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Inútil del año, Sergio el desconocido
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Javier Caraballo

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Inútil del año, Sergio el desconocido

Es uno de los altos cargos de ese ministerio que diseñó Pablo Iglesias, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, que tiene un presupuesto de 4.668 millones y un sueldo anual de 86.108,02

Foto: Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales. (Portal de Transparencia/EC)
Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales. (Portal de Transparencia/EC)
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Habrá pocos que lo conozcan, pero si se sometiera a votación popular, ganaría por aclamación. Se llama Sergio y se embolsa al año casi 90.000 euros de dinero público. Luego lo presentamos. Es el elegido para la casilla imaginaria de la declaración de la renta en la que cada año marcamos el destino de nuestros impuestos, que sabemos que van a ser despilfarrados. Del bolsillo del contribuyente a la inutilidad, la grasa burocrática o la inoperancia. Cada año, un inútil público, declaración formal, sellada y firmada en este artículo, que es un acto de rebeldía social al que quedan todos invitados.

¿Hay que pagar impuestos? Por supuesto, eso nadie debería de cuestionarlo. Un país progresa gracias a la redistribución de la riqueza y al fortalecimiento del estado de bienestar, que es una de las grandes conquistas de la humanidad. Pagamos impuestos para que haya mejores comunicaciones, mejores escuelas y hospitales. Pero, qué ocurre cuando sabemos que una buena parte de nuestros impuestos, del dinero que sale directamente de nuestro bolsillo, de nuestro esfuerzo, va a parar a una alcantarilla. A los españoles, cada vez se nos aprieta más, ya superamos en presión fiscal la media de la OCDE, por qué vamos a admitir, encima, que ese dinero se lo gaste, delante de nuestras narices, alguien que es perfectamente prescindible, como es la misma supuesta tarea que desarrolla.

Foto: La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra (i), junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (d), durante un acto institucional del Día del Orgullo LGTBI. (EFE/Fernando Alvarado)

¿Y quién es, entonces, el inútil público de este año? Como el nombre no le dirá nada, adjuntemos el cargo: Sergio Antonio García Torres, director general de Derechos de los Animales, con un sueldo anual de 86.108,02. Es uno de los altos cargos de ese ministerio que diseñó Pablo Iglesias, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, que tiene un presupuesto de 4.668 millones de euros, repartidos por dos secretarías de Estado, una subsecretaría, cinco direcciones generales y una secretaría general técnica. Al frente de todo ese tinglado está la líder de Podemos, Ione Belarra, que fue la designada por Iglesias para que lo sustituyera cuando se largó del Gobierno. Ya estaba de secretaria de Estado y de ahí ascendió a ministra.

Podría objetarse que el despilfarro esencial, más que el de una dirección general, está en la misma existencia de ese ministerio, y es razonable verlo así. De hecho, este ministerio, como tantos otros, no existiría si el Gobierno de España no fuera de coalición y el reparto no hubiera tenido que contentar las cuotas de tres partidos políticos, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, que tiene su propia parcela de representación, aunque esté integrado en Unidas Podemos.

La necesidad de repartir para contentar a todos fue lo que llevó a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias a pactar el Gobierno más amplio de toda la Unión Europea, con un presidente, cuatro vicepresidentes y 18 ministros, que ahí es nada… ¿Cómo puede pretender nadie que en esa tela de araña de burocracia política alguien pueda reparar en la existencia de un señor que se llama Sergio García? Pues existe y su entrada en el Gobierno debió ser una de las cuestiones que tenía más claras Pablo Iglesias: dos años antes de firmar su pacto con el PSOE, el entonces líder de Podemos se hizo un vídeo con un perrito en el que ya aparecían el tal Sergio y las pretensiones futuras de aprobar en España una Ley de Protección Animal.

Ese es su principal desempeño en esta legislatura, aprobar esa ley, para la que ya ha invertido dos años y no ha pasado del borrador. Eso es lo que conocemos de momento, lo presentó a principios de año sin demasiada trascendencia, y cuando acaben de limarse todas las disputas internas entre ministerios acabará aprobándose. Conviene subrayar esto último antes de seguir: disputas internas. Es lo que ocurre cuando se inventan ministerios nuevos tomando competencias de aquí y de allí, entre los ministerios tradicionales.

Cualquier norma tiene que ser consensuada con otros porque, a menudo, se trata de competencias compartidas. En este caso, mucho más, porque también intervienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, que quede claro: no se cuestiona que se apruebe una Ley de Protección Animal, simplemente se trata de señalar que esa misma ley se podría redactar y aprobar, incluso en menos tiempo, con muchísima menos burocracia política, si no se hubieran multiplicado artificialmente los ministerios.

[Pinche aquí para consultar el Anteproyecto de la Ley de Protección Animal completa]

Lo que ocurre, y por eso nuestro inútil del año, es que había que conseguir un cargo para este hombre con un currículo escaso que nada tiene que ver, en su origen, con el mundo animal. Lo que declara es que tiene estudios superiores en Artes Aplicadas a la Escultura y una titulación de técnico superior en esa rama, además de una especie de máster como formador en posicionamiento y manejo de redes sociales, que le fue expedido por Comisiones Obreras.

Su activismo en defensa de los animales debió ir creciendo a medida que se acercó a la política y conoció a Pablo Iglesias. Que una Ley de Protección Animal puede ser una norma positiva para una sociedad como la nuestra no creo que haya muchas personas que lo cuestionen, pero otra cosa muy distinta es la pamplina y la parafernalia de filosofía disneyiana que se perpetra en una ley así, en la que los animales parece que tienen la misma consideración que los seres humanos, sin distinción alguna, y se utiliza el mismo lenguaje e idénticas preocupaciones.

No solo se persigue el maltrato, que está bien, aunque ahora ya se hace; no solo se pretende elaborar un censo de animales domésticos, que está bien, aunque ya existe; no solo se busca catalogar la diversidad de los animales de compañía… Todo eso está bien, ¿pero de verdad es necesaria esta verborrea? Solo algunos ejemplos extraídos del borrador: “Entorno humano: ámbito modificado por el ser humano en donde desarrolla toda o parte de su actividad ordinaria. Entorno naturalizado: lugares alterados o degradados por el hombre en los que se actúa introduciendo elementos con la finalidad de reducir su grado de antropización. Colonia felina: grupo de gatos urbanos vinculados entre sí y, especialmente, con el territorio que habitan y en el que tienen sus recursos de subsistencia”.

Foto: El ministro de Universidades, Manuel Castells. (EFE) Opinión
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Si lo contemplamos solo como género de humor, sin otras consideraciones, el borrador de esta ley puede resultar divertido en su consulta, aunque ya se apunta claramente la tendencia prohibicionista que se querrá extender en el futuro a la fiesta de los toros, que, por el momento, queda excluida de esta ley. Artículo 30: “Se prohíbe el sacrificio público de animales, así como su utilización en espectáculos y otras actividades cuando estas puedan ocasionar sufrimiento o en las que puedan ser objeto de tratamiento indigno, tales como el tiro al pichón, tiro a tubo o prácticas que puedan ocasionar la muerte de animales”.

Sergio el desconocido, ya ven, apunta fuerte y ese es el único aspecto delicado de esta declaración de inutilidad, porque no debe entender el hombre que lo suyo se soluciona con redoble legislativo. Cuidado con los inútiles públicos, que pueden ser muy dañinos.

Habrá pocos que lo conozcan, pero si se sometiera a votación popular, ganaría por aclamación. Se llama Sergio y se embolsa al año casi 90.000 euros de dinero público. Luego lo presentamos. Es el elegido para la casilla imaginaria de la declaración de la renta en la que cada año marcamos el destino de nuestros impuestos, que sabemos que van a ser despilfarrados. Del bolsillo del contribuyente a la inutilidad, la grasa burocrática o la inoperancia. Cada año, un inútil público, declaración formal, sellada y firmada en este artículo, que es un acto de rebeldía social al que quedan todos invitados.

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