Las señas de identidad del deterioro de la hegemonía socialista en Andalucía, tras cuatro décadas de gobierno ininterrumpido, estaban bien definidas: corrupción política y una administración clientelar. Sobre esos dos pilares, la oposición construyó durante años el discurso que llevó al Partido Socialista a perder el gobierno de Andalucía, en diciembre pasado; la amarga victoria de Susana Díaz que puede costarle incluso su carrera política.

En el documento que firmaron Ciudadanos y el Partido Popular para gobernar ya se establecía como objetivo meterle la tijera al abultado entramado heredado por el PSOE, fundamentalmente lo que se conoce como ‘administración paralela’ de la Junta de Andalucía. El compromiso formal era “reducirla a la mitad”, pero solo han sido necesario cuatro meses para que se reconozca que eso no será posible. Sostienen que el PSOE de Andalucía se encargó de dejar atada y bien atada la estabilidad de ese magma, con el blindaje de los empleados públicos, con lo que cualquier decisión que suponga reducir la plantilla acabaría con una condena segura del Gobierno andaluz en los tribunales de Justicia.

Reducir la ‘administración paralela’ a la mitad precisaría de un presupuesto especial para sufragar las indemnizaciones millonarias de esos miles de trabajadores que, a diferencia de los funcionarios, no tuvieron que superar ningún tipo de oposición, pero con derechos laborales intocables. Como se ha apuntado aquí en alguna ocasión, desmontar un régimen clientelar de cuarenta años es un programa de gobierno en sí mismo, y son otras las urgencias, en sanidad o en educación, que acabarán suplantando a la promesa de adelgazamiento de la administración andaluza.

Un informe de la Cámara de Cuentas de 2019 es el que ha revelado la escasa eficacia de la reordenación del sector público andaluz

¿Debemos sorprendernos de que dos partidos políticos firmen un documento con la promesa de reducir a la mitad la ‘administración paralela y que, cuatro meses después, ya se admita que no podrá cumplirse? La justificación que se ofrece es que, aunque era bien conocida algunos aspectos de la administración paralela, ha sido ahora, al entrar en el Gobierno, cuando los dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos han tenido conocimiento de los detalles precisos que condicionan el cumplimiento de aquel compromiso. “La reordenación del sector público es una obligación que se remonta al año 2010, cuando se conocía con toda la crudeza, la gravedad de la crisis económica que asolaba el mundo. El Gobierno de Zapatero lo puso en marcha, con el objetivo de reducir el peso de la administración, y lo que hizo la Junta de Andalucía fue camuflar la reestructuración, de acuerdo con UGT y CCOO”. En vez de suprimir organismos, los reagrupó para simular que disminuía la administración paralela. Si había dos empresas con 750 trabajadores, se disolvieron y se creó una nueva con 1.500 empleados.

Un informe de la Cámara de Cuentas del 19 de diciembre del año pasado -es decir, una vez superadas las elecciones andaluzas- es el que ha revelado la escasa eficacia de la reordenación del sector público andaluz emprendida por sucesivos gobiernos socialistas desde 2011. “En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía -dice la Cámara de Cuentas- no consta la existencia y aprobación de una herramienta de planificación estratégica en la que se identifiquen objetivos, indicadores, plazos, efectos, así como los órganos encargados del seguimiento y medición de los resultados alcanzados en términos de coste, ahorro, personal, etc., de forma que se garantice que los procesos de extinción, creación y transformación o reestructuración de entidades dependientes o participadas por la Junta de Andalucía, respondan a una gestión organizada, coordinada, coherente, eficaz y eficiente”. Oficialmente, lo que se decía desde el Gobierno andaluz es que se había conseguido reducir casi a la mitad la administración paralela, compuesta por 367 empresas públicas, consorcios y fundaciones existentes en 2010. Pero se trataba de un mero maquillaje, sin incidencia real sobre el número de empleados públicos, como ha descubierto la Cámara de Cuentas. “En general se observa que la extinción de entes no ha afectado de forma significativa a una reducción del personal del SPJA, en la medida en que en la mayoría de los casos el personal se ha integrado en otra entidad preexistente o de nueva creación que queda subrogada en la posición jurídica derivada de las relaciones laborales preexistentes, o bien las entidades extinguidas no disponían de personal al haber cesado en su actividad”.

Comparado con el sector privado, en la admn. andaluza trabaja más gente que en las 58 empresas con mayor volumen de venta en Andalucía

La irrelevancia e inoperancia de las políticas de reordenación del sector público tienen una trascendencia especial en autonomías como la andaluza en la que el peso del sector público es muy elevado, sobre todo en comparación con el empleo del sector privado. La ‘plantilla’ de la Junta de Andalucía asciende a unos 270.000 trabajadores, en su mayoría funcionarios de Sanidad y de Educación, mientras que la administración paralela suma más de 27.300 empleados públicos. En alguna ocasión, se han realizado comparativas y se ha llegado a la conclusión de que la Junta de Andalucía le da empleo a casi el diez por ciento de la población activa andaluza. En comparación con el sector privado, en la administración andaluza trabaja más gente que en las 58 empresas con mayor volumen de venta en Andalucía. Si alguien pensaba que esa realidad había que modificarla para que esta región pueda prosperar y abandonar los últimos puestos en todas las estadísticas laborales, ya puede ir asimilando que no habrá cambios significativos. Lo que ahora sabemos es que cuando el PSOE proclamaba que estaba adelgazando el peso del sector público, no decía la verdad y cuando el PP y Ciudadanos anunciaron que iban a meterle tijera a la estructura clientelar, no decían o no sabían que sería imposible.