La sentencia de los ERE: así (también) se roba a los ciudadanos

Una corriente de opinión parece empeñada en trazar una línea en el suelo para diferenciar lo que sería el colesterol malo (el de la Gürtel) del menos malo (el de los ERE)

Foto: Condenados 19 de los 21 ex altos cargos acusados en el caso de los ERE. (EFE)
Condenados 19 de los 21 ex altos cargos acusados en el caso de los ERE. (EFE)
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Para la víctima de un robo, es indiferente si el atracador se guarda el dinero en su bolsillo, lo reparte entre sus compinches o lo manda al desagüe. El resultado, para la víctima, es el mismo.

Una corriente de opinión parece empeñada, desde que se hiciese pública la primera sentencia sobre el caso de los ERE en Andalucía, en trazar una línea en el suelo para diferenciar lo que sería el colesterol malo (el de la Gürtel) del menos malo (el de los ERE). Como si para el ciudadano hubiese alguna diferencia entre que su dinero acabe en una cuenta en Suiza, en un prostíbulo de Sevilla o en un contenedor de basura.

La sentencia de los ERE: así (también) se roba a los ciudadanos

Déjenme que deje al margen la situación individual de los condenados. Su grado de participación o de responsabilidad penal sin duda puede ser muy diferente, y por eso precisamente la sentencia los ha condenado a un rango muy amplio de penas, desde la mera inhabilitación a duras condenas de prisión. Déjenme que me centre, en cambio, en la foto de conjunto. Porque el caso de los ERE resume casi todos los vicios que han asolado la comunidad autónoma andaluza durante las últimas décadas.

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La sentencia permite tratar la evolución del sistema de ayudas públicas vigente en Andalucía, desde su origen en la década de los noventa hasta el que es propiamente objeto del juicio del tribunal, el vigente entre 2000 y 2009. La conclusión que se extrae de la lectura de la sentencia es rotunda: el sistema original reunía todos los elementos de las peores políticas públicas (mal diseño, mala ejecución e insuficiente control); su evolución posterior fue mucho peor. Se convirtió en un gigantesco entramado de favores políticos y personales pagado con el dinero de los contribuyentes.

El sistema original, puesto en marcha en la década de los noventa, estaba mal diseñado de origen porque, salvo casos muy concretos, salvar empresas en crisis a través de ayudas públicas es como intentar tapar una tubería rota poniendo las manos. No es que cualquier sistema de ayudas públicas sea malo 'per se', pero solo en circunstancias muy tasadas funcionan con eficacia: por ejemplo, ante una crisis coyuntural, una contracción de la demanda durante un periodo limitado de tiempo (como consecuencia de un evento como el Brexit).

En ese caso, el objetivo es dar ayudas públicas para evitar que un constipado se convierta en una neumonía. En cambio, si se trata de responder a situaciones estructurales (por ejemplo, los problemas de una fábrica que se dedica al montaje de vídeos VHS), el sistema de ayudas debe ser parcial y tener objetivos muy bien identificados: por ejemplo, aislar los elementos 'sanos' de la actividad empresarial (tal vez, una parte de las cadenas de montaje pueda servir también para el ensamblaje de DVD), favoreciendo con las ayudas que las empresas redirijan sus recursos hacia estas actividades.

La sentencia de los ERE: así (también) se roba a los ciudadanos

El sistema andaluz estaba diseñado mal desde su raíz: se daban ayudas a empresas en crisis por el simple hecho de estarlo. Sin condicionarlo a que la crisis fuese coyuntural o estructural, ni a la reorientación de las actividades de la empresa. Lo que se intentaba era tapar las tuberías con las manos, regando pozos sin fondo con dinero público.

Se daban ayudas a empresas en crisis por el simple hecho de estarlo. Sin condicionarlo a que la crisis fuese coyuntural o estructural

Aun mal diseñado, el sistema estaba sometido a los procedimientos de control habituales en las ayudas públicas: se exigía una memoria justificativa, la acreditación de la situación de crisis —el expediente de regulación de empleo— y la fiscalización previa por la intervención delegada. En el año 2000, la intervención señala el riesgo de que una subvención de 150 millones de pesetas a la empresa Hijos de Andrés Molina SA pueda ser considerada como ayuda pública incompatible con la legislación comunitaria.

Para evitar esta situación, los responsables políticos de la Junta de Andalucía idean un sistema para 'agilizar' las ayudas, que empiezan a pagarse a través de una agencia pública, primero IFA, después IDEA, evitando así la fiscalización de las subvenciones. ¿El resultado? Una mala política se convierte en un gigantesco fraude: 680 millones de euros de dinero de los contribuyentes adjudicados durante una década sin ningún tipo de control ni fiscalización.

En los medios, ha tenido una notable repercusión el dinero malversado por los responsables de estas agencias en prostíbulos, drogas y otros abusos. Pero la sentencia hace un repaso igualmente sonrojante del dinero supuestamente bien empleado: a la empresa Arcadia Emprendedora se le concedió una subvención de 2,4 millones de euros sin que existiesen solicitud, memoria, proyecto o plan de viabilidad. La empresa nunca tuvo actividad o empleado alguno. La empresa Marco de Estudio y Proyección Siglo XXI recibió otros 2,6 millones: nunca tuvo más de uno o dos trabajadores, entre ellos, la hija del consejero de Empleo y el hijo de otro alto cargo socialista.

Las ayudas se concedían sin más trámite que una orden, a veces verbal, del director de Empleo, que a su alrededor, con el “conocimiento consciente” de sus superiores jerárquicos, formó un entramado de favores políticos y personales, una gigantesca red clientelar que sirvió para engrasar la maquinaria socialista durante la larga década en la que estuvo vigente. Es cierto que parte del dinero malversado se utilizó (todavía se utiliza) para pagar 'prejubilaciones'. No lo es menos que la mayor parte de los beneficiados con las mismas eran receptores de favores políticos, que formaban la gigantesca tela de araña con la que el socialismo andaluz tejió la región durante años.

Hay que hacer malabarismos dialécticos, en mi opinión, para marcar la distancia entre los ERE y otros casos de corrupción enjuiciados en el pasado, como el de Gürtel: el daño en las arcas públicas es parecido (incluso de mayor cuantía en este caso); su ejecución material correspondió a un grupo de pícaros, aprovechados o chorizos, llámenlos como quieran, que se aprovecharon de las rendijas de un sistema institucional premeditadamente debilitado por los responsables políticos, conscientes de que este ecosistema de favores, comisiones o dádivas de todo tipo les reportaba réditos electorales. Insisto: que el dinero se utilizase para nutrir una cuenta en Suiza, para pagar fiestas o para colocar a familiares y afines políticos es algo que tendrá consecuencias en el ámbito de la responsabilidad penal individual de los encausados. Pero el reproche colectivo, el político, el juicio sobre quien era responsable de la gestión de recursos que son de todos, en mi opinión, debe ser el mismo.

No por previsible puede pasarse por alto la reacción de los diferentes partidos políticos. Los socialistas, que llegaron al poder a través de una moción de censura desencadenada precisamente por una sentencia judicial de un caso de corrupción, trataron de poner distancia con los hechos probados. Como si fuese posible desvincularse de una sentencia que condena a dos expresidentes del partido a nivel nacional, además de expresidentes autonómicos, y a varios exconsejeros del que fue durante mucho tiempo el principal bastión del poder territorial socialista.

La sentencia de los ERE: así (también) se roba a los ciudadanos

Todavía más decepcionante ha sido la reacción a la izquierda de los socialistas: Pablo Iglesias lo circunscribía a una “época pasada” del “bipartidismo”, y Alberto Garzón a “algunos dirigentes” del PSOE andaluz que al parecer buscaban garantizar “la paz social”; Teresa Rodríguez, más combativa, pedía la devolución del dinero malversado. Podría decirse que la beligerancia de los dirigentes de Podemos ha sido inversamente proporcional a sus posibilidades en las quinielas de ministrables. Como muestra de lealtad política en el futuro Gobierno de coalición, los dirigentes de Podemos han pasado esta primera prueba. Sus votantes determinarán si el plato de lentejas por el que han cambiado sus no tan lejanas promesas de regeneración tenía suficiente sustancia.

680 millones de euros utilizados sin criterio, sin control y sin rendición de cuentas. El caso de los ERE no hará caer el Gobierno: en primer lugar, porque el actual está solo en funciones, pero también porque la política es así de vivaracha con el manejo de los tiempos. Pero nos haríamos todos un favor si dejásemos de escuchar 'peros' al comparar unos casos con otros. Que las varas de medir en la política española empiezan a tener vida propia.

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