torres Dulce, primer fiscal general de Rajoy, alienta, contra su voluntad, la crítica al Supremo cuando dice en un reciente artículo en 'El País' que las órdenes europeas de detención se basan en la confianza en la justicia de los otros países firmantes. Luego, si no se aprobó la entrega de Puigdemont… es que no hay confianza suficiente en la justicia española.

Es evidente que algo ha fallado en el Supremo (¿la precipitación?) y que si el Gobierno no defiende a Llarena en Bélgica, la irritación de la derecha judicial subirá y será aprovechada por Pablo Casado y Albert Rivera. Malo para la desinflamación.

Si la desinflamación fracasa, quizá nadie gane y la situación empeore para el separatismo y para el constitucionalismo

Pero el gran peligro del independentismo es que, si sube la agitación independentista en el transcurso del juicio en el Supremo, lo más probable es que -como ya ocurrió en el 2017- la excitación anti-independentista también crezca en el interior de Cataluña. Quizás el independentismo pueda lograr otra victoria electoral raspada como el 21-O -o incrementarla o incluso perder- pero lo que es seguro es que volverá a quedar en evidencia que Cataluña es una sociedad que, ante la independencia, se parte en dos mitades cada vez más enfrentadas. Y una Cataluña con otra victoria separatista del 47%, o incluso del 52%, no tendrá fuerza (tampoco legitimidad) para violentando las normas constitucionales ser aceptada por España y reconocida por Europa.

Si la desinflamación -pese a sus éxitos iniciales- acaba naufragando, en parte por el incremento de la guerra de los lazos amarillos y el rechazo de parte de la sociedad española, volveremos a la situación del 21-D. El independentismo puede ganar, pero no imponerse, y España puede seguir -no colapsada, pero si tocada- por un conflicto que afecta a un territorio con historia, cultura y lengua propia (una nación o una nacionalidad, como quieran) que reúne al 16% de la población y representa el 19% del PIB y el 25% de la exportación.

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Si la guerra de los lazos derrota a la desinflamación -que no es imposible-, Pedro Sánchez y Miquel Iceta habrán perdido, pero ¿quién será el ganador?, ¿los hijos de Aznar, divididos en pablistas y albertistas, o los de Puigdemont, sumidos en la excitación nacionalista?

O ninguno de los dos. No se debe olvidar que el propio Puigdemont en unas recientes declaraciones al alemán 'Der Spiegel' (que ha publicado una larga entrevista sin concesiones) se ve obligado a concluir que “el nacionalismo es un peligro para Europa”. En este punto, Puigdemont sí que tiene razón.