Uno de los nuestros

"La corrupción policial no puede existir, a menos que sea tolerada en los niveles más altos del departamento". Esta frase, dicha por su protagonista, Al Pacino, resume la lucha de un policía honesto contra la corrupción sistémica dentro del Departamento de Policía de Nueva York en la película Serpico (1973).

Esta semana hemos sabido que la Policía Nacional ha ofrecido a una inspectora de Policía protección policial contra la Policía. Creo que con esta frase demoledora poco más se puede añadir.

El Cuerpo Nacional de Policía, que tiene que velar por todos, impedir y perseguir delitos y proteger a las víctimas, se ha presentado ante la opinión pública mostrando sus vergüenzas. Y no debemos quedarnos solo con la querella contra el Director Adjunto Operativo (DAO) por agresión sexual presentada por una subordinada, sino también con el comportamiento de miembros del cuerpo, supuestamente tapando al querellado y disuadiendo a la víctima de denunciar y con la difusión en chats policiales de los datos personales de identificación y localización de la querellante. Este no es un “escándalo” más, de esos que parecen alegrar a los contrincantes políticos aunque finjan estar horrorizados. Estamos ante una noticia grave, preocupante y descorazonadora por lo que implica para todos.

El punto de partida de cualquier análisis para un demócrata debe ser el respeto a la presunción de inocencia del querellado –que no ha cometido delito alguno hasta que recaiga sentencia condenatoria– y la condición de víctima de la querellante, aunque no haya aún condena. Así lo establece nuestro Estatuto de la Víctima, precisamente para proteger a quienes denuncian delitos como este.

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Lo primero que debe alertarnos del caso es: ¿por qué una integrante de la Policía Nacional decide acudir a un Punto Violeta a denunciar una violación en lugar de a una comisaría de Policía? ¿Por qué, asesorada por un abogado, desconfía tanto de la institución a la que sirve que ha presentado querella ante los juzgados, directamente, sin pasar por la previa denuncia en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), lo más habitual? ¿Por qué ha pedido que la grabación aportada así como el resto de documentos gráficos y sonoros sean peritados por la Guardia Civil en caso de ser cuestionados? Qué desconfianza tan grande debe albergar para huir de los suyos.

Lo segundo que nos sonroja es que haya trascendido que, en los días siguientes al día de autos, la mano derecha del ex DAO supuestamente llamó a la víctima ofreciéndole el puesto que quisiera a cambio de su silencio: "Elige qué destino de trabajo quieres y cuando lo tengas pensado me dices por wasap". No olvidemos que el delito de omisión del deber de perseguir delitos por parte de las autoridades obligadas a ello está tipificado en el Código Penal.

No podemos sentirnos seguros si, como se ha dicho en prensa, en los chats policiales se difunden detalles de la querella y datos personales y de localización de la querellante. De ser así, además de someterla a una presión indescriptible, victimizándola y dando lugar a su cuestionamiento, se traslada el mensaje de que cualquier persona que ose denunciar a un poderoso corre el riesgo de ser expuesta. Existe para todos un deber de reserva de los datos personales pero, en el caso de las autoridades policiales y judiciales, la difusión de datos puede ser constitutiva de un delito de revelación de secretos.

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El asunto DAO sirve para debatir, nuevamente, sobre la correlación entre el poder y la dominación sexual. A falta de estudios más recientes, en 2021 se dio a conocer uno realizado por Comisiones Obreras (CCOO) y el Ministerio de Igualdad, denominado “Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España”. En él se ponía de manifiesto algo que intuitivamente ya se sabía: el acoso sexual en el ámbito laboral en nuestro país es llevado a cabo mayoritariamente por varones, que, principalmente, son superiores jerárquicos de la persona acosada (47,4 %). En la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, ya se concluyó que el 40,4 % de las mujeres mayores de 16 años en España habían sufrido acoso sexual en algún momento de su vida de las que 1 de cada 5 lo habían sido en el ámbito laboral.

Parte de la sociedad no llega a comprender que el consentimiento sexual prestado en el marco de una relación de dominación y poder no puede ser evaluado como libremente prestado. En esto consiste el acoso sexual, en un delito pluriofensivo que afecta a varios bienes jurídicos: la libertad sexual, la dignidad e integridad moral y la no discriminación por razón de género. La Recomendación de la Comunidad Europea 92/131 define el acoso sexual como una "conducta de naturaleza sexual que afecta a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo" y señala que puede ser "contraria al principio de igualdad de trato". Para que exista acoso en el ámbito laboral, ha de haber una situación de prevalimiento. En los actos de acoso sexual cometidos sobre un inferior jerárquico, la víctima no puede reaccionar como alguien ajeno a la relación de dependencia, al existir una asimetría derivada fundamentalmente del miedo a la represalia, a que se conozca el hecho por el resto de compañeros o a que el acosador pueda hacerle la vida imposible si se niega a acceder a sus deseos. En este caso concreto, se ha denunciado la comisión de una agresión sexual con penetración en un contexto de superioridad jerárquica, más grave aún que el acoso.

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El Ministro del Interior, Grande-Marlaska, miembro del “gobierno más feminista de la historia”, designó al querellado como cargo de confianza y ha manifestado desconocer lo sucedido, lo cual no discuto. Sin embargo, en sede parlamentaria dijo que "De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré". El ministro no es empático, ni humano, ni responsable por decir eso. La frase, dicha por quien es juez penal de profesión, es perversa al descargar en la víctima, que depende jerárquicamente de él, la decisión, centrando la atención pública en ella, presionándola para que se pronuncie. Si no lo hace, es un reconocimiento tácito al “buen hacer” del Ministro. Si pide su dimisión, ya habrá quien se encargue de politizar la supuesta violación degradando a la víctima a un mero títere de la derecha.

¿Acaso necesita el ministro una mayor constatación de que el Estado le ha fallado a la víctima?

La revictimización es el proceso por el cual una persona que ya ha sufrido un delito vuelve a experimentar un daño como víctima debido a actuaciones u omisiones posteriores, de modo que el trauma inicial se reactualiza o agrava. La frase es retorcida. Un nuevo ejercicio de abuso de poder sobre la querellante y una nueva revictimización.

En medio de todo esto debemos poner el foco sobre la necesidad de depurar responsabilidades políticas y organizativas para recuperar la confianza en el Cuerpo Nacional de Policía. Los actos individuales denunciados y el supuesto acoso indirecto dentro del cuerpo policial alejan a las víctimas de las comisarías e instauran el recelo de quienes tienen el deber de protegernos.

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Por mi profesión tengo la certeza de que la Policía Nacional está copada por servidores públicos con una enorme vocación de servicio, formados, entrenados y con un elevado nivel de profesionalidad. Como en todas las estructuras humanas, el clientelismo, el nepotismo y la camaradería entre altos mandos y la política encumbra a menudo a seres mediocres o serviles, soslayando a los “pura sangre”, con principios éticos y pundonor. Con noticias como la que ahora nos ocupa, la mayoría de los policías se sentirán abochornados y mucho más indignados que el resto de ciudadanos, porque saben cómo funciona el cuerpo y porque son conscientes de que el desprestigio se extiende por toda la organización, salpicando tanto a probos como a mezquinos.

Nuestro país se sustenta, sobre todo, en el trabajo individual de millones de ciudadanos que sirven a la sociedad desde sus pequeñas o grandes esferas de responsabilidad. La sanidad funciona sobre el agotamiento de los sanitarios. La educación funciona sobre el voluntarismo de los docentes. La justicia funciona porque hay quienes creemos en ella y trabajamos por sacar adelante los asuntos. La policía funciona también. Funciona porque hay agentes que se juegan la vida a diario por todos y no tienen nada que ver con asuntos que degradan el nombre del cuerpo.

Ahora toca dejar trabajar a la justicia para que, por el bien de todos, se esclarezcan los hechos cuanto antes.