Dilema catalán, referéndum o cárcel

Si el desafío que se lanza es “referéndum o cárcel”, un demócrata solo encuentra una respuesta. Y nunca es dejar de cumplir la ley

Foto: El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. (EFE)
El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. (EFE)

Dice Oriol Junqueras, y tiene toda la razón, que él no engaña a nadie, que nunca lo ha hecho, que desde que está en política jamás ha dicho algo distinto a que su único objetivo en esta vida es la independencia de Cataluña. Y para demostrar que el problema no es suyo, ni de Esquerra Republicana, subraya el hecho inobjetable de que durante todos estos años se le haya permitido presentarse a todas las elecciones con un programa político que defendía la independencia. Su planteamiento, por tanto, conduce a un reproche que parece la mayor obviedad de una democracia: ¿para qué se permite a un partido como Esquerra que se presente a las elecciones si luego, cuando gana en las urnas, no se le deja aplicar el programa que han votado los ciudadanos?

Dice Oriol Junqueras, y tiene toda la razón, que mientras Esquerra Republicana era un partido minoritario, nadie les prestaba atención, y a todo el mundo le daba igual lo que dijeran, pero que ellos han perseverado y ahora que los independentistas son mayoritarios en el Parlamento de Cataluña, todos los miran como si se hubieran vuelto unos secesionistas traidores, cuando en realidad siempre han dicho lo mismo.

Todo eso es así, es verdad, incuestionable, pero en lo único que yerra Oriol Junqueras, porque está equivocado o porque miente a conciencia, es que ese argumento que se plantea como de Perogrullo oculta una obviedad aún mayor: la aceptación de la democracia y la aceptación de unas elecciones, como a las que se ha presentado Esquerra Republicana desde la muerte del dictador, incluyen la aceptación de un marco legal previamente consensuado y aprobado por todos. El error, como nos quiere hacer creer ahora Oriol Junqueras, no es del Estado español ni de la democracia española por haber aceptado que se presente a las elecciones un partido republicano e independentista, a pesar de que la Constitución española no incluye ninguna de las dos cosas.

Un partido político puede pedir la república, claro, y la independencia de un territorio, faltaría más, y los ciudadanos pueden votarlo mayoritariamente, pero eso no implica que, de forma inmediata, vaya a realizarse lo prometido. Antes que los programas electorales, están las leyes. Esa es primera obligación de un demócrata. En consecuencia, a lo único que verdaderamente nos llevaría el planteamiento de Oriol Junqueras es a acusarlo a él y a su formación de deslealtad con el sistema democrático y con sus propios votantes.

¿Por qué ha ocultado ERC a sus votantes que la declaración de independencia solo podía realizarse legalmente con una reforma de la Constitución?

Si los dirigentes de Esquerra Republicana aceptan la democracia, si no tienen ninguna pretensión golpista, tendrían que haber incluido en sus programas electorales que para conseguir sus objetivos era necesario previamente reformar la Constitución; la misma Constitución que fue aprobada en Cataluña por más del 90% de los electores. Tan abrumador fue el respaldo de los catalanes a la Constitución que nunca, jamás, ninguna norma inferior, como el propio Estatuto de Cataluña, ha obtenido un resultado como aquel, el 90,38% en Barcelona, el 89,78% en Gerona, el 91,34% en Lérida y el 90,99% en Tarragona.

¿Por qué ha ocultado Esquerra Republicana a sus votantes durante todos estos años que la declaración de independencia solo podía realizarse legal y pacíficamente mediante una reforma de la Constitución? Pues porque hasta ahora les ha funcionado muy bien la estrategia de los hechos consumados; avanzaban en las elecciones al mismo tiempo que generaban en su entorno un ambiente de agravio, de ofensa y de persecución que es fundamental para mantener vivo un movimiento político transgresor como este. Así, desde el insultante y provocador “España nos roba”, llegamos al pulso definitivo al Estado que se va a plantear de forma explícita en breve: ¿a que no se atreven a encarcelar a todos los políticos independentistas?

Lo hacen mediante una falsa oferta: o se acepta el referéndum o habrá declaración unilateral de independencia. Las dos opciones son ilegales, evidentemente, pero eso es lo que menos les importa en este momento, porque la convicción de los independentistas es que en esta fase final del 'procés' el vuelco definitivo solo se producirá con la creación de ‘mártires’. El que más claro lo ha dejado entrever ha sido el portavoz parlamentario, Joan Tardá: “Si pretenden detener y encarcelar a los dirigentes democráticos catalanes, es que ya están dispuesto a perder por goleada”.

La tesis independentista es, por tanto, muy simple: el Estado español está en un callejón sin salida. Si el Gobierno de Rajoy no hace nada, se declarará la independencia; pero si lo hace, también se declarará la independencia porque nunca se va a atrever a suspender la autonomía catalana y encarcelar a los políticos catalanes que se habrán declarado en rebeldía, porque ya no reconocerán la legalidad española. Tendrá que encarcelarlos, piensan, y esa será la espoleta final que necesita el proceso para que, definitivamente, la independencia estalle multitudinaria en las calles.

¿Qué hacer cuando se corre el riesgo de inflamar más aún aquello que se pretende extinguir? Ni la Constitución española ni el Código Penal aclaran bien cómo se debe actuar ante una situación como esta, porque se bascula desde lo muy grave a lo muy exiguo; desde la aplicación del delito de sedición (“declarar la independencia de una parte del territorio nacional…”) al estado de excepción (“cuando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas…”), pasando por el ambiguo artículo 155 de la Constitución sobre una hipotética suspensión de la autonomía. No está claro, es verdad, pero eso solo se refiere al camino jurídico a seguir.

Ante la ofensiva final del independentismo en Cataluña, lo único claro en un Estado de derecho es que no puede temblarle el pulso en el cumplimiento de la ley. Si el desafío que se lanza es “referéndum o cárcel”, un demócrata solo encuentra una respuesta. Y nunca es dejar de cumplir la ley.

Matacán

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