¿Un caso Dreyfus español?

La acusación de rebelión contra Junqueras y otros agrava la tensión con Cataluña y puede dividir más a España entre derecha e izquierda

Foto: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra (d), y el del Parlament, Roger Torrent (i), durante la declaración institucional realizada el viernes. (EFE)
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra (d), y el del Parlament, Roger Torrent (i), durante la declaración institucional realizada el viernes. (EFE)

Con el caso de los nueve políticos catalanes acusados de rebelión (hasta 25 años de prisión) y de sedición por la Abogacía del Estado (hasta doce años), el Tribunal Supremo se enfrenta al juicio más controvertido y peligroso que ha vivido la democracia española.

Tendrá más trascendencia y dividirá mucho más a la sociedad española que el del 23-F contra los generales Milans del Bosch y Armada y el coronel Tejero. Aquello fue más aparatoso y más grave porque se secuestró durante varias horas, por la fuerza y con armas que se llegaron a disparar, al Gobierno de la nación y a todo el Congreso de los Diputados, pero la división social que produjo el juicio fue pequeña porque los golpistas (se les puede aplicar el término porque fueron condenados) tenían un ínfimo apoyo social. Quedó demostrado en la gran manifestación contra la intentona en la que estuvieron presentes todos los partidos políticos, desde la AP de Fraga hasta el PCE de Carrillo. Y quizás la monarquía y el rey Juan Carlos no han estado nunca tan próximos a la ciudadanía como en aquel momento. Se puede sostener que —en cierta forma— el fracaso del golpe de Tejero —retransmitido en directo por TVE— estabilizó la monarquía constitucional y democrática.

En el caso actual, en el que también se piden penas muy graves, que llegan hasta siete años —y en esto la Fiscalía y la Abogacía del Estado exigen lo mismo— para otros políticos, la fractura será mayor. Y hay detalles sorprendentes como que la Fiscalía y la Abogacía del Estado (ambas) pidan nada menos que siete años para el 'conseller' Santi Vila, que tras intentar evitar la DIU dimitió sonada y públicamente para expresar su desacuerdo y que en las redes sociales es una de las bestias negras del independentismo.

En setiembre y octubre del 2017 las autoridades catalanas no solo cometieron enormes errores políticos, sino también delitos que acabaron con una declaración unilateral de independencia (DUI) que violaba la Constitución y el propio Estatut de Cataluña que exige para cualquier modificación una inexistente mayoría de dos tercios. Fueron hechos graves —incluida la reiterada desobediencia al Tribunal Constitucional— que no pueden quedar impunes porque la primera norma de la democracia es el respeto al estado de Derecho. Sin acatamiento de las leyes —que se pueden cambiar siguiendo las normas de la Constitución del 78 que en Cataluña tuvo más aprobación que en el resto de España— no hay democracia.

Acusar del mismo delito al Coronel Tejero y al General Armada que a Jordi Sánchez y Junqueras es no valorar la diferente gravedad de los hechos

Pero una cosa es no dejar impunes los posibles delitos y otra agravarlos por rechazo ideológico y político en el que —a ojos de muchos ciudadanos— han incurrido tanto el juez instructor como los fiscales del Supremo. Además, acusar de rebelión traza de alguna forma una equivalencia entre Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, por poner dos ejemplos, y Tejero y Milans del Bosch. Junqueras es responsable de haber proclamado una independencia que violaba la Constitución, pero no intentó consumar nada ya que ni se arrió por un momento la bandera española del Palau de la Generalitat y a las pocas horas —como todos los hoy encausados— se entregó a la Justicia. Jordi Sànchez convocó una manifestación, que fue tumultuaria y que alteró el orden público durante casi doce horas, pero que luego se disolvió. Mas desórdenes públicos que rebelión. Por el contrario, Tejero secuestró al Gobierno y al Congreso de los Diputados y Milans del Bosch sacó las tropas a ocupar las calles de Valencia.

Aspecto de uno de los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O en la sede de la Consellería de Economía. (EFE)
Aspecto de uno de los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O en la sede de la Consellería de Economía. (EFE)

Calificar con el mismo delito los dos comportamientos es bastante incomprensible. Y todavía mas calificar a los acusados de golpistas (hasta la sentencia son inocentes) como hace no un ciudadano cualquiera, sino el líder del primer partido español que aspira legítimamente a presidir el Gobierno. Además, Junqueras y los otros 'consellers' eran cargos públicos elegidos democráticamente por el Parlamento de Cataluña y dirigentes de unos partidos que en las elecciones del 21-D, convocadas por Rajoy al amparo del 155, revalidaron la mayoría absoluta y el apoyo del 47% de los catalanes.

Sin ánimo de exagerar es posible que la fractura social que va a provocar la petición fiscal de unas penas máximas y desproporcionadas para los presos catalanes, más las repetidas declaraciones de algunos dirigentes políticos, acaben produciendo una fractura de la sociedad española equiparable a la del famoso caso Dreyfus que dominó la vida francesa de 1894 al 1906. Entonces un militar francés de origen judío, Alfred Dreyfus, fue condenado a cadena perpetua acusado, con pruebas insuficientes, por haber espiado a favor del imperio alemán, delito de alta traición. Y hasta la revisión del juicio, en el que se demostró que el capitán Dreyfus era inocente, el caso puso en jaque a las instituciones y al ejército francés y dividió a la sociedad entre 'dreyfusards', los que defendían la inocencia del capitán, y los 'antidreyfusards', los que sostenían al tribunal militar que lo había condenado y a los políticos que avalaron la sentencia. El famoso "J'accuse" de Emile Zola fue una de las grandes piezas periodísticas de aquel conflicto.

El 80% de catalanes cree que los presos deberían esperar el juicio en libertad y el 64% que el Gobierno debería incitar a la Fiscalía a suavizar las penas

En España la fractura ya ha empezado, con el agravante de que si en Francia la división fue básicamente entre izquierdas y derechas, aquí se puede agravar el foso no solo con la media Cataluña que desde el 2012 aspira a un Estado propio. Los catalanes que creen que la instrucción y las acusaciones son excesivas sobrepasan las fronteras del separatismo. Hace poco señalaba una encuesta de 'La Razón', diario nada sospechoso de nacionalismo catalán, que el 48% de los catalanes (contra el 35%) no creía que hubiera habido delito de rebelión y que el 56% pedía que los acusados salieran de la cárcel.

Esta semana 'El Periódico de Cataluña', en una encuesta que comenté el jueves, también abordaba el asunto con resultados parecidos. El 51% de los catalanes (contra el 44%) considera que las acciones por las que los presos son acusados no fueron nada graves (30%) o poco graves (20%). Mas revelador, el 82% (cifra casi búlgara y que dobla el porcentaje de soberanistas) creía razonable que los acusados estuvieran en libertad hasta la celebración del juicio. Estaban pues en claro desacuerdo con la larga prisión provisional incondicional y sin fianza impuesta por el instructor. Y un 64% sostenía que el Gobierno español debería intervenir y pedir a la Fiscalía que suavizara la petición de penas. El 82% o el 64% de catalanes no puede dictar las decisiones del Supremo —evidente—, pero no es menos cierto que es un dato a no desconocer. A no ser que se quiera fomentar la desafección creciente de Cataluña sobre la que ya alertó el 'president' Montilla —sin éxito alguno— antes del 2010.

Pedro Sánchez y Quim Torra durante su reunión mantenida en la Moncloa
Pedro Sánchez y Quim Torra durante su reunión mantenida en la Moncloa

¿Cómo juzgar pues la actitud de Pablo Casado que quiere presidir España, con Cataluña dentro, y supongo que razonablemente satisfecha, que califica de "golpistas" a los acusados y que dice que Pedro Sánchez ha humillado a España porque la Abogacía del Estado pide 12 años de prisión (y no 25) para Junqueras y los mismos siete para los 'consellers' Santi Vila, Carles Mundo y Meritxell Borras que están en libertad provisional? Así solo se agrava la fractura entre Cataluña (no solo la separatista) y las instituciones españolas.

Pero lo más grave es que la actitud de Casado y de Albert Rivera también va a dividir a la sociedad española. Felipe González, el presidente que mas años ha gobernado en democracia, ya expresó prudentemente sus dudas sobre la acusación de rebelión. Pascual Sala, expresidente del Supremo y del Constitucional, dijo sin complejos que no veía delito de rebelión por ninguna parte, al igual que muchos juristas y catedráticos de Penal y ayer escuché al prestigioso exmagistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y expresidente del Tribunal Superior vasco, Joaquín Jiménez, explicar sin concesiones la diferencia capital entre sedición (acciones multitudinarias) y rebelión, que necesita el uso de la violencia. Y en Cataluña no hubo violencia. En todo caso fue bastante menor a la que han practicado en algunas huelgas los piquetes informativos. Así lo creyó también el tribunal superior de un 'land' alemán (la mayoría de catedráticos de Penal españoles han ampliado estudios en Alemania) que se negó a extraditar a Puigdemont a España porque no vio rebelión. Y los magistrados del Supremo no pueden consolarse diciendo que los del tribunal superior alemán simpatizan con el nacionalismo o que su prestigio académico y jurídico es inferior al nuestro como han hecho destacados columnistas.

¿Creen las derechas que desconectar de la realidad catalana es positivo para ella y conveniente para España?

Pero el juicio empieza también a dividir a España entre la izquierda (PSOE y Podemos), como mínimo muy reservados respecto al delito de rebelión, y la derecha (el PP y Cs), que son la otra mitad del Congreso de los Diputados y que ya acusan al presidente del Gobierno de complicidad con los golpistas. El caso no solo puede agravar pues la fractura entre Cataluña y las instituciones españolas (empezando por el Supremo), sino también ser un arma de la derecha contra la izquierda, acusada de poco patriotismo. Y la división verbal y visceral entre la derecha y la izquierda —que ya lleva años agravándose— nunca es recomendable. Y menos en España.

Respecto a Cataluña, Rajoy y Sánchez llegaron a un cierto y meritorio consenso al acordar aplicar un 155 prudente seguido de elecciones inmediatas. Ahora Pablo Casado parece creer que Rajoy se equivocó (al no obedecer a Aznar que ya sabemos que carece de complejos) y acusa a Pedro Sánchez de humillar a España con su política desinflamatoria con Cataluña. Una deriva peligrosa.

Lo peor de la acusación de rebelión no es la reacción que pueda tener el 'president' Torra, bastante desacreditado como demuestra la encuesta de 'El Periódico' que comenté el jueves, ni que el independentismo no vote los presupuestos. Lo más peligroso es que, por una parte, la recepción catalana a la instrucción del Supremo será muy negativa. Por la otra, que puede ser otra causa de división y fragmentación de la sociedad española entre 'dreyfusards', que no defienden tanto la inocencia de Junqueras y otros como la ausencia de rebelión (desde Felipe González a Pablo Iglesias más la mayoría de catalanes), y 'antidefreyfusards' (la Fiscalía del Supremo, Pablo Casado, Albert Rivera y para simplificar, los oyentes de la COPE). Mal asunto. Para todos.

Confidencias Catalanas

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