Populismo fiscal e impuesto de sucesiones

El impuesto de sucesiones tiene dos siglos. Hoy, sin embargo, es un impuesto marginal en el sistema tributario. Cs y el PP quieren eliminarlo, pero los expertos no lo aconsejan

Foto:

Es loable el interés de Ciudadanos (también del Partido Popular) por borrar de la normativa fiscal el impuesto de sucesiones. Al fin y al cabo, los partidos políticos tienden a confundirse con sus votantes. Y parece evidente que el partido de Albert Rivera ha cultivado desde su nacimiento un inusitado interés por eliminar un impuesto que, solo en teoría, pagan quienes reciben una herencia y que coinciden, también en teoría, con su 'target' electoral.

Solo en teoría, porque en la práctica este impuesto ya ha sido cuasi eliminado del mapa tributario, algo de lo que son muy conscientes quienes asesoran a Rivera. De hecho, el impuesto de sucesiones (incluyendo las donaciones) habrá ingresado el año pasado 2.842 millones de euros, según lo presupuestado por las CCAA, lo que representa apenas el 1,6% del dinero que gestionan las regiones (176.110 millones de euros). O, incluso, menos del 1% si se incluye la recaudación total del Estado por vía tributaria. En total, 604.751 contribuyentes lo pagaron en 2015, pero incluyendo en esta cifra las donaciones.

Pese a esta evidencia, Ciudadanos ha situado el impuesto de sucesiones en el centro de sus preocupaciones fiscales, sin despreciar otras figuras impositivas como el IRPF, lo cual es todavía más singular si se tiene en cuenta que ese tributo, como se ha dicho, es una antigualla en la mayoría de las comunidades autónomas, en las que los mínimos exentos son tan elevados que hoy se puede decir que pocos contribuyentes lo pagan (menos del 3% de los que declaran IRPF). Claro está, siempre que lo que se transmita sea una vivienda familiar o bienes de reducido valor pecuniario.

Otra cosa muy distinta es el impuesto que grava las plusvalías municipales, y que tiende a confundirse con el impuesto de sucesiones, como han puesto de relieve muchos expertos.

Es decir, lo que se recauda hoy procede de transmisiones de elevada cuantía o vinculadas a beneficiarios que no pertenecen a los grupos I y II (descendientes y menores de 21 años o descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes). Los bienes afectos a una actividad empresarial, como se sabe, ya desde los tiempos de Felipe González, están exentos de tributación.

Esta insistencia de Ciudadanos en su sustitución, por lo tanto, parece tener más que ver con una estrategia política —querer aparecer ante la opinión pública como el partido que defiende a las clases medias— que estrictamente económica. Pero ocultando una realidad incuestionable: el impuesto de sucesiones, desde su nacimiento en España hace más de dos siglos, ha sido uno de los instrumentos más útiles como mecanismo de redistribución de la renta y de la riqueza.

Precisamente, porque cuando nació era un instrumento de las sociedades burguesas liberales del siglo XIX para favorecer la meritocracia y el reforzamiento de las clases medias, además de un mecanismo de recaudación muy eficaz, ya que giraba en torno a un hecho imponible fácilmente identificable, como eran las herencias.

Inválidos, viudas y huérfanos

El origen de este impuesto, como recordó en su día la comisión de expertos que elaboró un informe para el exministro Montoro, es tan antiguo que para muchos se sitúa en la llamada 'manda pía forzosa', establecida durante la Guerra de Independencia para financiar las pensiones a favor de inválidos, viudas y huérfanos originadas por la contienda. Es decir, tenía un carácter casi patriótico. Los curas que asistían en el entierro eran los responsables de su recaudación, lo que explica su rápida asimilación en el sistema tributario español. El impuesto consistía en el pago de 12 reales de vellón en España o 60 en los dominios de América y Asia por cada herencia que se difiriese por testamento o 'ab intestato' (sin testamento).

Este carácter 'solidario' del impuesto de sucesiones es, de hecho, lo que ha permitido su mantenimiento en el tiempo, incluso compitiendo con otros tributos más modernos de la sociedad industrial, como el IRPF, cuya progresividad es otro de los instrumentos clásicos para evitar un ensanchamiento de la desigualdad que ponga en riesgo el mandato constitucional, que obliga a pagar tributos en función de la capacidad económica de cada contribuyente. Y parece evidente que cuando alguien hereda por encima del millón de euros (límite en Andalucía), su capacidad económica crece. No puede haber doble imposición, simplemente, porque el sujeto pasivo (el contribuyente) es diferente, aunque el hecho imponible sea el mismo.

Igualdad de oportunidades

Tanto es así que la propia comisión de expertos que asesoró en su día al exministro Montoro respaldó que el impuesto de sucesiones siguiera en vigor, aunque con reformas. Precisamente, como un instrumento “para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema”. Y, en concreto, se proponía la creación de una “tributación mínima” por sucesiones en todo el territorio nacional, que debería contar con una tarifa impositiva ('mortis causa' o 'inter vivos') “que discrimine exclusivamente en función del grado de parentesco”.

Para mantener la progresividad del impuesto, lo que se proponía era establecer un mínimo exento específico sobre la base, como de hecho han aprobado todas las CCAA. Según la propuesta, los tipos impositivos deberían situarse en niveles reducidos y, conforme a esta visión, dentro de un rango entre el 4% y el 10%.

Los expertos no han sido los únicos. También lo ha hecho la Fundación Impuestos y Competitividad, que entiende que existe una evidencia empírica que ha demostrado que la transmisión de capital, tanto físico como humano, de padres a hijos, “constituye un factor relevante que va a determinar tanto su capacidad para obtener ingresos como su riqueza futura”.

Argumentos muy parecidos a los del Consejo General de Economistas, que ha propuesto en su último informe una armonización más estricta del impuesto de sucesiones. Y, en concreto, se plantea armonizar la definición de la base imponible e imponer una tarifa mínima con el fin de evitar, por el efecto de la competencia fiscal entre comunidades, la "perversa carrera hacia la desaparición de unos impuestos que son importantes para la equidad tributaria intergeneracional". Más claro, agua.

Mientras Tanto

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
23 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios