Condenado el fiscal y 30 años para Ábalos: el 20-N que nunca soñó Sánchez

Al final, y salvo intervención del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido -el de las togas y el polvo del camino- después de un preceptivo incidente de nulidad, el fiscal general del Estado va "p'alante", como vaticinó el otro gran protagonista de uno de los juicios más mediáticos -por expectación y por la cantidad de periodistas que desfilaron en el Supremo- de la historia reciente. Miguel Ángel Rodríguez irrumpió este jueves en el despacho de la presidenta de la Comunidad de Madrid al grito de '¡Condena!". Álvaro García Ortiz era inhabilitado por dos años por "revelación de datos confidenciales" de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y deberá indemnizarle con 10.000 euros, muy lejos de lo que solicitaba, pero lo suficiente para tasarlo como una victoria moral.

Pedro Sánchez, que llegó a utilizar una tribuna de prensa en un viaje a Europa para exigir a los medios y a la oposición disculpas por querer llevar a juicio su fiscal general -"¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso...", "¿Quién va a pedir disculpas ahora al fiscal general del Estado? ¿Quién...?"- ha visto una vez más cómo la realidad le lanza a la cara toda su hemeroteca. Y lo hace, precisamente, el 20-N, cuando el presidente del Gobierno y sus estrategas de Moncloa pensaban que el Año Franco, el de los fastos para conmemorar los cincuenta años de la muerte en la cama del dictador, iban a tapar todas las vergüenzas actuales que le acechan en los tribunales.

Porque la condena al fiscal general del Estado, que prefirió no dimitir y hacer, de esa manera, arrastrar con él a la institución que representa, no ha sido la única mala noticia que ha echado por tierra el 20-N que soñaba el presidente del Gobierno. Horas antes del fallo se conocían las peticiones de cárcel para el que fuera hombre fuerte de su Gobierno, número dos y mano derecha en el PSOE y uno de los artífices de su vuelta triunfal a la Secretaría General del partido. José Luis Ábalos afronta tres décadas de cárcel por organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento público. La petición de las acusaciones particulares se venía a sumar a los 24 años que solicitaba este miércoles, precisamente, la Fiscalía.

No hay resignificación del Valle de los Caídos que pueda tapar la condena al fiscal general del Estado -sin precedentes en la historia de la democracia española- ni el próximo paso por el banquillo de Ábalos. Con el agravante de que su sucesor como número dos en el partido acababa de salir de prisión tras pasarse cinco meses en Soto del Real por presuntamente cobrar mordidas de la obra pública a través de una empresa creada para ello, Servinabar.

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Tanto Ábalos como Cerdán pueden dar con sus huesos en la cárcel más pronto que tarde -la Fiscalía y las acusaciones han pedido al juez una vista para decidir si envía al exministro a prisión y pone fin a su libertad y a su sueldo en el Congreso de los Diputados, y si eso sucede, el riesgo de fuga de su sucesor se incrementaría y la Justicia se replantearía su recobrada libertad-. Pedro Sánchez podría seguir alegando que no sabía a quién ponía al frente del partido, ni de la vida disoluta del uno ni de la red de comisiones y mordidas del otro, pero la presión judicial no va a aminorar sobre su entorno.

Al contrario. Tras el juicio finiquitado del fiscal general y el inminente a Ábalos por todos esos delitos, llegará el del hermano del presidente del Gobierno en los juzgados de Badajoz en la próxima primavera. Ver en el banquillo al hermano del inquilino de la Moncloa será también algo histórico. Llegará luego el de Cerdán por las comisiones de la obra pública.

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Más adelante se verá cómo termina la instrucción del caso Begoña Gómez: más citas con la historia si la mujer del presidente acaba sentada en el banquillo por sus imputaciones por tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Con este panorama policiaco judicial, en España seguimos mirando al pasado con las campañas que organizan los que Ignacio Varela llama hoy en este diario "los antifranquistas póstumos que proliferaron como setas cuando serlo ya salía gratis. Tras la primera erupción, el antifranquismo póstumo nos dejó en paz una temporada, pero ahora ha regresado con su peor cara, la del cinismo oportunista. Además de póstumo, es postizo".

Y es un antifranquismo, además, que se utiliza como trampantojo para intentar ocultar los verdaderos problemas de este país: la falta de vivienda, la precariedad laboral o la pérdida del tren de la convergencia en Europa. Luego, nos llevamos las manos a la cabeza porque uno de cada cinco españoles dice valorar como "buena o muy buena" la dictadura de Franco. Como dice Savater también en este mismo periódico, "si yo solo hubiera conocido los años del sanchismo, no tendría muy buena opinión de la democracia. Los que hemos conocido la dictadura tenemos una opinión distinta, claro está, aunque la época actual se parece más a la época de Franco que a cualquier otra cosa".