La estrategia de salida: del riesgo de frenar tarde al de arrancar demasiado pronto

El pasado domingo, Antoni Trilla, uno de los integrantes del Comité Científico del Covid-19, escribía un artículo en 'La Vanguardia', saliendo al paso de algunas informaciones que señalaban discrepancias sobre la conveniencia (o no) de suavizar las restricciones. Aparte de su honestidad (“no somos expertos en Covid-19 —no hay nadie experto en Covid-19—”, decía), Trilla dibujaba con claridad el papel del comité: “Elaborar propuestas, escenarios y planes de actuaciones”. Porque, añadía, “los responsables políticos son quienes deben tomar y toman las decisiones”.

Es obvio que en la situación actual las decisiones las toman (y las deben tomar) los responsables políticos. Es lo que ha sucedido en todo momento. Es falso que el Gobierno se rigiese al principio exclusivamente por criterios científicos (entre otras cosas, porque no hay unos únicos criterios científicos). Las decisiones se han adoptado escuchando, en mayor o menor medida, el criterio técnico, pero también opiniones no técnicas (como el resto de ministros —o vicepresidentes— sin responsabilidades directas en la crisis), sindicatos y empresarios (en las decisiones de ámbito económico) y, también, a los socios políticos del Gobierno, como el PNV (lamentablemente, no así a la oposición). Es decir, más o menos como se toman todas las decisiones políticas en nuestro país desde hace mucho tiempo.

Opinión

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Retrasar la adopción de medidas al comienzo de la crisis fue una decisión política, como todas las demás. No es cierto que reaccionásemos antes que nadie (otra de las falsedades que se repiten estos días). Al contrario, tardamos demasiado en hacerlo. Tal vez lo hicimos al mismo tiempo que la mayoría de países, pero con la diferencia de que la curva en España iba al menos dos semanas adelantada. Grecia, por ejemplo, cerró los colegios una semana antes. Es decir, tomaron medidas con tres semanas de antelación respecto de nosotros: a nadie debe extrañar que las cifras de contagios allí sean muy distintas.

Reaccionar demasiado tarde en una pandemia es como hacerlo en una curva, un error casi fatal. El virus SARS-CoV, responsable de la enfermedad Covid-19, es altamente contagioso. De acuerdo con las primeras estimaciones, antes de las medidas de protección y control, el paciente medio de Covid-19 infectaba a casi cuatro personas de media. La diferencia entre actuar unas semanas antes o después puede significar mantener el virus bajo contención (con apenas unas decenas de casos) o que se produzcan decenas de miles de contagiados.

Una vez el virus comienza a extenderse, se pueden adoptar medidas de prevención y control muy distintas, tanto en su eficacia como en su coste económico y social: desde las más 'suaves', como fomentar el lavado de manos, hasta las más 'duras', como el aislamiento general de la población. Entre medias, existe un rango muy amplio, tales como el uso de mascarillas, el aislamiento individual de los contagiados o la ampliación de la 'distancia social' —evitando costumbres como estrechar las manos, la prohibición de eventos masivos o el cierre de colegios o universidades—.

Si se actúa pronto, se evita que el virus alcance un número tan alto de contagiados (que, a su vez, actúan como transmisores) que solo las medidas más estrictas resultan eficaces para detenerlo. En este caso, es cierto que el confinamiento español es uno de los más duros (así lo atestiguan, por ejemplo, los datos de movilidad publicados por Google). La razón de que lo sea es precisamente porque se actuó tarde. Otros países, como Alemania, Bélgica o Luxemburgo, tienen confinamientos mucho más suaves, y a la vez menores cifras de contagiados y fallecimientos. La única explicación es que reaccionaron mucho antes en la expansión del virus.

La pandemia del Covid-19 no desparecerá por sí sola, dado que el virus ha infectado ya a centenares de miles (o incluso millones) de personas. Como es lógico, esto no significa que el confinamiento de la población deba ser indefinido. Por un lado, por su alto coste social económico (de nuevo, un 'trade-off' que corresponde valorar a los responsables políticos). Pero también porque, detenido el avance del virus, podría ser posible mantenerlo bajo control (hasta que se desarrolle una vacuna) con medidas de prevención menos agresivas. Aunque lo cierto, sin embargo, es que no sabemos si van a funcionar.

Levantar el confinamiento de la población, aun necesario, es una medida con importantes riesgos: cuanto más efectivo haya sido en preservar a una parte de la población del contagio, más numeroso es el grupo que sigue siendo vulnerable al virus. Además, tras el confinamiento, el virus está mucho más extendido que al principio de la pandemia: el riesgo de segundos brotes puede ser incluso mayor que el primero. Para evitar las recaídas, se deben fortalecer el resto de medidas de protección y control: establecer protocolos claros de distanciamiento social, asegurar el abastecimiento de mascarillas y materiales de protección y, sobre todo, disponer de las evidencias suficientes que indiquen que efectivamente el número de nuevos contagios se encuentra bajo control.

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El levantamiento de las medidas, cuando se produzca, será una decisión política, como todas las demás. Habrá que priorizar unos sectores de actividad, levantar las medidas a un ritmo diferente según las regiones, y establecer criterios claros de respuesta en caso de que se produzcan nuevos brotes (una eventualidad a la que tendremos que acostumbrarnos durante los próximos meses o incluso años).

Que sea una decisión política no significa que haya que tomarla a ciegas. Tenemos alrededor de 170.000 positivos 'confirmados' en nuestro país, mientras algunos estudios sugieren que podría haber más de 15 millones de contagiados 'reales'. Aunque se lleva anunciando desde hace varios días un estudio de inmunidad de la población, se desconocen sus plazos y detalles.

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Tal vez el Gobierno no conduce a ciegas, pero sí desde luego nos mantiene en la penumbra al resto de la población. Desconocemos cuestiones tan básicas como cuál es el criterio del Comité Científico, qué escenarios maneja o cuántos test se han realizado en España. No es lo habitual en otros países. En Luxemburgo, por ejemplo, se actualiza directamente el número exacto de test realizados (cerca de 30.000, alrededor del 5% de la población) y sus resultados. En España, desconocemos tanto lo uno como lo otro.

El presidente del Gobierno insiste en repetir que “esta guerra el Gobierno no la puede ganar solo”. Para ello, debería empezar por no repetir en la estrategia de salida los mismos errores que cometió en la de entrada. Si entonces el riesgo era frenar demasiado tarde, ahora lo es arrancar demasiado pronto. Si entonces decía no tener información suficiente, ahora debería asegurarse de que la tiene.

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En lugar de improvisar medidas y negociarlas con sus compañeros de coalición hasta minutos antes de la publicación en el BOE, deberían adoptarse protocolos claros de desconfinamiento con varios días de antelación, y comunicarlo así a la población. Y si entonces no quiso compartir los criterios para retrasar determinadas decisiones (escudándose en que eran “consejos científicos”), ahora debería hacerlo. Que las decisiones sean políticas, y no técnicas, no significa que no se puedan explicar. Al contrario: es precisamente cuando más motivos hay para hacerlo.