Déficit y funcionarios: ¿y si el Gobierno ha perdido el juicio?

El delirio, ya se sabe, es un trastorno patológico que, básicamente, consiste en que un individuo pierde sus facultades mentales. Ese proceso de enajenación afecta en determinados momentos a ciertos colectivos y no solo a las personas de forma individual. Incluso puede ocurrir que en algunas ocasiones una nación -en el sentido cultural y político del término- pierda el sentido de la realidad. La historia está llena de trágicas transformaciones colectivas. Pero es un hecho verdaderamente singular cuando ese estado afecta a un Gobierno. Aunque sea en funciones.

El Ejecutivo, como se sabe, ya ha comunicado oficialmente, lo ha hecho este martes ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que incumplirá este año y el próximo los objetivos de déficit público. En lugar del 2,8% del PIB previsto inicialmente, será del 3,6%, mientras que para 2017 la nueva estimación será del 2,9%, muy lejos del 1,4% previsto con anterioridad. Es decir, con menos crecimiento pretende bajar el déficit en 1,4 puntos de PIB (14.000 millones), cuando en 2015, con mayor actividad, apenas lo rebajó en ocho décimas (8.000 millones). Cosas veredes, querido Sancho.

El incumplimiento de los objetivos de déficit no es, desde luego, algo inusual. Como recordó ayer en el Parlamento el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, es la tercera vez desde que tomó posesión en la que se ve obligado a renegociar con las autoridades de Bruselas para extender en el tiempo la senda de consolidación del déficit.

Es la tercera vez desde que tomó posesión en la que De Guindos se ve obligado a renegociar con Bruselas para extender la senda de consolidación del déficit

Dos de esas negociaciones acabaron con éxito, y la tercera se está debatiendo ahora, lo cual no deja de ser significativo, teniendo en cuenta que se trata de un Gobierno en funciones. Aunque todavía es más sorprendente si se añade el hecho de que un Ejecutivo que, en teoría, debe despachar solo cuestiones administrativas y de gestión ordinaria de los asuntos públicos, tome la decisión de recortar el gasto en 2.000 millones (Acuerdo del último Consejo de Ministros).

Pues bien, ese mismo Gobierno es el que ha comunicado de manera formal al CSIF, según este sindicato, que ya este mes de abril, Hacienda devolverá a medio millón de empleados públicos la mitad de la paga extraordinaria que el Gobierno (cuando estaba en funciones reales) se comprometió a pagar. Dice el sindicato de funcionarios que esa partida estaba ya incluida en el crédito presupuestario de 2016, pero no hace falta ser un taimado analista para entender que el hecho de que se vaya a devolver en abril (cuando se podría haber ejecutado en enero) tenga alguna motivación electoral.

Lo singular, sin embargo, no es eso. Es que la paga (unos 500 millones de euros) se vaya a materializar justo cuando el ministro de Economía en funciones tiene que pedir más árnica (uno o dos años) a la Comisión Europea, lo cual no parece la mejor tarjeta de visita ni ayuda a ganar credibilidad para un país con una prima de riesgo de 135 puntos básicos que encarece el servicio de la deuda. Máxime cuando la mayoría de los empleados públicos trabaja en las comunidades autónomas.

Lo singular es que la paga se vaya a materializar justo cuando De Guindos tiene que pedir más árnica a Bruselas, lo cual no parece la mejor tarjeta de visita

Precisamente, el subsector -junto a la Seguridad Social- con más dificultades para cumplir el déficit, y cuyos gobiernos regionales tendrán, lógicamente, que aprobar una medida en esa dirección. Claro está, salvo que el Estado piense que hay funcionarios de primera y de segunda y que los primeros tienen derecho a recuperar el poder adquisitivo perdido y los segundos, no. Y jugar con el reparto del FLA a estos efectos no parece razonable, toda vez que el Gobierno es responsable de las cuentas de la Seguridad Social y la desviación ha sido mayúscula. No por un problema sobrevenido, sino porque se presupuesta fuera de toda lógica. En 2015, los ingresos por cotizaciones previstos ascendían a 109.833 millones, pero al final los derechos reconocidos alcanzaron los 100.492 millones, Una sustancial diferencia qie refleja los problemas de fondo de las cuentas públicas.

Filosofía fundacional

Lo más incoherente, sin embargo, tampoco es eso. El Gobierno parece que ha descubierto que los ajustes en el gasto público tienen un efecto contractivo sobre la actividad económica. Lo ha dicho con buen criterio el ministro De Guindos en el Congreso, lo cual choca contra la filosofía fundacional de este Gobierno, que siempre ha reivindicado que la consolidación fiscal -el saneamiento de las cuentas públicas- era el camino más recto para crear puestos de trabajo.

Ese argumento podría entenderse si la economía estuviera amenazada con un drástico enfriamiento de la actividad. Al fin y al cabo, la política fiscal -el gasto y los ingresos públicos-, como sostiene De Guindos, no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr determinados objetivos, por lo que puede servir como un poderoso instrumento contracíclico para impulsar la actividad, dejando que funcionen los estabilizadores automáticos (desempleo). Pero no.

El Gobierno parece que ha descubierto que los ajustes en el gasto público tienen un efecto contractivo sobre la actividad económica

Ocurre que, según De Guindos, España seguirá siendo en 2016 y 2017 la economía de mayor crecimiento entre los países de mayor tamaño, lo cual es una buena noticia. Es decir, que el sesgo de la política fiscal será procíclico, lo que lógicamente puede afectar a los desequilibrios macroeconómicos. Y lo que es todavía peor, el sector público puede quedarse sin artillería en caso de necesidad, como le sucedió al Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009, que tuvo que endeudarse para hacer frente a la crisis cuando los mercados estaban cerrados, lo que explica el aumento de la prima de riesgo.

No es un asunto menor. Como ha puesto de relieve recientemente la Autoridad Fiscal, desde el inicio de la crisis tanto el anterior Gobierno como el actual han hecho casi siempre (fundamentalmente a partir de 2010) políticas procíclicas: más gasto público cuando menos se necesitaba y menos expansión fiscal cuando más se requería para hacer frente a la recesión o al debilitamiento de la actividad. Por ejemplo, se han bajado los impuestos cuando la economía crecía más de un 3% en lugar de hacerlo cuando caía un 1% o un 2%. Y lo que todavía tiene más importancia. En lugar de destinar esos recursos adicionales para reducir la deuda (solidaridad intergeneracional), lo que se ha hecho es adelantar la rebaja de impuestos para hacerla coincidir con las elecciones.

El resultado es dramático. Después de duros ajustes y de un desplome sin precedentes de los gastos financieros por la caída de los tipos de interés (descomunal ahorro para los estados más endeudados), España volverá a ser este año (como lo fue el anterior) el país con mayor déficit público de la eurozona. Sin embargo, al ministro de Economía le parece un éxito, toda vez que este año 'solo' tendrá unas necesidades de financiación de 40.000 millones de euros que podrá colocar fácilmente gracias a la política ultraexpansiva del BCE.

Lo que no dijo es que el déficit estructural -al margen de ciclo económico- sigue clavado en el 2,5% del PIB y sin bajar una décima, lo que significa, ni más ni menos, que el que venga detrás que arree, que diría el clásico. El próximo Gobierno, sea el que sea, nace con un déficit de 25.000 millones de euros bajo el brazo. No tengan ninguna duda, que diría De Guindos.