Un campo de minas con facturas en diferido

Alberto Ruiz-Gallardón fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003. El próximo día 7 de junio debe declarar como investigado —lo que antes era imputado— ante el juez del llamado caso Lezo.

Esperanza Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. Abandonó la actividad pública tras dimitir de sus cargos asumiendo la responsabilidad política por casos de corrupción.

Ignacio González fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015. Estuvo en prisión siete meses en 2017 acusado de graves delitos de corrupción por los que sigue imputado.

Cristina Cifuentes fue presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018. Dimitió tras ser acusada de tener un máster falso, lo que provocó la falsificación de un acta, y tras difundirse un vídeo en el que participa en un hurto en un supermercado.

Son los cuatro responsables de la comunidad que ha tenido el PP y han estado al frente de la institución 23 años ininterrumpidos y los cuatro tienen, en distinto grado e intensidad, problemas con la Justicia. Es posible que por eso alguno de ellos excuse su asistencia a la recepción de la fiesta de la Comunidad del 2 de mayo. No están para canapés, aplausos y medallas. Solo es equiparable esa persistencia en la imputación en la lista de tesoreros del PP en toda su historia: ser tesorero del PP o presidente del PP en la Comunidad de Madrid es actividad de alto riesgo judicial.

Es posible que por eso alguno de ellos excuse su asistencia a la recepción del 2 de mayo. No están para canapés, aplausos y medallas

Se suman a otros destacados cargos del partido y el Gobierno en la comunidad que han ido cayendo en casos como Lezo, Púnica y Gürtel, con epicentro en el PP de Madrid. Así hasta dejar asolado el partido en una de las comunidades más emblemáticas, por su importancia política y estratégica.

Sus dimisiones y situaciones procesales, una detrás de otra, sirven para intentar entender el agujero negro en el que se ha convertido el PP en Madrid. Se pueden incluir episodios como el del caso de espionaje desde la propia comunidad a dirigentes del partido, la difusión de grabaciones comprometedoras, vídeos personales y la investigación de la compra de un ático de lujo. Curiosamente, tres de ellos han sido mencionados en algún momento y con distinta intensidad como hipotéticos aspirantes a ser líderes nacionales del PP. Y los cuatro han tenido cargos públicos destacados, dependientes del Gobierno central: ministros, delegada del Gobierno, presidenta del Senado y secretario de Estado. Ambas circunstancias dan idea de su relevancia dentro de la organización del PP y en la vida política de España en los últimos 30 años.

Sirven también para entender hasta qué punto la situación del PP en la Comunidad y cómo todos sus antecedentes afectan al presente del partido y al Gobierno de Mariano Rajoy. Y también al futuro porque los cuatro, en diferente grado, están relacionados de alguna manera con sumarios por corrupción que aún tienen largo recorrido y que para alguno dibujan un oscuro horizonte penal.

Desde 1991 ha sido el partido más votado en la comunidad y desde 1995 los resultados electorales del PP se han mantenido en el 50%

Desde 1991 ha sido el partido más votado en la comunidad y desde 1995 los resultados electorales del PP se han mantenido en el 50%, con mayoría absoluta hasta 2015, siempre como fuerza hegemónica, sin discusión y sin contrapeso. Solo en las últimas, afectado por los escándalos, bajó al 33.1%. En ese dato influyó la irrupción de Ciudadanos, disputándole el centro derecha, y ahora la suma de todos los párrafos anteriores pueden convertir al PP en partido de oposición, por primera vez en casi 30 años.

Por eso el pánico en el PP y en el Gobierno y por eso la dificultad para encontrar quien pilote ese esfuerzo titánico de reconstruir los escombros. ¿Quién se arriesga a ser el quinto de la lista de presidentes del PP en Madrid? ¿Quién se arriesga a designar un presidente provisional y luego un candidato sin revisar sus antecedentes?

La situación llega al punto en el que desear a otro compañero o compañera de partido ese cargo no es desear su éxito o su ascenso, sino confiar en que se estrelle sentado (o sentada) en un polvorín, al que se llega cruzando un campo de minas. Se pasan al cobro las facturas pendientes y en diferido, pero no simuladas.

Que en Génova quieran ver a Soraya Sáenz de Santamaría al frente de la lista del PP en Madrid solo puede interpretarse en esa clave de venganza. No es casual que el primero que haya mencionado esa posibilidad en público haya sido el exministro José Manuel García Margallo, alineado en el equipo de los menos afines a la vicepresidenta.

Que en el Gobierno se crea que Cospedal se la jugó y perdió en las semanas pasadas en la resolución del caso Cifuentes solo tiene esa lógica de la factura pendiente entre compañeros (o compañeras). O que la quieran situar en Castilla-La Mancha o, aún más lejos, en Estrasburgo.

Y mientras se sortea el campo de minas, Rajoy logra mantenerse en la Moncloa, aunque no esté claro con qué objeto y para qué, más allá del de mantenerse por mantenerse. Acaba de aceptar del PNV una medida de tanto impacto como la subida de todas las pensiones (que antes se decía imposible) y no se ha abierto ningún informativo con la noticia, porque solo se hablaba de Cifuentes. Tantas horas de televisión con las imágenes de protestas de jubilados y qué pocos minutos con la subida pactada.

Tantas horas de televisión con las imágenes de protestas de jubilados y qué pocos minutos con la subida pactada

Por eso desde el Gobierno se reprocha a Génova que no haya hecho política con tal medida, es decir, que no haya montado un gran acto para dar eco y publicidad a tal medida. Como se hizo con la reciente convención de Sevilla, pero con contenido y, sobre todo, con sentido.

En las próximas semanas, según los independentistas, el Gobierno y el PNV, habrá Govern en Cataluña, se levantará el 155 y le tocará una nueva operación diálogo, segunda vuelta de la que fracasó antes. ERC, que tendrá un vicepresidente destacado, quiere normalizar relaciones, como se intentó en algún momento entre Sáenz de Santamaría y Junqueras.