Napoleón en Estrasburgo: el dedo político sobre el juez español del TEDH

Según cuenta Richard P. Dunn-Pattinson en Napoleon's Marshalls, el emperador francés confesó que restablecía el rango de mariscal y "derramaba recompensas" sobre sus lugartenientes para asegurarse su propia dignidad y que sus honores quedaran ligados a la suerte del emperador. Los historiadores coinciden en que Napoleón hizo nobles, duques y grandes propietarios a generales y colaboradores, convirtiendo títulos y cargos en recompensa política. Con la lógica aplastante de quien se sabe por encima del Estado, ocupó cada punto neurálgico del régimen (Ejército, diplomacia, intendencia, corte, loterías, plazas fuertes) con gente "de la casa", que debía su fortuna política directamente al emperador.

Nada nuevo bajo el sol, por tanto. No sé si en algún momento ha habido gobernantes que se hayan puesto a disposición del objetivo último de servir a la nación para la que han sido designados. Lo que sí podemos constatar es que, en España, el bien común no es lo que mueve las decisiones de quienes tienen el poder, sino blindar su propio beneficio y dejar en buena posición a los leales. La enésima sombra de injerencia sobre la elección del magistrado español ante el TEDH es uno más de los asuntos de nepotismo a los que estamos tan acostumbrados.

La existencia de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) supuso un cambio de paradigma en la política internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, se aprobó en 1950 el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), donde se creó un tribunal internacional que actúa como garante de los derechos contenidos en el tratado. El Convenio confirió a las sentencias de este tribunal carácter vinculante, por lo que no se trataba solo de un reconocimiento programático de derechos, sino de garantizar su respeto y cumplimiento por los Estados parte. España se adhirió al texto en 1979.

El TEDH está formado por tantos jueces como Estados miembros hay, sin que pueda haber dos de la misma nacionalidad. Los requisitos exigidos son gozar "de la más alta consideración moral", ser juristas de reconocida competencia, menores de 65 años, con dedicación exclusiva e independencia en el ejercicio del cargo, además de elevados conocimientos de inglés y francés.

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Para la elección de cada representante ante el TEDH han de cumplirse dos fases: una interna dentro de cada Estado miembro, en la que se propone una terna de candidatos tras el correspondiente proceso de elección; y una externa, ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde se elige a uno de ellos.

La semana pasada arrancó el proceso para renovar al juez español ante el TEDH, tras la finalización del mandato de María Elósegui, designada por un periodo de nueve años no prorrogable. El anuncio vino acompañado de la correspondiente polémica política y jurídica una vez se conoció la composición de la comisión de cinco personas designadas por el Gobierno para escoger la terna. Quienes escogerán a nuestros candidatos son Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia; Alberto Herrera, subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Gema Espinosa, vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesta por el Partido Popular; y Paz Andrés, consejera permanente del Consejo de Estado. Es decir, de los cinco miembros, tres forman parte del Gobierno y una fue elegida consejera permanente por el anterior Ejecutivo socialista, de modo que solo una integrante queda razonablemente al margen de injerencias gubernamentales (y eso sin entrar en la cuestionada forma de elegir a los vocales del CGPJ).

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Además de voces cualificadas en contra de semejante intrusión gubernativa, desde el Partido Popular se ha criticado la hipotética influencia que el Gobierno puede tener en la elección de la terna finalista, en la que se considera harto improbable que haya algún miembro que no esté alineado con el Ejecutivo.

No se trata de una anomalía exclusivamente española. El Panel Asesor del TEDH del Consejo de Europa, en su sexto informe de actividad del pasado 5 de noviembre de 2025, advirtió sobre la influencia política en la selección nacional de candidatos a juez de Estrasburgo. En el informe se destaca que, aunque varios Estados han refinado sus procedimientos fortaleciendo la independencia, imparcialidad y credibilidad en la selección de candidatos, aún hay un exceso de politización en los procesos internos, de forma que, en algunos casos, se llegó a excluir de la lista final a candidatos muy cualificados. Es cierto que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha rechazado la terna propuesta y ha mandado realizar una nueva en casos como el de Polonia y Ucrania (ambos en 2021) y Chipre (2024) por falta de transparencia, procedimiento defectuoso o incumplimiento de requisitos sustantivos.

Para ser justos y contar con todos los elementos necesarios para formarse una opinión, ha de recordarse que el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2017, ya maniobró para colocar a un juez afín en Estrasburgo. En aquella ocasión, el Gobierno presentó una terna de candidatos compuesta por Francisco de Asís Pérez de los Cobos, exmilitante del Partido Popular y expresidente del Tribunal Constitucional (2013-2017); José Martín y Pérez de Nanclares, entonces jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores; y María Elósegui, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, quien resultó finalmente elegida por la Asamblea Parlamentaria. En aquel entonces no se creó ninguna comisión calificadora o de selección, sino que la terna fue escogida directamente por el Consejo de Ministros bajo el paripé de elaboración de unas pautas de selección, publicadas en la web de Moncloa.

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Lo cierto es que produce un notable alipori ver a la diputada Gamarra interpelando al Gobierno por interferir en la selección cuando el último gobierno de su partido no se molestó en disimular su injerencia, aunque, en aquel caso, el Consejo de Europa no eligiera a ninguno de los favoritos del Ejecutivo.

No obstante, con el actual Gobierno y pese a la creación de una Comisión de Selección conforme al Real Decreto 972/2020 para la elección de candidatos del Reino de España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al TEDH, todo apunta a que estamos ante una ficticia independencia del proceso de selección iniciado por Bolaños. De todos es sabido que, para analizar un hecho, es importante no perder de vista los antecedentes y el contexto que, en el entorno político actual, nos llevan a concluir que se está tratando de dotar de aparente rigor algo que tendrá el mismo efecto que el dedazo del Gobierno de Rajoy.

En el caso de Bolaños, además, llueve sobre mojado. En abril de 2025, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) volvió a reprochar a España en la Quinta Ronda de Evaluación que no hubiera implementado satisfactoriamente sus recomendaciones. Señaló que seguían pendientes reformas relevantes para reforzar la independencia y la transparencia institucional, enlazando de nuevo el problema con la politización de los órganos judiciales y la necesidad de adaptar los nombramientos a los estándares europeos.

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Más elocuente fue la Comisión de Venecia, que, en octubre del año pasado, manifestó que solo la elección directa por jueces de los 12 vocales de procedencia judicial se ajustaba plenamente a los estándares europeos. El Gobierno distorsionó el mensaje afirmando que Europa admitía la fórmula actual de "participación parlamentaria si hay preselección judicial", lo cual es, como mínimo, una lectura sesgada: desde Europa se advirtió expresamente que ese sistema introducía una politización extrema.

Con estos antecedentes, ¿alguien cree que se dejará escapar del control gubernamental el nombramiento del magistrado español ante el TEDH?

En la práctica, en todas las instituciones y empresas públicas conviven nombramientos de claro sesgo político con otros de perfil técnico, y la frontera entre ambos no siempre es nítida porque muchos cargos se eligen en instituciones formalmente independientes, pero con designación parlamentaria o gubernamental. En el caso de RTVE, Banco de España, CNMV, CNMC, SEPI o empresas participadas por el Estado, la tensión entre perfil técnico y cuota política es especialmente visible.

Opinión

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No va a ser menos el caso de Estrasburgo, en un tribunal estratégico que ve en última instancia recursos contra los Estados miembros por vulneración de derechos humanos.

Lamentablemente, no confío en que cambien las dinámicas de selección partidista para altos cargos, a la vista del histórico nacional. Sin una regeneración democrática estructural, seguiremos sufriendo la colonización napoleónica de las instituciones.