La pertinaz corrupción del PP

El origen es tan remoto en la memoria que se ha difuminado hasta el porqué del nombre, que debe permanecer entre los legajos amarillentos de los primeros expedientes policiales del sumario. La operación Púnica se llama así por el nombre científico del granado, Punica granatum, que a los investigadores de la Guardia Civil les sirvió para relacionar la trama de corrupción que estaban investigando a partir de los tiempos de Francisco Granados como alcalde de Valdemoro.

De aquel hilo, desde aquel ayuntamiento, los investigadores comenzaron a tirar y fue desmadejándose un ovillo que parece interminable, la pertinaz corrupción del Partido Popular. Cinco años después, ¡cinco años!, la instrucción judicial sigue ofreciendo noticias propias del inicio de un proceso, una treintena de nuevos investigados, entre ellos las expresidentas de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que comenzarán a prestar declaración en octubre, aniversario de la detención de Francisco Granados en 2014. Faltan todavía varios años más —en realidad, es posible que nadie lo sepa con certeza— para que las 11 piezas en las que se quiere dividir el sumario vayan a juicio, pero no deberíamos esperar más tiempo para exigirle al Partido Popular la explicación que todavía no ha ofrecido sobre la trama corrupta que se ha extendido alrededor de sus administraciones más poderosas.

Es evidente que serán los tribunales los que determinarán cuál es la verdad judicial, pero con lo que ya sabemos, solo con aquellas certezas que nadie discute, se puede elaborar una teoría de lo ocurrido que no se limita a la implicación de quienes están procesados sino que se extiende a toda una organización, un 'modus operandi' que trasciende ampliamente los límites del sumario judicial.

De la misma forma que en el escándalo de los ERE de Andalucía es imposible comprender el fraude, la desvergüenza y el despilfarro sin una forma de proceder, de gobernar, del entonces hegemónico PSOE andaluz, las tramas de corrupción que afectan al Partido Popular en Castilla y León, Madrid, Valencia y Murcia son imposibles de comprender sin un modelo de gestión predeterminado para enriquecer al partido y, de paso, a algunos de sus dirigentes. En los años ochenta, el PSOE organizó una red de financiación ilegal a través de empresas constituidas a tal efecto, el conocido caso Filesa, y 20 años después el Partido Popular, cuando se vio en el poder, organizó la misma trama, pero a través de ayuntamientos y gobiernos regionales y sus sociedades instrumentales. La historia de la corrupción, en el fondo, se repite tanto en España que los cabos ya vienen atados.

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La ampliación ahora de esta pieza, por ejemplo, debe guardar relación con la confesión que hizo Francisco Granados ante la Audiencia Nacional, a principios del año pasado, después de haber pasado por prisión. Entonces, Granados se presentó ante el juez Manuel García-Castellón y le detalló durante tres horas el esquema de la financiación ilegal del Partido Popular para financiar las campañas electorales. En su declaración, implicó a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes, que todavía era presidenta de la Comunidad de Madrid.

La réplica oficial del Partido Popular fue que todo era “pura bazofia”, sin más. Ahora, un año y medio después, es el propio juez, tras las investigaciones policiales y el escrito de la Fiscalía, quien sostiene en su auto que existía un sistema “ideado” para buscar recursos y financiar las campañas electorales; sobre todo en tiempos de Esperanza Aguirre, que era quien seleccionaba las campañas a financiar “y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad".

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Si el Partido Popular pensaba, cuando Francisco Granados se decidió a confesar, que todo era una sucia mentira, debería sostener lo mismo ahora que es un juez quien lo señala en un auto judicial y las identifica como autoras de varios delitos, financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad electoral. Pero no lo dirán; ahora lo que toca es repetir muchas veces que hay que esperar a la sentencia, que se respetan todas las decisiones judiciales y, entre tanto, ir olvidando y desterrando paulatinamente a los nuevos investigados por la corrupción de la que todos, como partido político, se han beneficiado.

El PP no puede seguir gestionando su pasado como si todo se pudiera resolver, tras cada procesamiento judicial, tras cada sentencia, con una declaración genérica, vacía y cínica de “tolerancia cero ante la corrupción”. Porque va a acabar siendo verdad que, en materia de corrupción, la clase política solo es creíble cuando les graba la Policía mientras gestionan una comisión ilegal o cuando se equivocan al hablar, como aquella vez que Pablo Casado dijo que los dirigentes del PSOE no pueden hablar de corrupción “porque no tienen credibilidad” y sentenció a continuación que “el Partido Popular sí que tiene credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad”. La seña de identidad… Pues eso.