El nuevo y oculto 'pacto andaluz'

El nuevo pacto andaluz suma cinco, no tres, y es el más silenciado; será porque va en contra de los discursos habituales de los cordones sanitarios y de las estrategias electorales. Es un acuerdo que implica a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Andalucía para repartirse la presidencia de los cuatro órganos principales de extracción parlamentaria: el PSOE se queda con la Cámara de Cuentas; el PP, con Canal Sur; Ciudadanos, con el Consejo Audiovisual, y Adelante Andalucía, que es la suma de Podemos e Izquierda Unida, con el Defensor del Pueblo andaluz. Vox, que es el quinto actor de ese acuerdo global, lo que consigue es representación en cada uno de esos órganos, a pesar de ser la fuerza minoritaria del Parlamento andaluz.

¿Quién le iba a decir a la expresidenta Susana Díaz que aceptaría entrar en un acuerdo legislativo en el que también estaría Vox? ¿Y Santiago Abascal, cuándo iba a pensar que acabaría suscribiendo pactos para colocar a representantes en los órganos que pretendía suprimir? ¿Dónde se quedan aquí las incompatibilidades ideológicas irreconciliables que todos ellos proclaman desde las tribunas de sus mítines?

Por ese motivo, este pacto a cinco bandas debería considerarse el verdadero pacto andaluz, porque demuestra que es posible llegar a acuerdos entre todos los grupos parlamentarios, incluyendo los extremos hacia la derecha y hacia la izquierda, que favorecen la gobernabilidad de las instituciones. Esta debería ser la auténtica ‘vía andaluza’ que se exportase al resto de España, no el ‘pacto del trifachito’, como llaman en la izquierda, de forma despectiva, al primer acuerdo de gobierno entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Este pacto a cinco bandas debería considerarse el verdadero pacto andaluz, porque demuestra que es posible llegar a acuerdos entre todos los grupos

La constatación principal de este acuerdo a cinco bandas, que muchos de los actores políticos no querrán reconocer públicamente, se constató ya en el último pleno del Parlamento de Andalucía, el último miércoles de junio, en el que los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad la modificación de las leyes que regulan la Radio Televisión de Andalucía y el Consejo Audiovisual.

Tan claro estaba el pacto, que la aprobación de esa proposición de ley se realizó, por acuerdo previo de la Junta de Portavoces, con el trámite de ‘lectura única’, lo cual implica que no existe un debate de totalidad, ni se presentan enmiendas para otro debate, ni se programan sesiones para la comparecencia de agentes sociales. En una tarde se resuelve todo, reduciendo a la mínima expresión la tramitación parlamentaria que, en algunos casos, se alarga indefinidamente.

Tanto se han querido acortar los plazos que cuando, este mismo miércoles, se ha elegido a los representantes de los dos primeros órganos, la RTVA y el Consejo Audiovisual, el examen de idoneidad de los candidatos se redujo a la lectura del currículo de cada cual, sin que nadie entrase a valorar las cualidades ni las intenciones para el cargo público que va a ocupar en los próximos cinco años. La propia presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, de Ciudadanos, lo explicó abiertamente, sin cortarse un pelo: “Fue un acuerdo de todos para reducir los tiempos”, dijo.

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Tanto en el consejo de administración de la RTVA como en el Consejo Audiovisual, habrá tres consejeros del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos, uno de Adelante Andalucía y uno de Vox. Todos aprobados por unanimidad. En el mismo paquete de los consejeros, se aprobó la designación del nuevo director general de la RTVA (Juan de Dios Mellado, a propuesta del PP) y en los próximos días el consejo de administración de la RTVA elegirá al presidente (Rafael Porras, también a propuesta del PP), y el Consejo Audiovisual hará lo propio con Antonio Checa (a propuesta de Ciudadanos); tres periodistas andaluces.

Una vez resueltos los nombramientos de los órganos televisivos, en las próximas semanas se iniciará el desbloqueo de la presidencia de la Cámara de Cuentas, que es el cargo que se ‘ha pedido’ el PSOE en ese pacto a cinco. En la actualidad, el presidente de la Cámara de Cuentas es Antonio López, que asumió el cargo en 2015, a propuesta del PSOE. Como los nombramientos de presidente y vicepresidente de la Cámara se renuevan cada tres años —aunque el mandato de cada consejero es de seis años—, Antonio López se encuentra en la actualidad en funciones, pero revalidará la presidencia por unanimidad aunque la mayoría de ese consejo la tengan PP, Ciudadanos y Vox, que entrará a formar parte del mismo.

¿Por qué quiere el PSOE el control de la Cámara de Cuentas? Es evidente que, de todos los órganos de extracción parlamentaria, la Cámara de Cuentas es la de más interés para el PSOE porque aún debe fiscalizar los dos últimos años de Susana Díaz como presidenta y, además, tendrá el control cuando, al final de esta legislatura, comiencen las auditorías que afecten al Gobierno de coalición del PP y de Ciudadanos. Los socialistas lo han preferido así por encima, incluso, del Defensor del Pueblo andaluz, que le corresponde en el acuerdo a Adelante Andalucía.

Es evidente que la Cámara de Cuentas es la de más interés para el PSOE porque aún debe fiscalizar los dos últimos años de Susana Díaz como presidenta

Ayer mismo, una portavoz de esta coalición de izquierda ya comunicó que en las próximas semanas propondrá “el nombre de una mujer con experiencia en la defensa de los derechos humanos” para que sea la nueva defensora del pueblo de Andalucía. Cuando eso suceda, y este último nombramiento salga adelante, se habrá completado el gran pacto andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su principal gestor de negociaciones imposibles, el consejero Elías Bendodo, se anotarán la victoria política de haber propiciado un acuerdo fundamental de todos los grupos parlamentarios por el que nadie, absolutamente nadie, hubiera apostado. Pero ya está claro que los cordones sanitarios desaparecen en el mismo instante que se pretende. No hay barreras ideológicas para facilitar la gobernabilidad de las instituciones sino estrategias electorales que lo impiden.