La ANC utiliza a la Policía para presionar a Aragonès: "El fraude político es evidente"

Los diferentes sectores independentistas no se dan tregua. Y cualquier iniciativa es aprovechada por unos para cargar contra otros. En el punto de mira de los sectores más radicalizados están ERC y el presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, contra quienes se han conjurado JxCAT, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El pasado viernes, el presidente de esta última entidad, Jordi Cuixart, se reunió en Waterloo con el fugado Carles Puigdemont para visualizar un frente común que presione a Esquerra y condicione las decisiones del Govern.

Pero apenas tres días más tarde es la ANC la que dio una vuelta de tuerca a la presión contra Aragonès: su sectorial de Personas Represaliadas envió una dura carta a sus activistas en la que carga contra los republicanos, acusando a ERC de estafadora y reclamando que no apoye los presupuestos generales del Estado (PGE). El motivo es muy puntual: el hecho de que en ellos no se prevé la entrega de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña para crear allí un ‘museo de la tortura’ o un espacio dedicado a la memoria histórica.

“De nuevo, la población que depositó un voto independentista en las últimas elecciones se volverá a sentir estafada si los dos partidos oficialmente independentistas en el poder en Cataluña regalan su apoyo a los presupuestos del PSOE y de Podemos”, advierte la misiva. “El fraude político cada día se hace más evidente y más grave”, subraya el documento, que advierte de que los presupuestos contemplan “casi nueve millones de euros destinados a las obras de restauración y de mejora de las dependencias policiales de la comisaría de Via Laietana, el espacio emblemático de la tortura y de la represión de este país. Las dependencias están inactivas y ahora quieren poner otras nuevas para hacer desaparecer los espacios donde se llevaban a cabo la represión y las torturas”.

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La intención de la ANC es que el Gobierno español desaloje la jefatura y la ceda a los independentistas, aunque desde algunos sectores soberanistas se asegura a El Confidencial que “esta reivindicación no es solo del independentismo, sino también de sectores de la izquierda, como los comunes, y, especialmente, de las entidades de memoria histórica”. Desde fuentes cercanas al Gobierno español, se afirma que las entidades memorialistas desconfían de los independentistas. “Hemos hablado con todas ellas, ya que el Gobierno mantiene canales de diálogo en todos los temas. Y están de acuerdo incluso en que una parte del edificio se dedique a la memoria histórica y la otra pueda seguir manteniendo oficinas policiales”, afirman las fuentes. Desde el bando soberanista, esta solución no tiene futuro y la rechazan, reclamando el completo desalojo de las dependencias.

No hacer como la DGS de Puerta del Sol

Los dirigentes de la ANC, además, acusan a ERC de utilizar una doble cara, ya que el partido republicano se mostró en el Parlamento catalán partidario de reclamar la cesión del emblemático edificio, donde durante los últimos años confluyen todas las manifestaciones violentas que se hacen en Barcelona. ERC y el propio Aragonès aseguraron en la Cámara legislativa que el desalojo de la jefatura (actualmente, no hay grupos operativos policiales en el edificio, pero sí oficinas de distintos departamentos, así como el despacho del jefe superior) era una cuestión prioritaria.

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“No podemos dejar de escandalizarnos de que nuestros gobernantes, por un lado, hayan denunciado públicamente la historia represiva de estos espacios y, por otro, den su plácet a una limpieza de cara perpetuándose en su interior el uso de unas fuerzas policiales de ocupación que querríamos ver fuera de nuestra casa”, dice la carta. Además, subraya que “no queremos que se transforme Via Laietana como se hizo con el edificio de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid, donde se hicieron desaparecer todos los restos de las celdas y otras dependencias donde tenían a los detenidos y se practicaban torturas”.

La sectorial de la ANC reclama que “el Estado devuelva a la Generalitat y a la ciudad el edificio para hacer un centro de memoria que haga la interpretación de la represión en nuestro país”. Pero, especialmente, advierte a Pere Aragonès: “No podemos permitir que la Generalitat de Cataluña traicione la memoria de todas aquellas personas que pasaron no hace muchos años por unas dependencias que representan la vergüenza y la humillación más profunda”.

Una memoria selectiva

Ese mensaje, sin embargo, tiene trampa: el independentismo quiere utilizar el edificio no como un memorial de memoria histórica, sino como un espacio de denuncia del franquismo… y de la transición (de hecho, sectores ‘indepes’ continúan afirmando que se practicaron torturas en esas dependencias incluso después de que no hubiese en las mismas ningún grupo policial operativo). Pero ha vetado que en la sede de la Jefatura de Barcelona se incluyan los sucesos ocurridos durante la República, cuando allí tenía su sede la Seguridad Pública de la Generalitat, dirigida por un siniestro personaje llamado Miquel Badia (que fue abatido a tiros por un comando anarquista, comandado por el activista de la FAI Justo Bueno, en abril de 1936).

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Badia era un militante de ERC filonazi que estaba bajo las órdenes del consejero de Gobernación, Josep Dencàs, que escapó de Cataluña (fue el único consejero del Gobierno de Lluís Companys que logró huir por las alcantarillas) y que reapareció en Roma en un balcón, junto al Duce Benito Mussolini. En los calabozos de ese edificio, Badia torturó a centenares de anarquistas. Años antes, se había afiliado a la organización terrorista Bandera Negra. Y durante su etapa en la Generalitat, controlaba los Escamots, grupos de acción catalanistas inspirados en los grupos paramilitares fascistas italianos, especializados en ‘reventar’ huelgas. Pese a su terrible leyenda negra, la ideología independentista de Badia le valió el ser reconocido como un referente por el expresidente catalán Quim Torra. Y al homenaje que cada año le realizan grupos de la ultraderecha independentista en el lugar en el que cayó muerto ha asistido incluso el actual presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el exdiputado republicano Gerard del Moral.

JxCAT y ERC pactaron en su acuerdo de gobierno para esta legislatura “impulsar una ley integral de memoria democrática” para “convertir la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana en un centro de interpretación de la memoria”. Claro que esa ‘interpretación’ es sospechosa, puesto que excluye cualquier referencia a las torturas practicadas por funcionarios de la Generalitat cuando estos ocupaban las dependencias. Algunas entidades de la memoria histórica, afirman fuentes cercanas al Gobierno español, se han abierto a dialogar sobre la ampliación de esa memoria selectiva y a englobar en el futuro ‘museo’ el recuerdo de todas las víctimas (sin excepción) que padecieron persecución y torturas en Via Laietana.