El PSOE vuelve a mentir con los ERE

Como el gitano aquel que llegó a los juzgados de Sevilla, Javier Guerrero, el pivote sobre el que gira el escándalo de los ERE, ha decidido que su nueva estrategia será el silencio. “Señoría, me acojo a la quinta enmienda”, dijo enfático el gitano al que habían detenido por vender en el mercadillo antigüedades robadas. Con el mismo desparpajo, Guerrero modificó ayer sus seis declaraciones anteriores (¡seis declaraciones!) y le dijo al tribunal que todo ha sido fruto de la ofuscación, de la presión de los medios de comunicación, de la policía y de la sociedad misma. “Me acojo a mi derecho a no declarar salvo las preguntas de mi abogado”, ha dicho el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía en la reanudación del juicio del fraude de los ERE. Lo cual, que el escándalo acaba de inaugurar una nueva fase que supone, políticamente, que los socialistas andaluces han comenzado a fabricar una nueva mentira sobre los ERE, para intentar camuflar lo que sucedió; para esconderlo, para disimularlo y negarlo después. Se subraya lo de la nueva fase política, que no judicial, porque es evidente que nadie puede objetar nada al derecho irrenunciable de cada uno de los procesados a defenderse ante los tribunales de Justicia como mejor le convenga. Lo único que ocurre es que si existe un cambio de estrategia judicial, eso quiere decir que los socialistas andaluces están preparando ya el discurso exculpatorio que les llevará en su día a exigir disculpas públicas por el proceso judicial que inició la jueza Mercedes Alaya.

Como se ha insistido aquí en numerosas ocasiones, en los asuntos que conciernen a la corrupción es fundamental distinguir entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Cuando se conoce un caso de corrupción, y existen elementos irrebatibles, que nadie niega, los ciudadanos se merecen una explicación política, una disculpa política, de los principales dirigentes políticos de la Administración en la que se ha generado el fraude, al margen de que en el correspondiente proceso penal las responsabilidades les afecten directamente o queden exonerados. Los socialistas andaluces comenzaron negándolo todo cuando comenzaron las investigaciones, “cosa de tres chorizos; este chicle no da más de sí”, pero al cabo del tiempo no tuvieron más remedio que admitirlo cuando se hizo abrumadora la sucesión sonrojante de sinvergonzonerías.

“No hubo un gran plan, pero sí hubo un gran fraude”, admitió José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero andaluz, cuando salió de declarar en el Tribunal Supremo en abril de 2015. Ahora que el juicio está en marcha y, sobre todo, ahora que la Audiencia de Sevilla ha decidido excluir de los cargos el delito de asociación ilícita, la estrategia socialista que ya se dibuja vuelve sobre sus pasos para intentar reducir lo ocurrido en el escándalo de los ERE a la actuación fraudulenta de un grupo de personas, pero sin conexión política alguna ni con el Gobierno ni con los intereses electorales, clientelares, del PSOE de Andalucía. Para este último paso era esencial, y así ha ocurrido, que Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, se desdiga de sus declaraciones anteriores y niegue ahora que en el Gobierno andaluz se tenía pleno conocimiento de cómo se repartieron los cientos y cientos de millones de los ERE.

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En cualquier caso, aunque esa sea la estrategia de exculpación, lo que nadie podrá negar, como al principio, son las evidencias que se contienen en el sumario. ¿Podían conocer los principales responsables del Gobierno andaluz el reparto arbitrario de los fondos de Empleo? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Repasemos solo dos evidencias al respecto:

Primera evidencia: Javier Guerrero era un mecenas en su entorno. A todo aquel que le parecía bien, por una causa o por otra, porque fuera de la familia, porque perteneciera al PSOE o porque era un conocido que pasaba dificultades, le concedía una ayuda o una subvención para acabar con sus problemas. Es lo que dijo, para disculparse, en una de las entrevistas que concedió: “Son criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas”. En ese singular apartado de ‘criaturas’, lo mismo figura el churrero del pueblo de Javier Guerrero, al que conocía de la infancia, que un exalcalde socialista, que la madre de su chófer. A todos ellos, como a tantos otros, les llegaba una subvención de 100.000 o de 200.000 euros, o una prejubilación de 2.000 euros mensuales a cargo de una empresa en la que nunca habían trabajado.

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Es evidente que si Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo entre 1999 y 2008, pudo repartir dinero a su antojo durante tanto tiempo es porque había un sistema que se lo permitía. Como sostenía Mercedes Alaya en sus autos, “se ha estado prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo adecuado, que no es otro que el de la subvención excepcional, otorgándose además por una persona, el director general de Trabajo, que carece de competencia para ello”. El fraude de los ERE, en fin, no es el desfalco de quien mete un día la mano en la caja.

Segunda evidencia: existe un caso documentado en el sumario, muy significativo de cómo el fraude de los ERE es un escándalo de política clientelar. Se trata de la subvención que recibió una empresa en crisis, Bilore, en la provincia de Córdoba. En 2004, en plena campaña electoral de Manuel Chaves en las elecciones andaluzas, se recibe en la Presidencia de la Junta de Andalucía una carta de los trabajadores de esa empresa advirtiéndoles de que si no se solucionan sus problemas, van a boicotear el mitin que tiene programado el PSOE en Lucena.

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Lo que ocurre a continuación es que desde Presidencia de la Junta de Andalucía se envía un fax al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, con instrucciones —“sería conveniente haberlo encauzado”— para que la subvención correspondiente se solventara antes del mitin en el que iba a intervenir Chaves. “Hacer lo necesario para ayudar a los extrabajadores y seguir realizando sus funciones para mantener la paz social, bien avalando un crédito con el que los extrabajadores adquirirían las instalaciones de Bilore o mediante prejubilaciones”.

La Guardia Civil localizó ese fax y la importancia del mismo es que, según confesó Guerrero a los agentes de la investigación, es el único caso en el que recibió una instrucción por escrito. Es evidente, por tanto, que si en la Presidencia de la Junta de Andalucía sabían que quien podía solventar las ayudas de forma inmediata era el director general de Trabajo, es porque se conocía perfectamente su plena disponibilidad para manejar, sin más trámite que la instrucción política, los millonarios fondos que estaban destinados a ayudar a empresas en crisis.