La directora que amenazó a sus funcionarios, destituida: había una grabación

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha destituido de sus funciones a la responsable de Voluntariado, Cooperación Internacional y Responsabilidad Social Corporativa de la Comunidad de Madrid, que también dirigía la Oficina de Atención al Refugiado de Madrid, después de que varios trabajadores de su departamento denunciaran que Pilar Renes Iruarrizaga, la cesada, les había amenazado en una reunión. El consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, había abierto una información reservada (una investigación interna) para esclarecer lo sucedido y finalmente se ha tomado la decisión de apartarla de sus responsabilidades. Renes seguirá en la consejería, ya que es funcionaria. Actualmente está de baja.

La situación se había convertido en insostenible para Renes, después de que el sindicato CSIF presionara al consejero para que la destituyera. No solo pesaba contra ella un contundente escrito de queja donde se relataban las amenazas vertidas, sino que al parecer también había una grabación de la tensa reunión donde se produjeron las mismas, celebrada el pasado 18 de enero en la sede de la subdirección, en el número 4 de la calle Jardines. Todo empezó después de que la consejería recibiera un anónimo a través de un correo electrónico que denunciaba la comisión de un delito de malversación de fondos públicos en la Dirección General de Servicios Sociales, que al parecer implicaban al director, Pablo Gómez-Tavira, y a Pilar Renes. En ese anónimo, se aludía a dos jefes de área, seis técnicos y tres auxiliares como testigos que conocían los delitos que se denunciaban. Renes decidió entonces convocar a los trabajadores de su departamento, recalcando que la cita era obligatoria y que debían cancelar cualquier reunión que tuvieran programada para poder asistir.

En esa reunión, Pilar Renes informó de la llegada del anónimo, que se negó a leer, y aseguró que los documentos que lo acompañaban habían sido extraídos de "una carpeta virtual" a la que solo tiene acceso personal de la subdirección general. "Pilar Renes nos informa de que se ha pedido a las más altas instancias de la comunidad que se investigue el envío de ese anónimo, que estamos todos sometidos a una investigación, y que las operaciones llevadas a cabo desde los ordenadores de nuestros puestos de trabajo van a ser revisadas por la Agencia para la Administración Digital con la finalidad de encontrar a la persona o personas que hayan podido enviar ese escrito y las pruebas", rezaba la carta de los trabajadores.

Comenzaron entonces las amenazas: "En lo que me resta de vida, lo juro por la salud de mi hijo que es lo que más me importa en esta vida, voy a perseguir a esta persona, y si no puedo probar de manera fehaciente para poder llevarla al juzgado, sí que cada vez que quiera concursar la voy a machacar con este escrito diciendo 'cuidadito, que la zorra en el gallinero mira la que te puede montar', y eso lo juro por la salud de mi hijo que lo voy a hacer".

"Valoraré o no el perdonarle la vida"

A partir de ahí, siempre según la versión de los ocho trabajadores presentes, la subdirectora siguió con su retahíla de amenazas: "Soy muy buena amiga de mis amigos y, con la misma pasión, soy muy mala enemiga"; "a título personal, me voy a encargar de arruinarle la vida administrativa"; "lo siento si alguien ha ayudado o copiado, porque también le toca pringar"; "se me tiene que arrastrar y pedirme perdón públicamente la persona". Para concluir, remató: "Valoraré o no el perdonarle la vida", en alusión al trabajador que según ella había enviado el anónimo. La consejería ha decidido que lo mejor era cesar a Renes y calmar los ánimos entre los trabajadores y los sindicatos.