Caso ERE, ridículo judicial

Si en tres años se ha avanzado en 20 o 30 piezas, ya podemos imaginarnos lo que queda por delante. Un caso que puede llegar, perfectamente, a la próxima década

Foto: Imagen del juicio de la pieza política del caso ERE. (EFE)
Imagen del juicio de la pieza política del caso ERE. (EFE)

El caso de los ERE que conocíamos, que alarmó a toda España por la desvergüenza con la que se despilfarraba en Andalucía el dinero público, va camino de convertirse en un escándalo judicial simétrico, de la misma dimensión, con lo que se habrá redondeado la burla a los ciudadanos. No solo se destapa un sistema político corrupto y clientelar que funciona durante años, sin que sea detectado por los controles internos de toda Administración, sino que cuando se descubre el fraude, la Justicia es incapaz de aclarar lo sucedido y condenar debidamente a los responsables. No es que exista una conspiración judicial para dejar en nada ese fraude, jueces y fiscales manipulados y teledirigidos por oscuros políticos; nada de eso está pasando: lo que está ocurriendo es que un sistema judicial tan precario como el español acaba colapsando cuando llega a una Audiencia una macrocausa como la de los ERE, una más de las que se han abierto contra la Junta de Andalucía. El resultado es el ridículo, el absurdo, el hartazgo, la indefensión.

La advertencia de que el caso de los ERE tenía un horizonte judicial complejo —en muchos aspectos— no es, desde luego, nueva y aquí mismo se adelantó hace más de un año, a principios de 2017, del ‘imposible metafísico’ de este proceso por las carencias materiales para digerirlo. Cuando todavía no se había fijado fecha para la celebración de ninguno de los juicios relacionados con el caso, los jueces y fiscales de la Audiencia de Sevilla, que es donde se va a resolver todo, ya estaban denunciando que la causa se alargaría por lo menos cuatro o cinco años más y que mucho más allá de 2020 se seguirían fijando fechas para la celebración de la vista oral. ¿Realmente nos damos cuenta de lo que supone esta previsión? Pues que un presunto fraude cuyo origen se remonta a 2001 seguirá analizándose en primera instancia 20 años después, pendiente todavía de los posteriores recursos que consumirán otro largo tiempo de estancia en el sistema judicial. ¿Se habrá cerrado el caso de los ERE 30 años después? Que nadie lo descarte. Al menos, tal y como se están desarrollando actualmente las cosas.

¿Quiere decir todo ello que la jueza Alaya tenía razón cuando solicitó que la causa no se dividiera, que se llevara a juicio como un solo fraude?

La última luz de alarma se ha encendido esta misma semana cuando se ha conocido, a través de la Agencia Europa Press, un escrito de la jueza que lleva el caso, María Núñez Bolaños —titular del juzgado número 6 desde la marcha de Mercedes Alaya—, en el que incoaba diligencias previas para finalizar la instrucción de otras 10 piezas separadas de los ERE y, además, daba órdenes a la Guardia Civil para investigar cinco ayudas más sobre las que hay sospechas de irregularidad. Es decir, tres años después de que Mercedes Alaya se marchase del juzgado, todavía quedan flecos pendientes de investigación, aunque eso no es lo más grave.

Lo peor de todo es que hablamos de la reactivación de 10 o 15 piezas judiciales y resulta que esa cifra supone un avance mínimo, inapreciable, en el conjunto de la causa porque quedan pendientes todavía en torno a 250 piezas similares. Si en tres años se ha avanzado en 20 o 30 piezas, ya podemos imaginarnos lo que queda por delante. ¿Quiere decir todo ello que la que tenía razón era la jueza Alaya, cuando solicitó que la causa no se dividiera, que se llevara a juicio como un solo fraude? Esa duda quizá no se resuelva nunca porque, frente a ese criterio, se impuso la opinión mayoritaria de jueces y fiscales de que un macroproceso como este era inviable mantenerlo en una sola pieza, con lo que se criticaba solapadamente el vicio de origen de la instrucción mastodóntica por parte de Mercedes Alaya.

Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)
Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)

En cualquier caso, la realidad ahora ya no precisa de controversias: hace tres años, el caso de los ERE se dividió en 270 piezas y todavía quedan pendientes la inmensa mayoría. La celebración del juicio contra Chaves y Griñán, máximos responsables políticos del caso, solo es la punta del iceberg, lo que se ve, pero el resto, el fraude real, está en los cientos de millones de euros que se otorgaron en ayudas de manera irregular, según las acusaciones. Nadie garantiza hoy que todo eso no acabe difuminado, invalidado o prescrito. Como se señalaba antes, esa sería la segunda burla al ciudadano por el escándalo de los ERE, la ausencia de justicia o la imposibilidad de justicia. Habrá quien, de forma simplona, quiera ver conspiraciones de togas o comportamientos frívolos y erráticos de jueces y fiscales para explicar lo que sucede, pero no es esa la realidad.

El CGPJ elaboró un informe alertando de las circunstancias en las que trabajaban los magistrados de la Audiencia de Sevilla

La única verdad constatable es que han sido los propios profesionales de la Justicia quienes vienen alertando desde hace años de la precariedad del sistema judicial español por parte del Estado, el descuido absoluto de la autonomía andaluza desde que asumió las competencias de gestión, y la posibilidad cierta de colapso en las circunstancias actuales, con lo que ello supone para todos. De hecho, hace unos meses, fue el propio Consejo General del Poder Judicial quien elaboró un informe alertando de las circunstancias en las que trabajaban los magistrados de la Audiencia de Sevilla, con una media de asuntos por juez muy superior (hasta un 148%) a la de sus colegas andaluces o españoles, que a su vez están descompensados con respecto de la media europea. Los inspectores del Consejo General del Poder Judicial no solo constataron la excesiva carga de trabajo sino que advertían de los riesgos existentes para “la salud física y psicosocial” de los magistrados sevillanos.

Con ese informe, nuevamente se solicitaron refuerzos, y lo que ha ocurrido es que no solo no se han aprobado las nuevas plazas exigidas, sino que se han anulado algunas sustituciones de magistrados enfermos o de baja laboral. En ese ambiente de trabajo, en ese entorno de presión y desánimo, el escándalo de los ERE, que tanto nos alarmó por el descontrol político existente en la Junta de Andalucía, puede acabar replicado en la Justicia andaluza y española, descubriéndonos por igual la cutre realidad que la contempla.

Matacán

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