Manuel Chaves, factoría de escándalos

Cuando llega una sentencia sobre un caso, conviene detenerse en él para comprobar que si se produjeron muchos casos de corrupción en Andalucía, fue porque existía un silencio cómplice

Foto: El expresidente andaluz Manuel Chaves, durante el juicio de los ERE. (EFE)
El expresidente andaluz Manuel Chaves, durante el juicio de los ERE. (EFE)

Diez años después, una sentencia judicial ha condenado el caso de nepotismo más grave y desconocido de la Junta de Andalucía: los más de 10millones de euros que Manuel Chaves, siendo presidente, concedió a la empresa en la que trabajaba su hija. Desconocido fuera de Andalucía y prácticamente olvidado dentro. Lo que conoce todo el mundo de las corruptelas andaluzas es el escándalo de los ERE, por su volumen económico, por la legión de imputados, por la grosería del desfalco, pero ha sido este caso desconocido, sobre el que ya hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el que más directamente afecta a Manuel Chaves y, sobre todo, el que mejor explica la soberbia y la prepotencia con la que se manejaba el Gobierno socialista andaluz en esa etapa; soberbia y prepotencia, el denominador común de los otros muchos escándalos que Chaves ha dejado tras su larga etapa como mandatario andaluz. Una factoría de escándalos fabricados con los mismos materiales de descontrol, despilfarro y falta de ética política, podría decirse.

En el caso de Matsa (Minas de Aguas Teñidas SA), la empresa en la que la hija de Manuel Chaves aún trabaja como abogada jefa, todos los aspectos legales y políticos desaconsejaban que el Gobierno andaluz concediera esa ayuda millonaria, pero Manuel Chaves, con el aire inflado de inmunidad que se respiraba en aquellos años en el PSOE andaluz, los desoyó todos y sacó adelante la subvención. La superioridad era tan grande que el entonces presidente de la Junta de Andalucía ni siquiera tuvo la prudencia estética de ausentarse unos segundos del Consejo de Gobierno, para que por lo menos la aprobación de la subvención a la empresa de su hija no llevase su firma. Pero no, se quedó y su Gobierno ratificó la ayuda que, previamente, había autorizado la Agencia IDEA, la que está en el epicentro del fraude de los ERE. Todo se produce, además, cuando la crisis económica ya había estallado en todo el mundo, comenzaba a arrasarlo todo en España y, con las líneas de crédito cerradas y los mercados en caída libre, recibir una ayuda pública como la que obtuvo Matsa era un deseo imposible para el común.

Es importante detenerse en los detalles del caso porque ayuda a reconstruir con fidelidad el ambiente existente en Andalucía, el caldo de cultivo de la corrupción andaluza que estallaría después. Paula Chaves Iborra entra a trabajar como abogada en la empresa Matsa el 2 de julio de 2007, siendo su padre presidente de la Junta de Andalucía. Dos semanas más tarde, el 20 de julio, Matsa solicita una subvención al Ministerio de Industria, entonces en manos de Miguel Sebastián, con Rodríguez Zapatero de presidente, y tres meses más tarde, el 11 de octubre de 2007, pide una subvención más a la Junta de Andalucía. Al recibir el expediente, los técnicos del ministerio deniegan la ayuda porque la subvención se solicitó para unas obras que ya estaban iniciadas (por “no cumplir con el requisito de no iniciar las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda”, decía el BOE el 7 de mayo de 2008) mientras que, de forma paralela, la Junta de Andalucía, que estaba acogida por la misma normativa, no solo no denegó la ayuda sino que la incrementó, de seis millones de euros a 10, exactamente 10.093.472,70 euros.

Sin reparo alguno, la subvención en la que intervino Paula Chaves como apoderada de la empresa Matsa la aprobó un Consejo de Gobierno presidido por Chaves, el 20 de enero de 2009; padre e hija en el mismo expediente. Era muy evidente la incompatibilidad que existía por el hecho de que Chaves no se hubiera ausentado del Consejo de Gobierno, pero con distintas estratagemas el presidente andaluz logró esquivarla. Lo que, 10 años después, no ha logrado burlar es la constatación de que, como decía el ministerio, la ayuda se solicitó con las obras ya iniciadas. Por eso ahora, casi 10 años después, Matsa ha sido condenada a devolver, con intereses, el dinero recibido.

La subvención en la que intervino Paula Chaves como apoderada de la empresa Matsa la aprobó un Consejo de Gobierno presidido por el expresidente

De todas formas, con ser grave lo sucedido, lo fundamental para comprender el porqué de la corrupción en Andalucía es lo que ocurrió cuando se denunció el caso Matsa, la cobertura social y mediática con la que se acalló el escándalo. Esa era la norma común en la Andalucía de Chaves: toda denuncia que afectaba al presidente socialista se envolvía al instante de una campaña de descrédito del periodista y del medio que la hubiera realizado. En este caso, como en tantos otros durante aquellos años, la denuncia la realizó la edición regional del periódico 'El Mundo' y el periodista que investigó la subvención a Matsa fue Manuel María Becerro, que tuvo que soportar la descalificación burlona de su trabajo y la amenaza continua de querellas judiciales. Puede servir de ejemplo lo que escribió al conocerse la denuncia un político socialista que sigue en primera línea, era portavoz del Gobierno socialista y, en la actualidad, es consejero de Susana Díaz. Se llama Miguel Ángel Vázquez y el 27 de mayo de 2009 escribía lo siguiente en su blog: “Una manía persecutoria más allá de la razón y la verdad merecedora de psicoanálisis (…). Sus denuncias sobre supuestos escándalos e irregularidades no tienen ni fondo ni eco en los otros medios de comunicación, son auténticos panfletos incendiarios y tendenciosos. Y lo trágico es que ha convertido el periodismo en una mercancía, en un sindicato de intereses, en una reyerta de mercenarios por un botín ayuno de deontología”.

Esa era la norma común en la Andalucía de Chaves: toda denuncia que afectaba al presidente se traducía en una campaña de descrédito al periodista

En lo único que no mentía el tipo, hoy consejero de Cultura, es en que eso era así, las cosas funcionaban así en Andalucía: las denuncias que afectaban al PSOE y, sobre todo, a Manuel Chaves se tapaban, se ignoraban, se minimizaban o se negaban, sin más. Ante cualquier escándalo, siempre existía una presunción de culpabilidad de quien denunciaba y ese era todo el debate.

En este caso, a Chaves le bastaba con decir, como hizo con toda solemnidad: “Es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada” y, aunque las pruebas documentales demostrasen lo contrario, ya no existía otra versión para quienes, desde diferentes ámbitos sociales, políticos y periodísticos, tenían la obligación ética y profesional de buscar la verdad. Por eso, 10 años después, cuando llega una sentencia sobre un caso del que ya nadie se acuerda, conviene detenerse en él para comprobar que si, durante un largo periodo de tiempo, se produjeron muchos casos de corrupción en Andalucía, fue porque existía un silencio cómplice que hizo creer a los gobernantes que estaban amparados por una inmunidad que les permitía cualquier exceso. Incluso firmar como presidente una subvención ilegal de 10 millones de euros para la empresa en la que trabaja tu hija.

Matacán

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