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Ojalá Aldama mienta
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Miriam González

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Ojalá Aldama mienta

Si lo que dice es verdad, nuestros funcionarios o son corruptos, o están ciegos, o les tienen los políticos completamente atemorizados

Foto: Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo. (EFE/Sergio Pérez)
Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo. (EFE/Sergio Pérez)
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Llevamos siete años oyendo decir a los políticos que ahora es imposible que se decidan licitaciones por influencia política porque las mesas de contratación pública están totalmente en manos de funcionarios. Nos lo han dicho tanto los de derechas como los de izquierdas.

Si las mesas de contratación pública están en manos de funcionarios, como se nos asegura, ¿cómo se come que un asesor (político) de un ministro (político) logre alterar el curso de las licitaciones? ¿Ocurre eso porque, además de políticos corruptos, tenemos funcionarios corruptos que se ponen a su servicio? ¿O porque los funcionarios reciben instrucciones de políticos y asesores corruptos y tienen miedo de contradecirlas o denunciarlas? ¿Puede por favor el gobierno sacar todas las listas de puestos de funcionarios involucrados en los contratos, licitaciones, subvenciones y actuaciones de los que se ha beneficiado presuntamente Aldama para que veamos cuántos escalones del funcionariado español han fallado presuntamente en su labor de imparcialidad y/o de denuncia de comportamientos corruptos?

Escuchar la declaración de Aldama requiere un cierto esfuerzo, porque a su calidad de supuesto mangante se le une un irritante airecillo de 'cuñao conseguidor' de esos que existen hasta en las mejores familias. Pero es imposible oír toda su declaración y no salir con la impresión de que, o Aldama miente en todo, o el sistema de controles de la administración española sigue siendo un monumental desastre. Si lo que dice es verdad, nuestros funcionarios o son corruptos, o están ciegos, o les tienen los políticos completamente atemorizados. La realidad es que los políticos les ponen a los funcionarios en una situación imposible, porque para poder hacer su trabajo muchos tendrían que jugarse su carrera. No es normal (entendiendo por normal no lo que hemos aceptado como habitual en España, sino el estándar generalmente aplicable en países europeos como el nuestro) que ni un solo funcionario haya parado y/o denunciado las actuaciones que cuenta Aldama, si es que son ciertas.

La declaración de Aldama pone en tela de juicio no solo el sistema de control ex ante sino también el control ex post. Hay un momento de la declaración en la que Aldama habla de un supuesto pago de 15.000 euros a Santos Cerdán. Para contextualizar ese pago, Aldama menciona que estaban "viendo una licitación con una constructora", de la cual prefiere "no decir el nombre". Y añade que, según Koldo García, no tienen que meterse "en el terreno de… que hay cupos" y "el cupo vasco es de Santos Cerdán" por lo que se le da presuntamente una comisión para "contentarle".

Esta bomba nuclear se deja pasar sin que el fiscal anticorrupción (que fusila su interrogatorio en apenas 26 minutos en el medio de los cuales se lía con sus papeles) haga ni una sola pregunta al respecto. Como abogada que ha participado en múltiples investigaciones anti-corrupción, puedo asegurar que hasta los asociados junior de cualquier firma de abogados habrían sabido hincar el diente a esas declaraciones. ¿Qué son esos cupos? ¿Se otorgan las licitaciones en España por cupos territoriales? ¿O, todavía peor, son cupos de corrupción distribuidos con criterios territoriales? ¿Se refiere Aldama a una compensación de 15.000 euros por haberse saltado un posible sistema de cupos que devengan comisiones ilegales para una red de cabecillas territoriales? ¿Por qué el fiscal no pregunta? ¿Y qué es eso de que el fiscal deje a un declarante delator decir que 'prefiere' no decir el nombre de la constructora sin presionarle?

Foto: EC Diseño.
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José María Olmo Ilustración: EC Diseño

Es entendible que a la vista de todo este tipo de actuaciones —unido a la desastrosa y casi inhumana gestión de la terrible catástrofe de la DANA— se produzca una profunda crisis de confianza por parte de la ciudadanía. En el caso de la lucha contra la corrupción, venimos de un gobierno que cayó por corrupción y pocos años después volvemos a tener corrupción en el gobierno. En las reuniones con ciudadanos se nota una desesperanza y desánimo peligrosísimos. Y se escuchan cuestionamientos de nuestro sistema democrático que hace unos años hubieran sido impensables.

El drama es que ante toda esta deriva hay una parte de la población que sigue mirando para otro lado y otra que simplemente baja la cabeza. O que se conforma con un simple cambio de caras, a sabiendas de que eso no soluciona el problema, especialmente cuando la alternativa política ni siquiera ha hecho una renovación seria.

Ya va siendo hora de que cojamos al toro por los cuernos: la única manera de evitar que el desánimo con la democracia vaya a más es empezar a reformar —institución por institución— el sistema.

Llevamos siete años oyendo decir a los políticos que ahora es imposible que se decidan licitaciones por influencia política porque las mesas de contratación pública están totalmente en manos de funcionarios. Nos lo han dicho tanto los de derechas como los de izquierdas.

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