Andalucía, las formas de la corrupción

Para que la abogada Lourdes Fuster cambie de trabajo el PP la animó a presentarse a un puesto de alta dirección a través de una oferta publicada en el Boletín Oficial de la Junta

Foto: Los abogados del PP-A, Luis García Navarro (i), y Lourdes Fuster. (EFE)
Los abogados del PP-A, Luis García Navarro (i), y Lourdes Fuster. (EFE)

La corrupción es una consecuencia, una excrecencia del poder, eso lo sabemos. El problema es que, acaso por esa habitualidad, tendemos a pensar que la corrupción sólo es importante, relevante, cuando una investigación policial o judicial, incluso periodística, logra desmantelar una trama extensa de fraude y enriquecimiento. Ignoramos o despreciamos el proceso que lleva hasta ese final, la rutina que se instala en un gobierno, en una administración, en la que el desprecio de la legalidad se convierte en rutina.

En Andalucía, como es sabido, la hegemonía de cuarenta años del PSOE se acabó justo cuando los gobernantes convirtieron en normalidad institucional la burla de todos los controles internos y, a propósito, idearon un sistema opaco para poder repartir a su antojo el inmenso caudal de fondos que se tendría que haber destinado a la creación de empleo y a la formación de trabajadores desempleados; parados en la región con más paro de Europa, que nunca debe obviarse la gravedad de este fraude. Pero el final abrupto que conocemos del escándalo de los ERE, o de los cursos de formación, o de la agencia Invercaria, tiene siempre un principio inapreciable que es el que conduce a la creencia de que en política, cuando se ostenta el poder, todo vale con tal de que la gestión corrupta se oriente hacia la permanencia en el poder.

Antes de que en el fraude de los ERE un director general, el famoso Javier Guerrero, pudiera conceder subvenciones millonarias con solo colocar un post-it en la pantalla del ordenador, sin necesidad de publicar nada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, simplemente recurriendo al ominoso 'fondo de reptiles' que se creó para ponerlo al servicio de la arbitrariedad y del sectarismo, antes de todo eso, en el Gobierno andaluz decidieron que también podían saltarse los controles en la designación y el nombramiento de gestores o trabajadores cuyos puestos tendrían que haberse sometido a un concurso público, o un proceso de selección, abierto, transparente y real. La política clientelar casi siempre precede a todo caso de corrupción de los que nos alarman, el dedazo para colocar a simpatizantes, amigos y familiares. La peligrosa inercia que se genera tiene que ver con la soberbia del poder, que traslada al gobernante la idea de que sus deseos no deben estar sometidos a reglas que lo coarten.

Los abogados Lourdes Fuster y Luis García Navarro. (EFE)
Los abogados Lourdes Fuster y Luis García Navarro. (EFE)

Desde hace una semana, los abogados de Sevilla se divierten contando el prodigioso concurso público con el que la letrada que representaba al Partido Popular en numerosos pleitos ha logrado un alto cargo en la administración andaluza. Se trata de Lourdes Fuster, quien junto a su marido y compañero, también abogado, Luis García Navarro, ha sido durante una década la cara visible en los juzgados de la acusación de los populares en los mayores casos de corrupción de la administración socialista; desde los ERE hasta Invercaria, pasando por las tarjetas de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, la famosa ‘Faffe’, con la que se llegó a pagar en prostíbulos. Una vez que esos escándalos han comenzado a resolverse en los tribunales y, sobre todo, una vez que el Partido Popular ha llegado al Gobierno andaluz, con lo que decae el interés de la denuncia política contra una hegemonía ya periclitada, el equipo jurídico también se reestructura. Hasta ahí, todo normal.

Pero para que la abogada Lourdes Fuster cambie de trabajo lo que hace el Partido Popular es animarla a que se presente para un puesto de alta dirección, la subdirección general de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, con una retribución fija de 57.098,16 euros, a los que se suman otros 1.998,33 euros en concepto de retribución fija transitoria por cumplimiento objetivos. La oferta se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 5 de septiembre pasado, con un plazo de inscripción de solicitudes de cinco días hábiles. Pese a lo corto del plazo, un cargo así tiene un éxito inmediato de acogida y se presentan 40 aspirantes, entre ellos la citada abogada. Debe presumirse, por tanto, que se trataría de un proceso de selección complicado, habida cuenta de que se exigía "experiencia acreditada en puestos de dirección y coordinación de equipos multidisciplinares, relacionados con las funciones propias del puesto", además de otros requisitos —algunos ridículos en ese contexto— como el de "una actitud positiva en políticas de género".

¿Cuánto tiempo podemos considerar que se emplea en analizar y comprobar 40 solicitudes e irlas descartando progresivamente hasta seleccionar al ganador? Debe tenerse en cuenta que las propias bases del concurso ya indicaban que "las personas candidatas que resulten preseleccionadas a criterio del Órgano Competente de Selección podrán ser citadas para la realización de una entrevista personal, que versará sobre puntos concretos de los méritos alegados y, en general, sobre todos aquellos aspectos que permitan evaluar la idoneidad de la persona candidata para el puesto".

En su justa dimensión, un concurso así es una forma de fraude. Un engaño a los ciudadanos y, sobre todo, a los restantes 39 aspirantes

Aquí llega lo extraordinario: al día siguiente de cerrarse el plazo, el día 12 de septiembre, la Consejería de Agricultura resuelve el concurso y determina que el mejor currículum es el de Lourdes Fuster, la abogada del PP en los ERE. Justo un día después, la noticia salta en la prensa local: "La abogada del Partido Popular en el caso de los ERE, Lourdes Fuster, ha sido nombrada subdirectora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Este mismo viernes día 13, el consejo rector de la agencia ha ratificado su elección". Impresionante: en un día, les ha dado tiempo a estudiar 40 solicitudes, entrevistar a los preseleccionados y elegir al mejor. Lo llamativo, además, es que el resto de los 40 currículum deberían ser muy pobres, porque la trayectoria profesional de Lourdes Fuster se limita a su trabajo como abogada de los ERE y, previamente, dos años de trabajo en el macro bufete de Garrigues.

El nombramiento de esta abogada para un alto cargo no tiene la consideración de un caso de corrupción, nadie lo piensa así, ni siquiera los grupos de la oposición, pero eso no le resta gravedad a lo ocurrido. En su justa dimensión, un concurso así es una forma de fraude, una burla. Un engaño a los ciudadanos y, sobre todo, a los restantes 39 aspirantes que, quizá, se creyeron lo del concurso de méritos para elegir al mejor de todos. Y que sea, precisamente, la abogada de los ERE la que esté en el centro de la polémica... En fin.

En este mismo mes de septiembre, en Madrid, el alcalde Martínez-Almeida, también del PP, ha nombrado a Natalia Menéndez directora del Teatro Español y las Naves del Matadero y, ante las protestas de la oposición que exigía que ese puesto se cubriera con un concurso público, la propia afectada ha dicho abiertamente que no creía en los concursos públicos; "los dirigentes deben ejercer el poder que les hemos otorgado a través de la democracia y es un derecho absoluto el poder designar así a alguien para un cargo". En efecto, mejor ese proceder que la simulación de lo contrario. La corrupción, repitamos una vez más, comienza cuando se saltan los controles para colocar de un dedazo a un amigo, un simpatizante o un familiar y acaba con ese mismo dedo señalando al destinatario de una subvención o de una obra pública. Son las formas de la corrupción. Esto no es un caso de corrupción del nuevo Gobierno del PP y de Ciudadanos en Andalucía, pero sí debería considerarse como una señal de alarma.

Matacán
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