Torpezas, chiringuitos y cintas de vídeo

Un acontecimiento banal ha alterado estos días la apacible vida de gestión y ejemplaridad que pretende implantar el nuevo Gobierno andaluz, cosido entre el PP y Ciudadanos con pespuntes de Vox, para hacerse un hueco sólido en la política andaluza, dominada hasta ahora por sucesivos gobiernos socialistas. Para no ser un paréntesis de cuatro años, como les ha ocurrido a sus colegas de Extremadura o de Castilla-La Mancha, quieren huir de los escándalos y, sobre todo, que su llegada a la Junta de Andalucía sea perceptible en algunas parcelas fundamentales de la vida pública andaluza, aquello que en tiempos del PSOE se consideraban la ‘joya de la corona’, como la educación y la sanidad.

Saben bien los actuales gobernantes andaluces que fue el deterioro de esos dos servicios públicos los que horadaron, en gran medida, el prestigio socialista y, por eso, tienen cuatro años de plazo para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma y mejor. En ese objetivo de medio plazo, esta semana ha irrumpido una señora con un video. Iba a ver el despacho de su marido, un alto cargo de la Consejería de Educación, y hablaba de aquello como si fuera un apartamento con vistas en la playa que le acababan de regalar.

¿Es un acontecimiento banal? Absolutamente banal; en sí mismo no tiene más relevancia que la vergüenza ajena que pueda provocar tanta cursilería, pero la política está hecha de gestos y para la ejemplaridad, para esa imagen que se quiere trasladar de cambio en las formas, el vídeo de la señora se convierte en una mirilla desde la que se puede observar lo contrario, que quien llega al poder se acomoda y comienza a actuar de la misma forma que lo hacían sus predecesores, a los que tanto criticaban. La señora, ya se sabe, es Virginia Moreno, pareja de Manuel Cortés, director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Lo que compartió con sus amigos de Instagram y, a partir de ahí, con medio mundo, es lo contenta que estaba al llegar al trabajo de su marido, en adelante “cari”, que se mantenía detrás de su mesa mientras ella hacía un barrido con su cámara del móvil para mostrarnos el despacho completo y las reformas, ¿verdad, cari?, que habría que hacer para ponerlo más mono. “Estoy llegando a la Agencia de Manuel”, decía al principio con ese estomagante sentido de la propiedad que afecta a tantos políticos.

Esa Agencia es uno de los doce organismos que este Gobierno andaluz, en su primera reunión, ordenó auditar a la Intervención General

¿Cómo que la ‘Agencia de Manuel’? El actual director de la Agencia Pública Andaluza de Educación no tiene ninguna agencia suya, aunque parezca absurdo subrayarlo, ni es experto en educación; es un graduado en Ingeniería Técnica Industrial, especializado en auditorías energéticas, y ha ascendido hasta un alto cargo en Educación gracias a que se afilió a Ciudadanos, fue concejal de Urbanismo en Mijas y, por esa razón, por ser de Málaga, se ha hecho un hueco en esa Consejería que, en el pacto, le correspondió a Ciudadanos con un malagueño, Javier Imbroda, al frente. Pero es que resulta, además, que esa Agencia es uno de los doce organismos públicos que este Gobierno andaluz, en su primera reunión, ordenó auditar a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Ordenó auditarlos porque todos ellos forman parte de la inmensa “administración paralela” de la administración andaluza, lo que la oposición durante tantos años de hegemonía socialista denominaba “los chiringuitos” de la Junta. La auditoría concluyó que había "duplicidades" y "malgasto" de fondos públicos en los doce, que tenían una plantilla desorbitada de casi diez mil trabajadores (9.461), en su inmensa mayoría contratados: menos de 500 funcionarios. El coste para los andaluces, para los fondos públicos, no era menor: 2.411 millones de euros anuales.

La ‘Agencia de Manuel’ era de las peores. Hay que tener en cuenta que el mandato del Gobierno andaluz se limitaba a esas doce agencias, porque la ‘administración paralela’ es mucho mayor y emplea a 27.000 personas. Con lo cual, habría que deducir que Partido Popular y Ciudadanos se centraron en una docena porque pensarían que podría eliminarlas después y mostrarlas como ejemplo de buena gestión y recortes de lo superfluo. De hecho, la propia Intervención General de la Junta de Andalucía informó al Gobierno que la Agencia Pública Andaluza de Educación era uno de los entes perfectamente suprimibles, sin capacidad para gestionar y con un excesivo control político, pero con una plantilla de 168 trabajadores repartidos entre los servicios centrales y las ocho gerencias provinciales. Decía así la Intervención General: “No constituye el medio más idóneo para el cumplimiento de los fines para los que se creó debido a no cuenta con un régimen jurídico especial que la haga más ventajosa, no actúa por razones de seguridad pública o de urgencia ni las actuaciones que realiza entrañan especial complejidad”. ¿El vídeo de la señora es banal? Absolutamente banal, pero en política constituye un ejercicio de frivolidad inaceptable. Porque lo que prometieron PP y Ciudadanos es que iban a cerrarlos y ahora nos enteramos de que lo que quieren es redecorarlos.