Brutalidad policial, próxima consigna

Una vez que el referéndum estaba operativamente desarticulado, el coste de la actuación policial solo resultaba políticamente asumible si era viable reducir al mínimo la movilización del 1 de octubre. Como ese objetivo no se consiguió, la represión —rápidamente viralizada— ha generado una crisis de comunicación que Moncloa tendrá que trabajar esta semana, ha dañado gravemente la imagen del Gobierno, ha tensionado al eje constitucionalista y ha entregado recursos discursivos a los soberanistas. No consigo ver el sentido de la decisión.

Supongo que no respondería a un intento de intimidar a la población. Lo espero. Porque eso sería desconocer completamente el estado anímico que se vive en Cataluña, con mucha gente harta de estar harta, sí, pero también con bastantes mujeres y hombres compartiendo un sentimiento de agravio que se ha venido transformando en rechazo a lo que consideran una humillación. Muchos no quieren la independencia, pero quieren pronunciarse. No estaban las cosas el 1 de octubre para que funcionase la inhibición.

Doy por hecho que nadie en la sala de mandos del Estado habrá sido sorprendido por la actitud que los Mossos han mostrado durante la jornada. Las señales públicas emitidas por Trapero durante la última semana no pudieron ser más claras. Insisto, no lo comprendo.

Lo único que tengo claro es que la decisión de sacar a la policía a la calle no ha tenido ningún efecto operativo significativo y ha impedido al Gobierno emitir con suficiente nitidez el mensaje del Estado en una fecha central.

Para el gran público, el foco de la jornada estuvo en la calle. Podría haber estado en todo lo que faltaba en una votación sin garantías, sin precedentes en la historia de nuestra democracia, sin referentes en los países de nuestro entorno. Sin censo. Sin papeletas. Sin mesas. Sin locales. Sin sindicatura. Sin neutralidad. Sin recuento controlado. Sin reglas fijas porque fueron cambiadas al amanecer. En definitiva, sin referéndum. Sin embargo, la retransmisión en los medios y redes sociales de los casos de represión policial lo ha manchado todo.

Algunas de las fotografías que todos hemos visto son carne de portada para la prensa internacional. Dejan nuestro conflicto de convivencia territorial visualmente enmarcado para todo el mundo. Y ese marco, estando las cosas como están, resulta idóneo para generar incertidumbre —palabra fetiche para especuladores— y, por lo tanto, riesgo para nuestra creciente economía. Riesgo, también, de que pueda disminuir el respaldo internacional a Rajoy. No tardaremos en escuchar la llegada de los matices, los llamamientos exteriores al diálogo.

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Lógico. A ningún dirigente le resulta agradable posicionarse junto a quien es tachado de represor, por mucho que le asista la razón democrática y que quienes han violado a la Constitución estén enfrente suyo. Eso pasa fuera y pasa también aquí. Le ocurre al propio Pedro Sánchez. Hasta ahora, ha venido apoyando a la ley con la ley del mínimo esfuerzo. Y de golpe se ha visto, justo un año después de aquel trágico comité federal socialista, entregando al PP el más valioso de los apoyos, mientras crecía la cifra de heridos en Cataluña por represión policial. Vaya trago. Esta semana, Rajoy va a necesitar mucha pomada para reducir la tensión con el primer partido de la oposición. Sobre todo después de las declaraciones de Iceta. Ojo al PSC, porque dejó marcada la distancia con el Gobierno. Ojo, porque su margen de actuación es todavía menor. El socialismo catalán se lo juega todo en la próxima cita con las urnas.

El brote de nacionalismo español que se estaba extendiendo crecía paralelo a una latente demanda de mano dura

Tampoco debe andar Rajoy muy fortalecido en su propio electorado. El brote de nacionalismo español que se estaba extendiendo crecía paralelo a una latente demanda de mano dura. No es que hubiese algo de disposición hacia la tolerancia por si tocaba reprimir, había una exigencia de que los independentistas no se saliesen con la suya. Costase lo que costase. Quienes colgaron banderas de España en sus balcones, van a retirarlas sintiéndose celebrando la gestión del líder del PP. Cuidado con ese cúmulo de sentimientos, en esas amalgamas frustradas está el caldo de cultivo de la extrema derecha.

En el otro lado del espectro ideológico, la extrema izquierda ha encontrado un motivo poderoso para la indignación. Hay pocas cosas más potentes para activar al electorado progresista que la represión policial. Iglesias lo sabe, sabe que ahora tiene un arsenal nuevo. Una posibilidad de rearmarse, primero en la lucha por el liderazgo de la oposición, después en el combate por la hegemonía de la izquierda española, y siempre en clave electoral catalana. Ese horizonte se lo ha puesto Colau en primer plano.

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Así que puede ya darse por hecho que Podemos hablará mucho de brutalidad policial en los medios. Judicializará el asunto. Tratará de exprimirlo en el Parlamento, Gobierno corrupto y opresor. Mantra aquí y mantra allá.

La cuestión no tendría más trascendencia de la que se encuentra en el campo de la disputa política, si no fuese porque después del día uno viene el día dos. El discurso único independentista cuenta ahora con un ingrediente sentimental que conecta la retórica del victimismo con la épica de los héroes anónimos que vierten su sangre para el nacimiento de su nación.

En esa lógica narrativa, Zoido hereda los atributos del anterior ministro del Interior. Ya encarnará el rol del opresor tanto para Podemos como para los independentistas. La consigna que denuncia la brutalidad policial siempre demoniza a las fuerzas de seguridad, y siempre conlleva una llamada hacia la incandescencia social. ¿Cuándo? En Cataluña, la huelga general está a la vuelta de la esquina, puede que con más opciones de éxito después de lo ocurrido. ¿Cuándo? Cuando llegue la hora de pararlo todo. En el momento que envuelve lo irreversible. En el instante del salto al vacío. ¿Cuándo? Si nadie lo remedia, después de la declaración de independencia.