¿Después del viernes, qué?

Toda España está pendiente de lo que suceda el viernes cuando se celebre en Barcelona el Consejo de Ministros. En realidad, lo grave no es lo del viernes sino el explosivo cóctel que hay detrás. Una gran manifestación, incluso con violencia, no es algo totalmente anormal en las democracias. Me acuerdo, por ejemplo, de la manifestación contra la globalización de Génova. Se aguanta… y pasa.

En nuestro caso, lo grave no es la protesta, sino que el presidente de la nacionalidad histórica en la que tendrá lugar la medio jalee, incitando unos días a los activistas a “presionar” y desautorizando otros a los Mossos. Que el citado presidente haga resistencia pasiva a los consejos del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del número dos de la lista de JxCAT, Jordi Sànchez (ambos en prisión), de reunirse con Pedro Sánchez e intentar bajar algo la tensión provocada por el inminente juicio a 18 dirigentes independentistas (nueve de ellos acusados de rebelión y cuatro en huelga de hambre). Que, en este marco, una protesta que altere seriamente el orden público pueda ser un golpe a la política de desinflamación de Pedro Sánchez, la conveniente, según la izquierda española y, al parecer, la patronal catalana (que ha invitado a Pedro Sánchez a su cena del jueves, la víspera del Consejo de Ministros). Y que el primer partido de la derecha española crea —y exija con voz cada día más alta— que la solución es volver a aplicar el artículo 155 —pero esta vez más duro— y destituir por segunda vez en poco mas de un año al Gobierno elegido por los catalanes según las normas constitucionales.

Torra busca una 'cumbre bilateral' con España con Sánchez y tres ministros

Marcos Lamelas. Barcelona

¿Dónde quedarían la democracia y la unidad de España si constitucionalmente se destituye al Gobierno legítimo de Cataluña, por segunda vez en un año, porque políticos españoles relevantes —que afortunadamente pierden la votación sobre esta cuestión en el Congreso— creen que la solución es ignorar la voluntad del 47% de los catalanes que —de acuerdo con la Ley Electoral española— obtienen mayoría absoluta en el Parlament?

Parte de la opinión pública española está exasperada porque Torra ha pisoteado la desinflamación, y cree que la solución es el 155

El peligro no es la protesta, por intensa que sea. El peligro es el cóctel explosivo y transversal de radicalismo y muy escasa voluntad de diálogo que se ha generado y consolidado.

Y es cierto que la continua “gesticulación y falta de eficacia y discreción” de Torra que denunciaba —sin citarle nominalmente— Oriol Junqueras en una entrevista con el director de 'El Periódico de Cataluña', Enric Hernández, el pasado domingo, está provocando exasperación y hartazgo en buena parte de España. Incluso en Cataluña. El domingo, un inteligente diputado del PSC —del ala izquierda— me decía que en las reuniones locales del partido surgen voces indignadas —minoritarias— que piden que se acabe como sea con una situación que les resulta angustiosa. Ayer, Arran pintarrajeó 14 sedes del PSC en el cinturón de Barcelona con el eslogan '21-D. Romperemos el Estado'. Y algunos lectores de El Confidencial contestaron mi artículo del pasado domingo con una pregunta: ¿y si no se aplica el 155, qué? Unos creían que la desinflamación había sido pisoteada por los gestos de Torra (tienen alguna razón), y otros, que esa política es una cesión excesiva al independentismo (no la tienen). Pero la pregunta era la misma. ¿Sin 155, qué?

El simplismo mata. La única respuesta es la constitucional y democrática. Los dirigentes secesionistas rompieron el Estatut y la Constitución el 6 y 7 de septiembre y el 27-O del año pasado. La respuesta de Mariano Rajoy al aplicar el 155 fue inevitable y proporcionada. El Gobierno Puigdemont fue destituido. Por su parte, la Fiscalía y el Supremo tomaron cartas en el asunto y nueve dirigentes independentistas están en prisión. En este punto, una amplia mayoría de la sociedad catalana (del orden del 66 o 70%, según varias encuestas solventes) cree que la acusación de rebelión y la prisión provisional incondicional y sin fianza han sido excesivas.

Rajoy, Sánchez y Rivera pactaron un 155 proporcionado y la Fiscalía actuó según su criterio. El orden constitucional se mantuvo. Pero luego —pese al ridículo del 27-O proclamando una independencia que no se atrevieron a consumar (afortunadamente) y que no fue reconocida por ningún país—, el independentismo volvió a ganar las elecciones del 21-D y acabó formando Gobierno de acuerdo con la legalidad.

España está en una situación kafkiana porque el 155 abortó la independencia, pero luego el secesionismo ganó las elecciones

Vivimos pues en una situación delicada y llena de contradicciones. El Estado impidió la independencia unilateral y anticonstitucional, pero el secesionismo ganó las elecciones del 155, tiene el Gobierno de la Generalitat, gesticula excesivamente (Junqueras 'dixit') y puede decir barbaridades, pero no se sale (seguramente porque no se atreve) de la legalidad.

Si el Gobierno de la Generalitat volviera a lo del año pasado, el 155 sería grave pero inevitable. Mientras no lo haga, y aunque diga cosas que pueden parecer barbaridades (a unos más que a otros y unas más que otras), España vivirá en una situación kafkiana porque el Gobierno de una comunidad autónoma, que es una nacionalidad según el artículo dos de la Constitución, querría separarse de España y porque el juicio a los dirigentes independentistas en prisión desde hace más de un año es un momento muy especial y peligroso. Lo sería en todas partes si hubieran sido votados por el 47% y más si el delito de rebelión no ha sido aceptado (para Puigdemont) por un relevante tribunal alemán.

La democracia también es saber gobernar el conflicto en situaciones extremas y no caer en la tentación de humillar (otra cosa es hacer respetar la ley) la voluntad del 47% de los catalanes. Casado habla de un 155 más robusto y Aznar incluso dice que debería tener duración indefinida. ¿Indefinida? ¿Hasta cuándo? ¿Para siempre, hasta que el proclamado constitucionalismo ganara las elecciones? ¿Sería lógico otro 155 para Cataluña cuando no se aplicó —en situaciones mucho más graves, porque ETA asesinaba— y no se destituyó al Gobierno de Ibarretxe? ¿Sería constitucional congelar una autonomía —y las elecciones autonómicas— con un 155 permanente? Pudiera ser —y no es ninguna tontería— que un 155 gestionado con los pies —escuchando a algunos, parece inevitable— solo aumentara la desafección de la que ya advirtió el presidente Montilla en 2008 e hiciera crecer el separatismo y las protestas —esporádicas o no— más extremas. ¿Es eso lo que le conviene a España?

La desinflamación es la política adecuada, pero Pedro Sánchez solo es creíble a medias porque el PP exige el 155. Si el PSOE pierde...

La única solución al grave problema de la incardinación de Cataluña —que puede ser de muchas maneras, como la de Euskadi es una— es que el secesionismo pierda las elecciones, o que una parte deje la independencia de programa máximo (como la socialdemocracia hizo con la propiedad colectiva de los medios de producción) pero revise su programa de gobierno.

Y para eso —para que el independentismo se revise, se divida o pierda las elecciones— es imprescindible una política inteligente de la clase política española. Que Sánchez ofrezca desinflamación está bien. Incluso muy bien. Pero Sánchez, con 84 diputados, no está en condiciones de ofrecer un pacto serio —sí de abrir un camino— porque puede perder las elecciones y resultar que tras su oferta llega Pablo Casado con el 155 no bajo el brazo sino como bandera.

La llamada cuestión catalana no tiene solución sin dos condiciones que están íntimamente ligadas. Si el independentismo no tiene la valentía de adentrarse —con o sin divisiones— en el camino del revisionismo y si el PP y el PSOE no dejan de lanzarse la política catalana a la cara para echar del poder al uno o al otro. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?

Esta incompatibilidad respecto a Cataluña no pasó entre Adolfo Suárez —que, encumbrado al poder por los herederos de un auténtico golpe de Estado, tuvo la valentía de reconocer a un presidente en el exilio elegido en México por los republicanos catalanes que perdieron la Guerra Civil— y Felipe González.

No pasó entonces. Pero sí luego entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y ahora resurge —todavía más potente y vengativa— entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Sin consenso entre el PP y el PSOE y sin escuchar bien a Cataluña, no hay solución.

Me niego a creer que no sea posible porque las apuestas políticas se hayan vuelto más extremas. Porque el PP no es la UCD, que debía lavar su origen azul. O porque el catalanismo haya desertado definitivamente de la racionalidad política de Josep Tarradellas o Jordi Pujol.

Pero pudiera ser.