La 'Operación Campamento': expectativas frustradas

Decía el Presidente del Gobierno en el discurso de investidura de la pasada legislatura que uno de los objetivos de su gobierno sería combatir “la especulación del suelo …, poniendo en juego la bolsa de suelo público en poder de las Administraciones y, en particular, de la Administración General del Estado”. Se trataba de una manifestación efectiva de la sensibilidad del nuevo Gobierno en la gestión de sus suelos patrimoniales.

 

Conforme a ese criterio, se pusieron en marcha una serie de actuaciones en el marco de la política de suelo impulsada desde el Ministerio de Vivienda. Los objetivos generales que en aquellos momentos se plantearon fueron, primero, combatir la especulación del suelo (prohibida expresamente en la Constitución), y, segundo, destinar los suelos públicos preferentemente a fines de interés general (dotaciones públicas, equipamientos sociales) y en especial a vivienda protegida. Esa política del gobierno en materia de gestión de suelo público para dotaciones, equipamientos y vivienda protegida ha producido resultados inmediatos en algunas actuaciones y frustraciones en otras, por su excesiva lentitud.

En este artículo me quiero detener en la Operación Campamento. Cuando la presentamos el Ministro de Defensa, José Bono, y yo misma, como Ministra de Vivienda, llevaba 20 años anunciándose, desde los años 80. Por su dimensión y por su simbolismo, la Operación Campamento era/es la actuación más importante puesta en marcha. Sólo en su primera fase, permitiría construir 10.700 viviendas, de las cuales, al menos, 7.000 serían viviendas protegidas.

La primera vez que con este Gobierno se habló de la Operación Campamento, se hizo con ocasión de la presentación de un informe conjunto de los Ministerios de Defensa y de Vivienda en el Consejo de Ministros, el 21 de enero de 2005, dando el visto bueno al lanzamiento de la primera fase de esta operación. La calificamos como la principal operación de suelo del Estado para vivienda protegida en esa legislatura.

Estoy hablando de una operación que comprendía, en total, casi 9 millones de m² sobre los que podrían construirse unas 17.400 viviendas, divididos en dos grandes ámbitos de ordenación urbanística que constituían las dos fases de la operación. Uno, clasificado como suelo urbano (2,1 millones de m²)y otro como suelo urbanizable no programado (6,8 millones) cuyo desarrollo llevaría más tiempo (requería primero un Plan de Sectorización con aprobación definitiva autonómica, etc.). En cualquier caso, aunque mucho más extenso, este segundo ámbito daría soporte a menos viviendas (unas 7.000) por estar previstos otros usos.

En la primera fase, que fue la que impulsamos, se tenía que replantear el Plan Parcial de la fase 1 (la de suelo urbano), de manera que, una vez demolidas las instalaciones y aprobados por el Ayuntamiento el Plan y el Proyecto de Urbanización, pudieran iniciarse las obras de urbanización de los terrenos lo antes posible y pasarse a la fase de edificación de las viviendas dentro de esa misma legislatura. Y estábamos convencidos de la importancia de que el Gobierno fuera quien tomara la iniciativa y que lo hiciera justo en ese momento con una demanda de vivienda insatisfecha por los precios tan elevados.

Si se comparaba la entidad de esta propuesta con el planteamiento anterior, los datos hablaban por sí mismos, ya que se incrementaban las viviendas a construir en un 12,27% y las protegidas en un 33%, pasando éstas de 5.260 a 7.000. Y de las 7.000 viviendas protegidas, al menos 1.100 serían para oferta en alquiler, lo que suponía más del 15 % y el doble de los objetivos convenidos con la CAM en el marco del Plan de Vivienda para un año. Pero además de esto, se trataba de una propuesta de ordenación urbana de calidad ambiental, con importantes reservas de terrenos para zonas verdes, dotaciones y equipamientos, con una interesante ordenación de volúmenes, y una propuesta de soterramiento en un punto de la carretera de Extremadura que permitirá comunicar a las dos áreas entre sí con un bulevar, “cosiendo” ambos tejidos urbanos.

Y en aquel momento decíamos que el área que se acometería inmediatamente destinaría todo su suelo residencial a viviendas protegidas. Después de la presentación del informe conjunto en Consejo de Ministros, se firmó un protocolo de colaboración, primero con el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el 25 de enero de 2005 y, poco después, el 10 de mayo de 2005, con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, incorporándose ésta a la Operación. Y en febrero de 2006 se produjo la demolición simbólica de uno de los cuarteles.

Mediante estos protocolos, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad se comprometieron a ejercer con agilidad sus competencias para tramitar con la máxima celeridad los instrumentos urbanísticos necesarios, así como resolver las necesarias conexiones con infraestructuras y servicios de su competencia. Y así llegamos a noviembre de 2005, firmando, de nuevo con el Alcalde, un convenio urbanístico de infraestructuras en el marco de esta actuación, garantizando que la actuación, además de ser buena en sí misma, era buena para Madrid y mejoraría sus infraestructuras viarias para favorecer la movilidad de los madrileños. Planteábamos esa actuación como una operación de vivienda en un entorno urbano de calidad y no como una mera operación patrimonial.

Era cuando pensábamos que la operación no tenía marcha atrás –y no la ha tenido, de momento- por dos razones: la primera, porque todos los agentes públicos implicados en esta operación nos comprometimos a darle impulso sobre unas bases consensuadas; la segunda, y más importante, porque los ciudadanos de Madrid no perdonarían que habiendo llegado a este punto, no se culminara el proceso que permitiría ofrecerles, en esa primera fase, más de 7.000 viviendas protegidas.

¿Qué ha pasado entonces para que cuatro años después, en 2009, los trámites urbanísticos municipales y autonómicos no hayan permitido la construcción de las viviendas protegidas? ¿A qué obedece esa lentitud? ¿Quién tiene que dar explicaciones sobre esto? ¿Es un problema la enajenación de los suelos públicos? ¿O los aprovechamientos urbanísticos? 

El 7 de septiembre de 2004 se produjo un Acuerdo en el Consejo Rector del Consorcio de la Operación Chamartín (Ampliación de la Castellana) para desbloquear su tramitación aumentando la proporción de vivienda protegida en la actuación urbanística. Hace unos días, en diciembre de 2008, se ha firmado un protocolo con el Ayuntamiento de Madrid. Dentro de pocos con la Comunidad de Madrid. Parece que la historia se repite ¿no?