Trapero y su circunstancia

El mayor de los Mossos fue el 1 de octubre de 2017 (día del referéndum) la víctima de un grave conflicto nacionalista que le superaba

Foto: Josep Lluís Trapero, en el Supremo. (EFE)
Josep Lluís Trapero, en el Supremo. (EFE)

Una sociedad no puede vivir sin el respeto de la ley. Pero la aplicación de la ley (lo que deberá hacer ahora el Tribunal Supremo) ni explica ni puede explicar los conflictos de esa sociedad. Es seguramente por eso que el efectista testimonio del jueves del mayor Trapero ante el Supremo ha causado sorpresa e incluso conmoción. Tanto a los que en Madrid le creían un simple cómplice del contubernio independentista como a los que en Cataluña le identificaban con la lucha por la libertad de un país oprimido.

Tanto unos como otros se equivocaban porque José Luis Trapero, un hijo de inmigrantes que llegó a la cúpula de la policía catalana, que era presentada como modélica frente a una España corrupta y opresora, sólo ha sido, como ya explicó Ortega y Gasset, un hombre condicionado por sus circunstancias. Por las convicciones y contradicciones y conflictos de la sociedad. Por eso las visiones elementalistas, de buenos y malos -propia de las películas de los años cincuenta de indios y 'cowboys'- tan presentes en la actual política española no sirven para explicar la realidad.

La primera contradicción del mundo de Trapero es que está acusado de rebelión, pero no está encausado en el Supremo, que es donde se va a decidir esa acusación, sino que será juzgado con posterioridad en un tribunal inferior. El jefe de la policía catalana -presunto colaborador necesario en la presunta rebelión del 2017- no está acusado en el Supremo donde sólo compareció como testigo -no solicitado por la Fiscalía- y podría incluso haberse negado a declarar.

Es un sinsentido total que sólo se puede atribuir a una defectuosa instrucción que ha parecido orientada a escarmentar antes del juicio a los presuntos culpables. La defensa del Estado es una cosa, la infalibilidad del juez instructor otra muy diferente.

Pero esta es una circunstancia extraña a Trapero y a estas alturas de la película -y visto también lo que pasó hace pocas semanas en la sala tercera respecto a las hipotecas- es difícil no concluir que el Supremo no es inmune a vicios diversos y prejuicios ideológicos de signo diferente e incluso contrario en sus diversas salas.
Pero vayamos a José Luis Trapero, nacido en Badalona, el cinturón de Barcelona, al que las circunstancias y el trabajo convierten en comisario jefe de la policía catalana en el 2013 y luego en mayor de los Mossos, cuando el 'procés' enfilaba su recta final. Un hijo de inmigrantes y esforzado y ambicioso policía al que la Generalitat, gobernada por los independentistas, nombró para uno de sus cargos más relevantes.

Los mandos políticos de Interior ya habían dicho -no sin protestas- que en caso de conflicto los Mossos actuarían de acuerdo con la ley

Trapero era consciente, no podía dejar de serlo, de que la policía -catalana o española- no puede actuar al margen de la ley y de los tribunales. Albert Batlle, director general de la policía con los 'consellers' Espadaler (dimitido tras la ruptura de Unió con CDC y Jordi Jané, que cesó cuando Puigdemont pidió que se fueran los que no estaban dispuestos a llegar hasta el final) provocó la ira de los independentistas cuando dijo -en pleno apogeo del separatismo- que no había ninguna duda de que los Mossos siempre obedecerían a la ley. Batlle continuó en su cargo hasta que creyó que era incompatible con algunos gestos y declaraciones de Joaquim Forn, el nuevo conseller. Y Trapero ha declarado que tanto el conseller Jané como él mismo se sentían incómodos ante algunas declaraciones de los dirigentes del 'procés'. El jueves incluso afirmó que el conseller Forn había tenido un punto de irresponsabilidad al asegurar que los Mossos garantizarían la libre votación en el referéndum. Vale, pero el cuerpo no creyó oportuno repetir en aquel momento lo que había aseverado Albert Batlle.

Joaquim Forn durante su declaración en el juicio del 'procés'. (EFE)
Joaquim Forn durante su declaración en el juicio del 'procés'. (EFE)

Este componente legalista de Trapero es el que sorprendió en su declaración ante el Supremo. No era público, pero a preguntas de su abogada, Olga Tubau, ya lo había dicho hace algunos meses ante la juez Carmen Lamelas en la instrucción de la Audiencia Nacional. Dos de sus afirmaciones en el Supremo han tenido amplio impacto. Una, que la cúpula de los Mossos ya advirtió a Puigdemont, Junqueras y Forn poco antes del referéndum que eran previsibles enfrentamientos entre independentistas incondicionales y las fuerzas de seguridad que, obedeciendo órdenes judiciales, tuvieran que evitarlo y que, como consecuencia, aconsejaban desconvocar el referéndum. Fue también lo que dijeron en el Supremo los comisarios Castellví y Quevedo pocos días antes y que parece una posición común de la cúpula de los Mossos, un cuerpo que se siente injustamente atacado y quizás victima de la actitud de políticos aventuristas.

Su segunda afirmación -todavía más sorprendente- fue que en los días previos a la DUI -es decir cuando los Mossos ya eran atacados en algunos medios por pasividad ante el referéndum- la cúpula policial catalana montó un dispositivo para la detención de todo el Gobierno catalán si se producía la DUI y el fiscal o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ordenaban. La detención no se llevó a cabo porque esa orden nunca llegó.

Esta es una realidad de Trapero. Sabía que debía obedecer a la justicia y estaba dispuesto a hacerlo. La otra realidad es que había sido nombrado por la Generalitat, que la mayoría del parlamento catalán había votado lo que una gran parte de la población catalana creía que era una nueva legalidad, que la Generalitat presentaba a los Mossos como una policía modélica y que su actuación cuando el atentado islamista de agosto del 2017 -ampliamente ensalzada por los medios independentistas que criticaban y comparaban con la de otros cuerpos policiales- había facilitado un lavado de imagen de los Mossos que con anterioridad habían sido atacados por grupos diversos -independentistas y no independentistas- que les acusaban de varios excesos policiales.

El jefe de una policía que la Generalitat decía que era modélica y que contraponía a otros cuerpos policiales españoles

A todos -y a todas las policías- les gusta ser alabados y admirados. Y es lógico que a Trapero no le disgustara el reconocimiento social. ¿En exceso? Ya en el verano del 2016 sorprendieron unas fotografías suyas, en la casa de Cadaqués de la periodista independentista Pilar Rahola, cantando en alegre fiesta y camaradería con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Unas fotos que la mediática periodista colgó en las redes sociales. ¿Se puede imaginar alguien al director general de la Guardia Civil o de la Policia Nacional cantando junto a Mariano Rajoy y Luis María Anson en una fiesta veraniega en El Escorial (Madrid tiene la desventaja de carecer de Cadaqués) al sonido de una guitarra? Hay políticos catalanes que sueñan con un Estado catalán, pero es evidente que la Generalitat -al menos en el 2016- no guardaba la severidad o al menos las apariencias del Estado español.

El coronel Diego Pérez de los Cobos, durante su declaración en el juicio del 'procés'. (EFE)
El coronel Diego Pérez de los Cobos, durante su declaración en el juicio del 'procés'. (EFE)

Trapero también declaró que le produjo incomodidad una cierta subordinación, por orden judicial, de los Mossos al coordinador Pérez de los Cobos. Los Mossos son un cuerpo celoso de sus competencias, pero además se debió intuir desde el primer momento que Pérez de los Cobos sabía que su misión era impedir el referéndum. Fuera como fuera, como después se ha visto. Y Trapero -y la cúpula de los Mossos- sabían que debían cumplir las órdenes de impedirlo, pero procurando evitar el enfrentamiento frontal con las autoridades catalanas y con las organizaciones separatistas que dominaban el ecosistema catalán.

Por eso el 1 de octubre, Pérez de los Cobos impidió la celebración del referéndum haciendo que la policía irrumpiera en los colegios y usara la fuerza. Por eso aquel día los Mossos cumplieron al menos parte de lo ordenado -informar de que el referéndum era ilegal- pero no ejercieron la violencia. Ni la intimidación. ¿Fue colaborar con el referéndum o fue priorizar el mantenimiento de la normalidad ciudadana en la creencia de que, al punto al que se había llegado, no había efectivos suficientes para desalojar los colegios de forma pacífica y sin alterar la normalidad ciudadana?

La cúpula de los Mossos pudo también pensar que no era el cuerpo policial catalán el que debía enfrentarse violentamente a parte de la población por los fallos de algunos servicios que no localizaron ninguna de las 6.000 urnas que entraron aquel verano en Cataluña provenientes del sur de Francia y que aquella mañana llegaron -con pasmosa puntualidad suiza- a los colegios electorales.

Pérez de los Cobos y Trapero: una única y delicada misión para dos hombres y dos circunstancias muy distintas

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña retiró el jueves anterior al referéndum la orden de la fiscalía de cerrar los futuros colegios al cese de las normales actividades del viernes, lo que permitió que muchas asociaciones de todo tipo celebraran fiestas -incluso para mirar las estrellas, como señaló Enric Millo- y “butifarradas” populares durante el fin de semana. Fue una decisión de una magistrada del TSJC que alteró la orden anterior de precinto de la fiscalía y ante la que ni el secretario de Estado José Antonio Nieto ni el coronel Pérez de los Cobos pudieron evitar un ligero signo de contrariedad cuando fueron preguntados.

De esta forma a las 9 de la mañana del domingo del referéndum las fuerzas policiales no tenían ya la misión de impedir y precintar los colegios electorales, sino que previamente debían desalojar a los ocupantes -no todos simpáticas familias- que habían pernoctado para garantizar que los colegios estarían abiertos.

Impedir el referéndum aquel domingo -con las urnas puestas y los colegios ocupados- no era fácil sin recurrir a la fuerza como hicieron la policía y la guardia civil. Los Mossos se limitaron a advertir de que el referéndum no era legal, a cerrar los colegios en los que no había resistencia, y a advertir a los otros cuerpos policiales que había colegios en los que no podían actuar.

Pérez de los Cobos -un guardia civil que pisa moqueta en el Ministerio del Interior desde hace años- tenía la orden judicial -y la convicción política y moral- de que fuera como fuera debía evitar el referéndum. El mayor de los Mossos tenía la orden judicial de evitar su celebración y la de cuidar la seguridad de las personas -orden del TSJC- y la convicción política y moral de que los Mossos no debían enfrentarse con violencia a las organizaciones que -amparadas por ciudadanos que querían votar- ocupaban los colegios. Dos hombres y dos circunstancias diferentes.

Todo se ha salido de madre cuando la protección de una sede de la Generalitat se encarga no a los Mossos sino al servicio de orden de la ANC

Ahora en los juzgados de Cataluña hay policías y guardias civiles acusados de excesos policiales en la jornada de 1 de octubre. Ahora el mayor de los Mossos está acusado de rebelión.

Todo llegó en Cataluña en setiembre y octubre del 2017 a un punto totalmente indeseable y que se podía haber evitado con un poco de valentía (para reconocer que se había prometido lo que luego se ha visto imposible) y de inteligencia para primar los intereses de Cataluña sobre los de los partidos independentistas. También si el Gobierno de Madrid no sólo hubiera actuado con prudencia en el último momento (el intento de Soraya de auscultar la sociedad catalana y tantear a todo el mundo, incluso a Junqueras) sino con la debida diligencia cuando en el 2012 llegó al poder con mayoría absoluta y se encontró ante un serio problema que había contribuido a envenenar.

En aquel momento -otoño del 2017- el mayor de los Mossos no fue ni un rebelde-traidor ni un secesionista consecuente sino un jefe policial, preocupado por la imagen de su cuerpo y superado por las circunstancias.

Sólo así se puede entender que el 20 de septiembre -el de la gran manifestación ante la Consellería de Economía- la policía catalana permaneciera prácticamente al margen -salvo para estar informada y sacar a primera hora de la noche y por el terrado a la secretaria judicial- y dejara, por indicación del 'conseller' de Interior según declaró Jordi Sánchez, que fuera el servicio de orden de la ANC el que -en medio de una gran masa humana, a ratos muy airada- se responsabilizara de la circulación de las personas y del acceso a la sede de la Consellería de Economía, un edificio oficial en el que se se practicaba un registro judicial y había agentes de la Guardia Civil. Algo difícil de entender, pero las circunstancias hacían que el 'conseller' de Interior encargara la custodia de la Consellería de Economía no a los Mossos sino a la ANC.

Confidencias Catalanas
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