España y los 'vicios vergonzosos' de sus políticos

Campeones de la política

Lo mismo que Angélica Suchs, Alejandro Font o Milagrosa Martínez, consejeros en tiempos de Camps y que hoy acreditan una acta de diputados en las Cortes Valencianas, sin duda merecida por su fértil trayectoria como corresponsables del desastre. Como el diputado Esteban González Pons, jerarca del PP, consejero de Camps y hasta portavoz en su día del PP en la cámara regional. Aunque el premio se lo lleva la exjudoca Miriam Blasco, que en su página web del Congreso luce como galones profesionales haber sido campeona olímpica y comentarista de televisión, lo que le ha bastado para ser primero senadora y ahora diputada. Si bien el auténtico campeón es José Luis Olivas, fugaz presidente de la Generalitat con mando en plaza en asuntos económicos durante muchos años y a quien como premio de tan brillante gestión se le dio la presidencia de Bancaja. Posteriormente, tras la fusión, fue canonizado como vicepresidente de Bankia. Como se ve, un auténtico corredor de fondo.

¿Y qué decir de José Montilla, Francesc Antich, José Antonio Griñán, o el exalcalde de Alcorcón Enrique Cascallana, que han dejado a sus respectivos territorios en la bancarrota y ahora gozan del privilegio de ser senadores del Reino de España sin que ningún ciudadano los haya elegido de forma directa (se ha hecho a través de los parlamentos regionales salvo en el caso de Cascallana)? O qué pensar de Tomás Gómez, una auténtica calamidad que ha llevado a su partido en Madrid a la ruina política (y económica) y que hoy se presenta como el futuro del socialismo desde su merecido y exigente escaño de senador (por supuesto con el ‘dedazo’ de la Asamblea regional). O de José María Barreda, diputado en Cortes, que se decía antes, y que ha dejado Castilla-La Mancha como un solar.

No hace falta ser muy exhaustivos para adivinar que un sistema político basado en el fulanismo conduce necesariamente a la mediocridad, toda vez que la exigencia de responsabilidad política —más allá de la censura electoral— forma parte de los instrumentos de control del poder. No basta con el control previo de legalidad. El control político del poder —mediante la separación de sus funciones— forma parte de la esencia del Estado liberal, y parece bastante evidente que no existe esa responsabilidad política cuando los legitimados para controlar al poder son, precisamente, quienes lo han ejercido inmediatamente antes. O dicho en otras palabras, el país se encuentra inmerso en un auténtico fraude al sistema de checks and balances (poderes y contrapoderes), consustancial a las democracias liberales.

Una cuestión de responsabilidad individual

Y de ahí que lo urgente sea recuperar de alguna manera la doctrina de responsabilidad individual de los ministros y altos cargos, ahora parapetados en un sistema colegiado que en realidad lo que hace es diluir su propia responsabilidad. Algo que explica que años después de dejar el poder, los ex sigan influyendo de forma decisiva en unas organizaciones de carácter fuertemente endogámico que tienden a protegerse para evitar escándalos. ¿O es que alguien cree que el PP valenciano va a airear sus miserias en público cuando eso le perjudica electoralmente? ¿No hay nadie políticamente responsable del desastre de la televisión pública (que en realidad era un cortijo privado)? Con razón la exconsejera de Turismo de la Comunidad Valenciana, Milagrosa Martínez, imputada en el ‘caso Gürtel’, dijo al juez en su día que los consellers eran como los faraones: “mueren y se llevan a todo su equipo detrás”, por supuesto, de manera bien retribuida.

¿Y qué decir de José Montilla, Francesc Antich, José Antonio Griñán o el exalcalde de Alcorcón Enrique Cascallana, que han dejado a sus respectivos territorios en la bancarrota y ahora gozan del privilegio de ser senadores del Reino de España?

El filósofo Eugenio Trías lo llamaba ejercicio “cínico y avieso del poder”, toda vez que la irresponsabilidad política denigra el sistema democrático. Bajo la apariencia de una democracia formal se esconde, en realidad, un sistema arbitrario de relaciones políticas. Y ya se sabe, como decían los viejos filósofos, que todo hombre investido de autoridad propende a abusar de ella, y para que eso no pueda suceder, el poder debe contener al poder. El Estado carece de incentivos para poner límites, y de ahí la necesidad de un entramado institucional válido que en ningún caso puede estar en manos de quienes han ejercido el poder.

 Y lo que sucede en la Conferencia Política del PSOE lo pone de manifiesto. Se habla de política, de primarias, de Estado de bienestar, de igualdad, de territorios, de salarios bajos, pero no se cuestiona un sistema político que excluye la responsabilidad individual de quienes participan en la cosa pública, lo cual es un auténtico despropósito.

¿Es razonable pensar que los mismos que han llevado al PSOE al desastre (Rubalcaba, Chacón o los dirigentes andaluces) van a ser capaces de regenerar el partido? La respuesta en las próximas elecciones. Pero antes no estaría mal aplicar lo que aclaraba también la vieja legislación decimonónica cuando ordenaba a todo funcionario al servicio de la Administración de tres maneras: de entrada, de ascenso y de término. La última etapa es lo que sigue sin cumplirse.