Los agujeros negros de la ministra de Hacienda

Érase una vez una ministra que ocultaba un secreto: nadie sabía por qué era experta en Hacienda. En realidad, tampoco ella, María Jesús Montero, por eso guardaba el secreto. Una licenciada en Medicina que nunca ejerció, pero que subió pronto y alto en los peldaños de la política, de su partido. Ni por formación ni por gestión podría explicarse el misterio, pero ahí está la mujer, consolidada como un bastión de todos los gobiernos de Pedro Sánchez. El problema de estos enigmas en política es que regurgitan, como los rumiantes.

El pasado siempre vuelve, como le ha ocurrido ahora a la ministra de Hacienda con una decisión suya que le ha costado a los andaluces el despilfarro de una cantidad de dinero que, si la extrapolamos, se parece a la de los ERE. Y se establece esta comparación, simplemente, para que nos hagamos una idea de la importancia que debería de tener este despilfarro de la ministra Montero y de las nefastas consecuencias de su gestión cuando está a cargo de las arcas públicas. Lo sucedido en Andalucía es lo siguiente. Lo detallamos y, así, que cada cual evalúe la cualificación de la ministra Montero como gestora pública. Atención al disparate.

Opinión

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En el año 2014, cuando ocupaba el cargo de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, con Susana Díaz de presidenta, aprobó una operación para dar liquidez a las arcas públicas andaluzas para venderle a un fondo inversor estadounidense, WP Carey, 70 edificios de propiedad pública por 300 millones de euros. La operación era para el fondo de inversión un caramelo, como se decía en algunas crónicas, porque la Junta de Andalucía se comprometía a alquilar esos mismos edificios durante 20 años, por algo más de 23 millones al año, además de costear el mantenimiento anual de todos ellos, en los que estaban las oficinas de 8.500 empleados de la administración andaluza.

Cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía auditó la operación, encontró, además de todo lo anterior, que María Jesús Montero había vendido esos edificios por debajo de su precio, ya que al no calcular el "valor neto actual de los flujos de caja" del periodo de alquiler se generó "una pérdida de 77,41 millones de euros". Si sumamos esa cantidad, a los 279 millones que ha pagado de alquiler y a los 328 que tendrá que pagar ahora para recuperar su propiedad, la suma asciende a 687 millones de euros, sin contar con el coste del mantenimiento, que se desconoce. Es fácil de calcular lo que ha ganado en esos años el fondo inversor, sin arriesgar nada, a costa de los andaluces.

Curiosamente, esa cifra de 687 millones que resume el ruinoso negocio que ejecutó la actual ministra de Hacienda se parece de forma extraordinaria a las que se han ido ofreciendo, a lo largo de la instrucción del caso, sobre el fraude de los ERE. Esa cifra es, por ejemplo, incluso inferior a la que aportó la Fiscalía Anticorrupción que, en su informe final, cuantificó en 679,43 millones el "montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta de Andalucía" para financiar el fondo de reptiles de aquel escándalo de ayudas, subvenciones y trapacerías. Y repitamos que la comparación se hace solo a efectos de valoración del disparate cometido con dinero público.

En realidad, no se trata tanto de una decisión política de la Junta de Andalucía, sino de una oportunidad política

En España, los delitos contemplados en el Código Penal por la administración desleal del patrimonio público están vinculados en su mayoría a la existencia de un ánimo de lucro, como prueba la inexistencia de procesos penales por operaciones ruinosas como la perpetrada por María Jesús Montero con esa operación de venta, que cuenta, además, con el aval probatorio del informe de la Cámara de Cuentas que la auditó. Ni ha habido investigación judicial alguna por el dinero despilfarrado ni, por supuesto, la afectada, la actual ministra de Hacienda, ha ofrecido explicación alguna. Es más, después de su gestión en la Junta de Andalucía, la carrera política de María Jesús Montero ha experimentado una notable y progresiva mejora con Pedro Sánchez.

Si el escándalo de hace nueve años ha regurgitado a las páginas de los periódicos de estos días, ha sido por la decisión del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno de revertir la venta y hacerse, de nuevo, con la propiedad de los edificios. En realidad, no se trata tanto de una decisión política de la Junta de Andalucía, sino de una oportunidad política. Es decir, lo que ha hecho el Gobierno andaluz ha sido aprovechar la decisión del fondo de inversiones estadounidense de deshacerse de patrimonio mobiliario y salir del mercado de oficinas.

Esa estrategia, que en los análisis económicos ya se interpretó como "un aviso a navegantes", se comunicó hace unos meses y, de forma inmediata, el Gobierno andaluz decidió aprovecharla para recuperar por 328 millones de euros los 70 edificios, repartidos por todas las provincias andaluzas, que incluyen la propiedad de 949 plazas de aparcamiento. Ahora imaginemos, por un instante, que toda esta operación se hubiera desarrollado al revés, que hubiera sido un Gobierno autonómico del Partido Popular el que vende y realquila los edificios a un fondo de inversión de Estados Unidos y que, al cabo de los años, es un gobierno del Partido Socialista el que decide recuperar el patrimonio público enajenado. Igual, no es necesario ni imaginarlo, sino tan solo un corta y pega de discursos recientes de María Jesús Montero: "La derecha reaccionaria mercadea con los intereses de todos los ciudadanos porque solo piensan en ellos, una España en la que solo caben ellos. Hacen políticas de ultraderecha para arañar unos cuantos votos y para favorecer a los de siempre". Pues eso, pero aplicado a ella misma como gestora.