Desprecian cuanto ignoran (o la maldición de España)

Schumpeter sostenía que la mayoría de las creaciones del intelecto desaparecen en un plazo que varía entre una sobremesa y una generación. Algunas formulaciones, sin embargo, continuaba el economista moravo, no lo hacen. Sufren eclipses, pero terminan regresando.

Aunque Schumpeter se refería a Marx, algo parecido le sucede a la política española, que tiende a rescatar lo peor de sí misma como si se tratara de una condena. Hasta el punto de que es capaz de recuperar viejos fracasos con toda naturalidad, como si las frustraciones colectivas formaran parte de una conspiración. O, incluso, de una maldición que resucita cada cierto periodo de tiempo.

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EC

Este es el caso del reciente acuerdo entre Sánchez e Iglesias, que desprecia uno de los valores esenciales de la democracia, y que tiene que ver con las instituciones. Algo que es todavía más preocupante tratándose de un pacto firmado por dos líderes que se dicen de izquierdas: el desprecio absoluto por la concertación social en materias que están en el ADN de sindicatos y empresarios, a quienes la Constitución concede un papel relevante en asuntos como las pensiones o el salario mínimo. Básicamente, porque ambas cuestiones están en el centro de la empresa, que es donde se desarrolla el conflicto entre capital y trabajo.

Sánchez e Iglesias, sin embargo, han decidido tirar por la calle de en medio y, en lugar de articular una propuesta negociada con los agentes sociales, han optado por empobrecer el diálogo marginando a quienes tienen algo que decir sobre el asunto.

Marginar a sindicatos y empresarios es, además, impropio de un país moderno en el que las instituciones juegan un papel determinante

Sin lugar a dudas, porque se quiere capitalizar políticamente un pacto que es razonable en términos económicos y, por supuesto, sociales, pero que necesariamente tendrá importantes repercusiones en las empresas en términos de empleo y salarios, lo que explica la importancia del diálogo social en este tipo de materias.

Marginar a sindicatos y empresarios es, además, impropio de un país moderno en el que las instituciones -y los sindicatos y las patronales lo son- juegan un papel determinante, como por cierto no sólo proclama la Constitución que el presidente Sánchez dice defender, sino la multitud de tratados y convenios internacionales firmados por España, incluida la Carta Social Europea, y que dotan a trabajadores y empresarios de una capacidad de negociación real sobre las materias que le son propias. Fundamentalmente, porque entre las funciones de los sindicatos se encuentra la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.

Partido/movimiento

No es ningún misterio que Pablo Iglesias, desde que hace unos años saltó a la arena política, nunca ha logrado conectar con los sindicatos. Probablemente, por razones generacionales, pero también porque Podemos, muy influido por la política populista latinoamericana, ha querido ser desde su nacimiento una especie de partido-movimiento, por lo que los sindicatos sobraban en ese esquema que pretendía derribar el tradicional eje derecha/izquierda. Precisamente, el esquema al que quiere volver ahora por la puerta de atrás sobreactuando con su capacidad de influencia sobre Moncloa. Dando a entender que ya hay un Gobierno de coalición en el que él actúa como vicepresidente in péctore.

De hecho, cuando Podemos intentó aproximarse a la realidad del mundo sociolaboral inventándose una especie de sindicato, y que llamó Somos, lo único que cosechó fue un sonoro fracaso. Aquel experimentó se esfumó sin pena ni gloria.

Que el PSOE se eche en manos de Podemos en lugar de los sindicatos a la hora de pactar el salario mínimo es un hecho políticamente muy relevante

Es por eso por lo que a Podemos le sobran los sindicatos más allá de aparecer en los primeros de mayo o en otras movilizaciones obreras para lograr que sus líderes se hagan la foto de rigor.

Lo singular, sin embargo, es que también caiga en esas tesis el Partido Socialista, construido desde sus inicios sobre la base de lo que Luis Gómez Llorente denominaba “modelo de doble brazo”, que no era otra cosa que una alianza estratégica (más allá de desavenencias puntuales o, incluso, de duros enfrentamientos) entre el Partido Socialista y UGT.

Es evidente que, desde la histórica confrontación entre Redondo y González, ese modelo tradicional ha estado en revisión, pero el hecho de que el PSOE se eche en manos de Podemos en lugar de los sindicatos a la hora de pactar el salario mínimo (cuyo impacto presupuestario es residual) o las pensiones (pagadas con cotizaciones de obreros y empresarios) supone un hecho políticamente muy relevante que define un partido de corte presidencialista en el que las instituciones y los agentes sociales tienden a jugar un papel irrelevante. Es decir, justo lo contrario de lo que proclama la Constitución, tan celebrada estos días.

Los intereses colectivos

A veces hay que recordar lo obvio, pero como dice la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), en nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores “se atribuye a los propios protagonistas del conflicto”. Y pocas cosas tienen más importancia en los tajos obreros que el salario y las pensiones, lo que no condiciona para nada la autonomía del parlamento para aprobar leyes.

Rajoy, envalentonado con su mayoría absoluta, cayó en el mismo error, y eso explica que pocos años después (cuando llegó la inflación) una de sus leyes más relevantes, la reforma de las pensiones introduciendo un nuevo sistema de revalorización, quedara rápidamente obsoleta. Precisamente, porque se aprobó sin el suficiente consenso social. Y no hay materia que afecte más en una economía cada vez más envejecida que las pensiones.

El éxito de la Transición española tiene también mucho que ver con la capacidad de diálogo del sistema político con los agentes sociales

El problema no es negociar con Iglesias, que es lógico si se quiere pergeñar una mayoría suficiente en el parlamento, lo relevante es olvidar la importancia del diálogo social en los sistemas democráticos. Y tanto Sánchez como Iglesias deberían mirar hacia los países más avanzados del norte de Europa para observar la importancia de la concertación social en cuestiones que afectan a millones de trabajadores y centenares de miles de empresas a quienes cualquier decisión mal tomada por razones electorales puede poner al borde de la ruina.

A veces se olvida, incluso, que el éxito de la Transición española tiene también mucho que ver con la capacidad de diálogo del sistema político con los agentes sociales, que, a la vista de su marginación, siguen siendo los parientes pobres de la democracia, a los que sólo se les llama cuando hay que hacer un ajuste (o una foto).