Ley de infancia y cachetes prohibidos
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Javier Caraballo

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Ley de infancia y cachetes prohibidos

¿Qué ocurre si una madre le da un cachete a su hijo porque se niega a hacer los deberes o un padre castiga a su hija, prohibiéndole salir de su cuarto?

placeholder Foto: La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. (EFE)
La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. (EFE)

Las posibilidades de que una ley iniciada por el Partido Popular de Mariano Rajoy la haya completado y aprobado la ministra más radical del Gobierno, la podemita Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, supone un hecho tan extraordinario en la política española que, necesariamente, debe esconder una explicación que se nos escapa. ¿Cómo va a ser posible algo así?

Pues ha ocurrido, con la ‘Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia’ que es una de esas materias que, al margen de su importancia, se inscriben en los asuntos de lo políticamente correcto sobre los que nadie se quiere desmarcar. Entre otras cosas porque, objetivamente, suponen un progreso importante en la protección de derechos y libertades de los menores de edad. Solo algún radical extremista o un nacionalista limitado se opone o se abstiene, como ha ocurrido.

Descartado eso, y anteponiendo el pleno respaldo a la ley recién aprobada, lo que no puede ser es que se presente ni como una ley pionera, que llena un vacío de indefensión para los menores de edad, ni como la solución definitiva a los gravísimos problemas de malos tratos y de abusos sexuales que padecen en la actualidad miles de niños en España, que son millones cuando se contempla lo que ocurre en todo el mundo. Y, además de eso, en lo que no se repara en esta Ley, sino que se corre el riesgo de agravarlo, es en el problema que ya existe para educar a un niño sin que se confunda un cachete con un acto de maltrato.

Los fiscales de Menores, por ejemplo, deben sentirse insultados con estas cosas de la adánica ministra

Los avances primordiales de la Ley de Protección de la Infancia, reclamada desde muchos años por los organismos internacionales y asociaciones de defensa de la infancia, consisten en la unificación en un solo texto de muchas de las normas que ya existían y la modificación de algunos aspectos de leyes anteriores. Es decir, en absoluto se puede pensar que hasta que no se ha aprobado esta Ley en el Congreso de los Diputados los menores de edad estaban desprotegidos en España, al albur de violentos maltratadores y despiadados violadores, que es lo que se deduce tras oír decir a los representantes de Podemos que en España se va a dejar “de mirar para otro lado”.

Los fiscales de Menores, por ejemplo, deben sentirse insultados con estas cosas de la adánica ministra: “Por fin, esta ley va a ser una realidad efectiva y va a proteger un derecho fundamental para los niños y niñas de nuestro país. Una sociedad democrática no puede, ni por activa ni por pasiva, tolerar la violencia hacia los niños, ni física, ni sexual, ni verbal, ni psicológica”. Sencillamente, lo dicho: un insulto para tantos que no debería pasarse por alto sin más en un país desarrollado como España. Donde sí se avanza de forma notable en esta Ley de Protección integral a la infancia, además de en la unificación y la coordinación institucional, es en dos reformas legales que resuelven un enorme problema para condenar los abusos sexuales a menores.

También es relevante todo el progreso en la persecución de nuevos delitos y formas de explotación, acoso y abusos a menores

La nueva ley atiende las peticiones que se hacían desde hace años y modifica el artículo 132 de la Ley Orgánica del Código Penal, para ampliar la prescripción de diversos delitos de abusos y maltrato físico al empezar a computarse a partir de los 35 años, y no de los 18 como ocurría hasta ahora. Este aspecto sí que supone un avance trascendental. ¿Cuántos menores han sido violados y maltratados en su infancia y se guardan ese terror en lo más hondo, envuelto en un complejo o en un trauma, que no son capaces de afrontar hasta muchos años después o que arrastran toda su vida? También es relevante todo el progreso en la persecución de nuevos delitos y formas de explotación, acoso y abusos a menores, muchos de ellos en el propio ámbito escolar, como el ‘ciberbullying’, el ‘grooming’ o el ‘sexting’.

Frente a eso, el aspecto más preocupante de la nueva norma es la intención que ya se adivina claramente en Unidas Podemos para calcar en la Protección de la Infancia los excesos antijurídicos de la normativa contra la violencia machista: “La Ley de Infancia supone un cambio cultural como lo fue la Ley contra la Violencia de Género”, como escribió en sus redes sociales la ministra Belarra. El problema, en este caso, no es que exista la intencionalidad política de montar otra estructura de burocracia política, que también, sino en los problemas cotidianos que se plantean en cualquier familia cuando existe una ley que penaliza “toda forma de castigo” físico o psicológico en la educación de los menores.

La ley se encomienda (artículo 25.e) a “la promoción del buen trato en todos los ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes, así como todas las orientadas a la formación en parentalidad positiva”. Si pensamos en unos padres que propinan una paliza descomunal a uno de sus hijos, no existe debate entre personas razonables: es un comportamiento delictivo que debe castigarse con toda dureza. Pero ¿qué ocurre si una madre le da un cachete a su hijo porque se niega a hacer los deberes o un padre castiga a su hija, prohibiéndole salir de su cuarto?

La sinrazón legislativa en este tema no llega ahora, de todas formas, por ese concepto buenista de la ‘parentalidad positiva’, sino que ya lo arrastramos desde que, en tiempos de Zapatero como presidente del Gobierno, se modificó el artículo 154 del Código Civil, en el que se regula los derechos y obligaciones de los padres. Si con anterioridad se detallaba que los padres podían, en su labor educativa, “corregir razonable y moderadamente a sus hijos”, todo eso se suprimió y se incluyó que la patria potestad “se ejercerá siempre con respeto a la integridad física y psicológica” de los hijos.

Foto: Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. (EFE)

Ya entonces, a partir de esa modificación, se dieron sentencias condenatorias muy polémicas, como la de una madre que le tiró una babucha a su hijo, porque se mofaba de ella, y se hizo famoso el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, cuando resumió el despropósito en una sola frase: “Que me expliquen a mí cómo se hace esto, porque si le doy un azote en el culo le estoy dando un maltrato, y si le pongo de cara a la pared le estoy creando un trauma”. Pues eso.

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