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Robespierre al asalto de la Moncloa

Dentro de un año, aproximadamente, se celebrarán nuevas elecciones generales. Un año, como se sabe, es bastante tiempo en política. Una eternidad en algunas ocasiones

Foto: Pablo Iglesias, secretario general de Podemos (Daniel Muñoz)
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos (Daniel Muñoz)

Dentro de un año, aproximadamente, se celebrarán nuevas elecciones generales. Un año, como se sabe, es bastante tiempo en política. Una eternidad en algunas ocasiones.

Como apuntaba recientemente un lector de El Confidencial, hace apenas 365 días Podemos no existía. UPyD aparecía para ciertos sectores como la alternativa al bipartidismo, mientras que Ciudadanos no era más que la representación formal de una resistencia numantina contra el independentismo catalán. Izquierda Unida se relamía con el derrumbe socialista; ERC crecía sobre las ruinas de CiU –lo que hoy no está tan claro– y hasta Bildu disfrutaba de una cómoda cuota de poder en el País Vasco ahora amenazada por la formación de Pablo Iglesias. Hace un año, incluso, el PP tenía una estimación de voto (según el CIS) equivalente al 34% de los sufragios, lo que con la Ley D´Hondt en la mano le acercaba a una confortable mayoría parlamentaria.

Todo ha saltado por los aires.  Y no sólo por la irrupción de Podemos. El deterioro de las instituciones es un clamor y hoy todo el sistema de representación está bajo sospecha. Un niñato como el pequeño Nicolás tiene, para muchos, más credibilidad que algunas instituciones del Estado, lo que revela un estado de ánimo por los suelos y un problema de autoestima nacional que no presagia nada bueno.

Todo ha saltado por los aires. Y no sólo por la irrupción de Podemos. El deterioro de las instituciones es un clamor y hoy todo el sistema de representación está bajo sospecha. Un niñato como el pequeño Nicolás tiene, para muchos, más credibilidad que algunas instituciones del EstadoEl Gobierno confía, quizá con una lógica excesivamente racional, en que la recuperación de la actividad económica le permitirá recuperar la preferencia del electorado. Sin embargo, como sostenía el sagaz lector de este periódico, la lógica no es siempre la mejor guía para anticipar hechos históricos. Y ponía un ejemplo verdaderamente lúcido: la Revolución Francesa se inició cuando reinaba el reformista Luis XVI (que acabó sus días en la guillotina) y no, como hubiera sido más “lógico”, cuando lo hacía el despótico Luis XIV. A Mariano Rajoy le puede suceder lo mismo.

Es evidente que la economía se ha enderezado, pero eso no es incompatible con el hecho de que todavía hoy la situación de millones de familias siga siendo angustiosa. Sin duda, por un error de bulto en la estrategia de política económica diseñada por Alemania –para salvar a sus multinacionales instaladas en España– y acatada disciplinadamente por el Gobierno, que consistió en hacer un ajuste más severo de lo razonable. Hoy, ese injusto y desmesurado ajuste –subiendo el IRPF de forma absurda, bajando salarios, precarizando las relaciones laborales hasta más allá de lo prudente y favoreciendo los despidos de forma indiscriminada– es lo que le pasa factura a Rajoy.

Un problema de credibilidad

Los ciudadanos recelan de las cifras oficiales. Y eso significa lisa y llanamente que pocos creen lo que diga el presidente del Gobierno por mucha convicción que ponga en sus palabras. Es un problema de credibilidad. Y aunque Rajoy dijera que éste es o ha sido el último domingo del año, muchos ciudadanos no le creerían. Así de simple.

Un dato lo corrobora.  En octubre de 2011, poco antes de llegar a Moncloa, la estimación de voto del PP alcanzaba el 46,6%, según el CIS, y hoy apenas llega a la mitad. Y aunque las encuestas valen lo que valen a un año vista, lo que parece obvio es que el país ha dejado de creer en muchos de sus líderes. Algo que explica que se abrace con fervor a cualquier salvapatrias que diga lo que la gente quiere oír. Un Robespierre de medio pelo que hace bueno a aquel catedrático de Universidad de quien se decía que su única obra literaria era su tarjeta de visita.

Y es que en tiempos de angustia, la gente busca héroes. Y los encuentra cundo el presidente del Gobierno yerra en su análisis ofreciendo a los ciudadanos una salida a la crisis en clave exclusivamente económica, sin duda necesaria. Lo que ahora quieren escuchar los ciudadanos son reformas políticas que dignifiquen la arquitectura institucional del Estado. Y soluciones como una especie de Gobierno de concentración tras las próximas elecciones, como reclaman buena parte de la aristocracia empresarial a través de sus órganos de expresión, principalmente el diario El País, es simplemente no entender nada. Sólo agravaría los problemas. Lo que es bueno para ese fantasmagórico Consejo de Competitividad –impensable en cualquier democracia consolidada por su capacidad de influencia en la vida pública– no siempre es bueno para el país. Apelar al voto del miedo es un atropello democrático.

Zapatero se equivocó cuando no entendió que a España se le venía encima una formidable crisis que acabó poniendo al descubierto la ínfima calidad de la democracia española en términos institucionales (de ahí la crisis política y la extensión de fenómenos como la corrupción por ausencia de controles internos). Y Rajoy comete ahora el error inverso.

17 ‘miniestados’

Piensa que si la economía crece los problemas políticos se irán diluyendo. Pero eso es desconocer la esencia de la convivencia democrática, que no es otra que la creencia en las instituciones. Y cuando los ciudadanos desconfían de ellas sólo hay una forma de volver al punto de partida: anunciar reformas políticas de calado que afecten a cuestiones como la propia credibilidad del poder judicial, al modelo de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, al sistema electoral cerrado imperante desde 1977 o al propio régimen de administraciones territoriales que ha creado de forma insensata 17 miniestados a imitación del Estado español al tiempo que subsisten decenas de diputaciones provinciales. Dicho de forma sencilla: la puesta al día del pésimo entramado institucional que explica por qué las crisis económicas son siempre más intensas en España que en los países de su entorno.

España tiene un problema político y no sólo económico. Otros países con peores indicadores no tienen tantos problemas institucionales ni su clase política está tan desprestigiada. Hollande será un desastre como gestor, pero casi nadie cuestiona la esencia de la República francesaEspaña tiene hoy un problema político y no sólo económico. Y la violencia de la crisis lo pone de manifiesto. Otros países con peores indicadores macroeconómicos –como reconoció el propio Rajoy en su comparecencia del viernes– no tienen tantos problemas institucionales ni su clase política está tan desprestigiada. Hollande será un desastre como gestor, pero casi nadie cuestiona la esencia de la República francesa.

El poeta Heine dijo en una ocasión una frase sublime: Dios me perdonará: es su oficio. Los ciudadanos no son dioses y su capacidad de olvidar y de perdonar es muy  limitada. Lo que la mayoría quiere es volver a creer en la política y en los políticos. Algo que explica la eclosión de nuevas alternativas simplemente por el hecho de que no están contaminadas por el ‘antiguo régimen’. Aunque sean absurdas y puedan llevar al país a un retroceso histórico.

Ese es el problema y no si el PIB crece un 2% o los pensionistas ganan medio punto de poder adquisitivo. No hay más que echar la vista atrás y recordar lo que sucedió en 1977. En medio de una profunda crisis económica –tras el primer choque petrolífero de 1973– el país se puso manos a la obra para cambiar el sistema político heredado de la dictadura, y gracias a ello España salió adelante alumbrando una Constitución respetada por la inmensa mayoría. Esa corriente de fondo que llevaba agua limpia es la que tenido fuerza durante casi 40 años. Pero ahora el agua está estancada. Y sólo la política puede solucionar un problema político que ayudará a resolver la cuestión económica.

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