Presidente, consejero, carretera y manta

Contestará al requerimiento de la Delegación del Gobierno —lo mismo sentamos cátedra, ha llegado a decir—. Subiendo la apuesta, también ha anunciado que comparecerá ante la Inspección de Trabajo para aclarar su situación laboral. Él lo tiene claro. Ni un paso atrás. No duda. Tampoco se le pasa por la cabeza que la situación que está protagonizando pueda desembocar, meses o años después, en una lluvia fina de denuncias e indemnizaciones. A Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura, no le corta la mayonesa un informe, obligándole a anular las decisiones adoptadas después del veintidós de diciembre —momento en que se perdió el quórum mínimo de tres al que obliga el Reglamento Orgánico de la Corporación—.

Opinión

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Muy lejos de tirar la toalla o dar por finalizada la huida hacia delante que él y su vicepresidente y consejero, Juan Nicolás Cabrera, están viviendo de meses a esta parte, el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura prefiere hacer oídos sordos. Manta a la cabeza. Continúan sin mirar atrás y, empeorándolo, tampoco hacia delante, obviando el riesgo cierto de que ignorar el informe emitido por la Delegación del Gobierno en Canarias —vinculante, para más señas— puede costarle muy caro a la Corporación Insular. Lloret ni pestañea, pero hay dudas jurídicas razonables sobre la factura, quizá millonaria, que puede acabar abriéndole una boca de agua a la institución si terminan en los juzgados las decisiones que están adoptando únicamente dos de los veintitrés consejeros que se sientan en el pleno —decisiones que según la Delegación deben ser revocadas en un plazo de un mes—.

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Con veintiún consejeros en la oposición, Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera, ambos dirigentes de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), tocan el piano a cuatro manos como responsables de más de una treintena de áreas y gestionan un presupuesto de ciento setenta y cinco millones de euros que se traducen en inversiones en infraestructuras, planeamiento, carreteras o gestión de residuos. Esta rareza puede costarle caro al Cabildo de la Isla, no solo por el colapso administrativo que provoca que más de treinta áreas sean llevadas por una pareja de consejeros, sino porque la vulnerabilidad que abona una gobernanza tan inédita —jamás se había dado algo similar en la larga trayectoria de los cabildos insulares — puede ser presa fácil de futuribles demandantes que, sintiéndose perjudicados por las decisiones adoptadas por la pareja firmante, llegado el momento procesal oportuno rescatarían entre otros informes el que ha emitido la Administración del Estado —representada en las islas por su Delegación— instando a presidente y vicepresidente, Lloret y Cabrera, a sacar a la institución de la senda de la anormalidad.

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La oposición, veintiún consejeros frente a los dos que gobiernan el Cabildo, comparte la inquietud y el desconcierto que provoca un pilotaje a cuatro manos; sin embargo, unos están más preocupados que otros. La consejera y portavoz de Coalición Canaria, Lola García, denuncia que los acuerdos anulados incluyen un contrato millonario para carreteras o, entre otros, el de la atención a la dependencia. Quien fue presidenta de la Corporación a comienzos del actual mandato —apenas unos días, antes de que una moción de censura la sentara en la oposición— considera que el informe revocando las decisiones adoptadas estos meses certifica el peligro que la situación implica para el funcionamiento de la institución, qué decir de la inseguridad jurídica que contamina la atmósfera o los expedientes.

La portavoz de CC cree que deben revisarse de oficio los acuerdos adoptados a cuatro manos en el consejo de gobierno —saltándose el quórum mínimo de tres miembros— y ha solicitado el amparo al Ejecutivo autonómico y a la propia Delegación del Gobierno. Lloret está gobernado al margen de la legalidad, ha dicho Lola García. A su juicio, este dislate político y administrativo se sigue teniendo en pie porque cuenta con el beneplácito del PSOE, al que acusa de ser cómplice del desgobierno. Lloret sabe que no va a volver a gobernar y va a hacer en estos setenta días que le quedan todo lo que quiera hacer —ha dicho la expresidenta—.

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No lo ve tan oscuro el secretario general del PSOE, Blas Acosta. Quien, como Lola García, fue presidente hasta que dejó de serlo en el transcurso de este mismo mandato —periodo con más presidentes que consejeros gobernando en la actualidad— entiende que los decretos firmados en el consejo de gobierno no corren el peligro de provocar una ola de indemnizaciones. A diferencia de la preocupación mostrada por Coalición Canaria o el PP, Acosta cree que no hay riesgo de que decisiones e inversiones acaben en el juzgado. Al menos las que conocemos hasta la fecha, ha advertido Acosta.

Dos consejeros no gobiernan si los otros veintiuno se ponen de acuerdo, pero no ha sido posible. A PSOE, CC y PP lo único que los une es haber acabado en la oposición. Poco o nada más tienen en común los partidos que, a su pesar, han hecho posible con sus desencuentros que el Cabildo sea gobernado a dos. La portavoz de Coalición culpa al PSOE de no haberse sentado para intentar una mayoría que evite al Cabildo una situación tan extravagante y el secretario general socialista responde que planteó a los partidos de la oposición que se incorporaran al consejo de gobierno para las decisiones de mayor calado, propuesta que —según Acosta— no fue escuchada por Coalición ni PP.

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No me grites que no te veo. En la mala relación que intoxica el diálogo entre veintiún consejeros está el germen del esperpento que vive la corporación insular. Sin su desencuentro, nada de esto —este desgobierno a cuatro manos— habría sido posible.

Con la campaña electoral doblando la esquina, el calendario y el desacuerdo desmontan cualquier opción de reconducir el tablero político en el Cabildo. Con la sombra de futuras denuncias e indemnizaciones sobrevolando las decisiones que se han adoptado durante los últimos meses, el presidente, Sergio Lloret, lejos de bajar los brazos opta por huir hacia delante gritando a los cuatro vientos que hay tres sentencias del Tribunal Supremo avalando la toma de acuerdos de dos miembros en órganos similares. No le quita el sueño que, como ha apuntado Jéssica de León, consejera del PP, la licitación de contratos estos últimos tres meses —más de treinta y cinco millones de euros— sean nulos y animen a los adjudicatarios a reclamar las correspondientes indemnizaciones.

Lloret no se inmuta. Ni con ella amenaza de que las decisiones adoptadas acaben en los juzgados ni con su comparecencia ante la Inspección de Trabajo, donde debe dar cuenta de su situación laboral después de que se hiciera pública la solicitud de su baja, durante dos meses, en lugar de acceder al permiso por su reciente paternidad, circunstancia que dejó durante unos días al Cabildo de Fuerteventura en manos de un solo consejero, su vicepresidente. Ni un paso atrás. Tampoco a un lado. Sergio Lloret no abandonará la presidencia hasta el último minuto del mandato. No le preocupa la inseguridad jurídica que pueda estar sembrando esta coyuntura, ni las posibles denuncias e indemnizaciones. No le inquieta el informe de la Delegación del Gobierno, tampoco su comparecencia ante la Inspección de Trabajo. Sergio Lloret no se da por aludido. Con su consejero, carretera y manta. Sigue adelante con su gobierno a cuatro manos, una extravagancia política y administrativa que el desencuentro de los otros veintiún consejeros ha llevado de la ciencia ficción a la realidad.