"Dios es español y está de parte de la nación"

Cuenta J. H. Elliott en su memorable conde duque de Olivares que en 1625 –poco antes del derrumbe definitivo del imperio–, España había recuperado su orgullo como nación gracias a los buenos oficios y a la sagacidad del valido de Felipe IV. Las victorias en Breda y en Cádiz, contra los ingleses,y en Génova y en San Juan de Puerto Ricohabían asentado al joven monarca. Y lo que antes se veía como un futuro necesariamente incierto y gris fruto de una Hacienda arruinada y corrupta, ahora el horizonte comenzaba a dibujarse con los perfiles de grandeza de otro tiempo.

Y por eso cuando el 6 de julio de 1625 llegaron a Madrid noticias de otra gran victoria, ahora en Brasil(la guarnición holandesa de Bahía se había rendido a don Fadrique de Toledo), el conde duque escribió con legítima satisfacción"Dios es español y está de parte de la nación estos días”. Pero Olivares, que era prudente por naturaleza al tiempo que violento e irascible en sus formas, también reconoció en otra misiva a Carlos Coloma, veterano de la guerra de Flandes, que esos éxitos exigían una respuesta cuidadosa que “no irritara al enemigo en vez de asustarlo”.

Es conocido como acabó un par de décadas después el efímero esplendor de Felipe IV, pero a la luz de lo que se ha podido leer y escuchar de este verano, es probable que más de uno piense que, efectivamente, Dios es español desde las elecciones de noviembre de 2011.

La prima de riesgo se diluye de forma acelerada a la sombra del galopante peligro de deflación; las cuentas públicas tienden a enderezarse (aunque todavía el déficit sea extremadamente elevado); el empleo (por muy precario que sea) ha vuelto a recuperarse aunque sea tímidamente. Y, por si no fuera suficiente, el proceso soberanista catalán se debilita día a día tras la confesión de Pujol. Ni siquiera el ‘efecto Sánchez’ le hace sombra a un Rajoyque aparece ante sus conmilitones como el César visionario del que hablaba Umbral refiriéndose al general Franco. Hasta el ministro De Guindos puede ser presidente del Eurogrupo, lo cual se presenta ante la opinión pública como la elección más importante desde que Napoleón fuera ascendido a general.

Liquidar al enemigo

Este escenario infantilmente optimista –que oculta la realidad de una Europa que se japoniza– explica que el círculo más íntimo de Rajoy presione ahora al presidente del Gobierno para rematar la faena. Un concepto político que para algunos significa liquidar al enemigo por la vía de la mayoría absoluta, como de forma poco sutil se puso de manifiesto en julio, cuando la oposición tuvo escasos días para enmendar un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que modificaba de una tacada más de 25 leyes y afectaba a media docena de ministerios.

Un ‘trágala’ inaceptable en cualquier sistema democrático que tiene como única explicación una forma maniquea de hacer política instalada en España prácticamente desde la Transición. Lo bueno es lo que hace el Gobierno (el que sea), lo malo, lo que hace la oposición (la que sea). Sin entender, precisamente, que la existencia de tupidos consensos sociales y políticos es lo que ha anclado la prosperidad institucional y económica de las grandes naciones.

Esa forma primitiva de actuar en la cosa pública esconde, sin duda, un asunto de mayor calado que va más allá de la simple aprobación de un decreto ley: la utilidad de la política -un instrumento emanado de la razón- como herramienta para resolver los problemas de la gente. Y lo que plantea ahora el Gobierno en asuntos como la elección directa de los alcaldes no es más que el reconocimiento de un fracaso como país: la inexistencia de cauces de diálogo entre los partidos para resolver un asunto añejo –la representatividad que emana del sistema electoral– que ningún Gobierno ha tenido nunca los arrestos de afrontar.

Y lo que es no menos preocupante, se hace ahondando en la costumbre de hacer política al margen de las preocupaciones sociales. Una suerte de despotismo ilustrado pero sin el segundo de los requerimientos. En ninguna encuesta del CIS aparece la reforma electoral como uno de los problemas del país.

Lo cierto, sin embargo, es que cuando la política deja de ser útil para los ciudadanos se convierte en un capricho –o, incluso, un juguete– de iluminados que frivolizan sobre cuestiones esenciales, lo cual lleva inexorablemente al desastre. Y el riesgo es mayor cuando lo que está en juego es la hegemonía en la izquierda española, donde una amalgama de formaciones y pequeños reductos luchan legítimamente por capitalizar políticamente las consecuencias sociales de años de crisis económica y de recortes.

Y pensar que la estabilidad política viene de la imposición de una ley electorales simplemente no entender los cambios sociales y políticos que ha traído la crisis. La estabilidad política, como ha demostrado desde hace más de 200 años la democracia americana, es hija de la flexibilidad política y de la cultura de la negociación. Nunca de la imposición.

Rajoy, sin embargo, arrastrado por quienes creen que perderán la vara de alcalde, puede tener la tentación de tirar por la calle de en medio; y eso es, precisamente, lo que desgraciadamente se ha hecho en España en numerosas ocasiones. Pedir consenso cuando se está fuera del Gobierno y, por el contrario, actuar de forma autoritaria cuando se ha alcanzado el poder (como sucede de forma sistemática cuando se elige a los consejeros de los órganos reguladores). Olvidando que los problemas no resueltos tienden a emerger con el tiempo.

Como sucede en la economía, también en la política existen unas reglas elementales no escritas –una especie de ley de la gravedad social– que acaban por imponerse. Y lo que hoy puede parecer una solución es posible que sea el origen de una futura derrota.

Parece evidente que ahora, en medio del desafíosoberanista y con una legislatura a punto de caducar, no es el momento de enfrentarse a aventuras en solitario que sólo dividirán más a los españoles. Pero sí que está en la mano de Rajoy y del resto de líderes políticos poner las bases sobre un futuro consenso. Pero para aplicar en la siguiente legislatura. Y crear una Ponencia parlamentaria que aborde la puesta al día del sistema electoral puede ser el primer paso.