Lo coyuntural, lo estructural y la política estúpida

El tacticismo, la improvisación y el regate en corto se han impuesto. Pero hay una verdad que no admite dudas. Los problemas estructurales tarde o temprano sacan la cabeza.

Foto: La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en el Senado. (EFE)
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en el Senado. (EFE)

Los viejos profesores de economía solían recordar a sus alumnos que una cosa es la coyuntura y otra muy distinta la estructura. Lo coyuntural es lo efímero, lo que desaparece tras un corto periodo de tiempo, mientras que lo estructural es lo que permanece, lo que no se ve a primera vista, pero que, a largo plazo, lo determina todo. Tanto el crecimiento económico como las condiciones de vida, ya que refleja factores de naturaleza compleja, como el envejecimiento, el clima, la geopolítica o, incluso, las migraciones.

En tiempos de pensamiento débil -la postmodernidad se ha trasladado al ámbito del análisis económico- la tendencia natural es observar únicamente lo coyuntural. Es decir, fijarse en el último dato para articular un discurso casi siempre interesado y alejado del rigor, lo que necesariamente lleva a la confusión. Y lo que es más preocupante, elimina cualquier reflexión sobre las cuestiones de fondo. Es decir, conduce a la ignorancia sobre lo que hay detrás de las cifras. En palabras de Ortega, “no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa”. O si se sabe, nada se hace. Una especie de anestesia general bajo el paraguas del manoseado “crecemos más que Europa”.

En los últimos años, por ejemplo, los gobiernos se han esforzado en demostrar que España es un oasis de bienestar habida cuenta de que el PIB ha crecido por encima de lo que lo ha hecho la eurozona. Y en verdad, así ha sucedido. El crecimiento medio de la economía española se ha situado ligeramente por encima del 3% desde 2015, mientras que en la eurozona ha sido del 2,1%.

Una mirada atrás

Se trata, desde luego, de una buena noticia, pero conviene no olvidar lo que sucedió en los cuatro años anteriores. Mientras que el PIB español cayó entre 2011 y 2014 un 3,8% (la segunda recesión) en la eurozona avanzó un 2,1%. Es decir, hay menos razones para el optimismo con solo echar atrás unos años la estadística. Es más, con base 100 en 2007, al comienzo de la crisis, la economía española ha crecido sustancialmente menos que la media de la zona euro, lo que explica, entre otras cosas, la existencia de una elevada tasa de desempleo (la segunda más elevada de la UE, tras Grecia). Y lo que no es menor relevante, es la causa del alejamiento de los niveles de renta existentes en la UE.

De hecho, la convergencia en paridad de poder de compra se ha frenado en seco. El PIB per cápita de España, en concreto, representó el año pasado un 92% del PIB del conjunto de la UE, brecha que es idéntica a la que había en 2013, pero también a la que había en 1996. Es decir, durante todos los años del euro, España no ha conseguido avanzar en la convergencia real. Lo estructural, por lo tanto, es que España tiene un problema de crecimiento. También, y aunque suele olvidarse, en su sector exterior, que arrastra desequilibrios históricos.

Aunque es verdad que el país ha logrado lo nunca visto, tener capacidad de financiación exterior desde 2013 (un 1,1% del PIB en el primer trimestre de este año), lo cierto es que el agujero sigue ahí, como una piedra que lastra el potencial de crecimiento, cada vez más cercano al avance del PIB real, lo que significa que si no hay nuevas palancas, la economía tenderá a languidecer una vez que el ‘efecto arrastre’ (los vientos de colas), tienda a desaparecer.

Conviene recordar que la deuda externa neta, es decir, lo que se debe al extranjero representa todavía el 77,1% del PIB , uno de los niveles más altos del mundo. En total, 945.000 millones que hay que devolver en cómodos plazos.

¿Menos déficit?

Con todo, si hay un sector que refleja la diferencia entre lo coyuntural y lo estructural, es en el de las cuentas públicas. Todos los gobiernos han presumido de la reducción del déficit presupuestario en los últimos años, después de haber alcanzado un histórico -11% del PIB en 2009. Es decir, un porcentaje equivalente a 118.194 millones de euros. Hoy, como se sabe, se sitúa en el 2,5% del PIB, pero si se analizan sus ‘tripas’ el resultado es muy distinto.

No lo dice ni la oposición ni un enemigo de España. La propia Comisión Europea, poco sospechosa de estar financiada por Putin o Soros, sostiene en su último informe sobre los desequilibrios macroeconómicos lo que sigue: “Se espera que el déficit estructural empeore ligeramente en 2018, hasta el 3,1% del PIB, y se mantenga prácticamente sin cambios durante los dos años siguientes si no hay cambios en las políticas”. Es decir, que, eliminando el ciclo económico, lo coyuntural, el déficit no solo no mejora, sino que empeora.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. (EFE)
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. (EFE)

¿La consecuencia? El margen de maniobra para aplicar políticas fiscales expansivas de carácter anticíclico se estrecha, como han puesto de manifiesto el BCE y, más recientemente, la OCDE.

Habrá quien piense que esto es irrelevante, pero conviene recordar que el deterioro de las cuentas públicas coincide en el tiempo con el envejecimiento de la población española, que condicionará todas las políticas públicas: gasto sanitario crónico (con coste más elevado que el meramente asistencial), dependencia, pensiones o, incluso, financiación del transporte público.

Un reciente trabajo del Banco de España, por ejemplo, recordaba que los patrones de consumo cambian con la edad. La tendencia natural es a consumir productos de primera necesidad (alimentos o cuidados personales) a medida que se envejece, y esos son, precisamente, los menos gravados por la Hacienda pública (tipos de IVA reducidos o superreducidos o bases imponibles más bajas).

Según los datos del banco central, mientras que el tipo efectivo en el IRPF para los trabajadores con edades situadas entre los 55 y 65 años se sitúa en el 10%, a partir de los 65 años supera ligeramente el 7%. Y menos tipos efectivos significa, simplemente, menos recaudación, lo que no deja de ser preocupante cuando España ya ha acumulado derechos a cobrar una pensión que superan el 270% del PIB, según datos del BCE, como ha explicado este periódico. Sin olvidar que el agujero de las pensiones ya supone el 70% del déficit público, lo que da idea de que no se trata de un problema coyuntural vinculado al ciclo económico, sino de naturaleza estructural. Las cotizaciones ya no son suficientes para pagar las pensiones.

Paro de larga duración

Exactamente igual de lo que sucede con el paro de larga duración o la precariedad en el empleo, que afecta a cuatro de cada 10 trabajadores (temporales y a tiempo parcial). Y ya se sabe lo que pasó hace apenas una década, cuando nada más llegar la crisis muchas empresas se desprendieron ‘ipso facto’ de buena parte de sus plantillas. Precisamente, aprovechando una legislación que condena al 41,3% de los trabajadores a tener un empleo precario, y que pueden ser despedidos de un día para otro.

En realidad, llueve sobre mojado si se tiene en cuenta que a España -cada recesión eleva la tasa de paro por encima del 20%- le faltan todavía 950.000 puestos de trabajo para alcanzar los niveles de empleo del tercer trimestre de 2007 (20,75 millones).

Y qué decir del desempleo de larga duración, que afecta a 1,4 millones de trabajadores, lo que equivale a cerca del 40% de todos los parados, y que en un contexto de ralentización de la actividad económica tendrán más problemas para encontrar un empleo. Entre otras cosas, por las dificultades que incorporan los avances tecnológicos desde el punto de vista de la cualificación profesional.

Pero si hay un problema estructural, y no solo en España, es la desigualdad, la pobreza y la inclusión social con la generalización de un fenómeno imparable y que tiene que ver con los llamados ‘trabajadores pobres’, lo que explica la puesta en marcha de políticas públicas para pagar servicios esenciales como la luz, el gas o el alquiler de la vivienda. Es decir, los llamados bonos sociales que esconden, en realidad, situaciones de pobreza, aunque sea relativa y no absoluta. Si un trabajador o un pensionista no puede pagar la luz o la calefacción es que en realidad es pobre, aunque se quiera vestir de otra manera.

Pobres y pobres

La noticia buena es que desde el máximo registrado en 2014, alrededor de 1,2 millones de personas han dejado de estar en riesgo de pobreza o exclusión social. O que el porcentaje de personas que sufren privaciones materiales graves, que constituye una medida de pobreza absoluta (no relativa), se situó en el 5,1% en 2017 (por debajo de la media de la UE, el 6,6%). La noticia mala, sin embargo, es que las desigualdades de renta, como sostiene la Comisión Europa, “siguen siendo elevadas”. La renta relativa del 20% más rico se mantiene en un valor equivalente a 6,6 veces la renta del 20% más pobre. Por lo tanto, por encima de la media de la UE (5,1 veces).

Y qué decir de la brecha de productividad de España con la Unión Europea, principalmente por el reducido tamaño de sus empresas., cuando está demostrado que la productividad, como escribía hace unos días el economista Juan Francisco Jimeno citando a Krugman, que “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo” O de los escasos avances en innovación, y que en palabras de los técnicos de Bruselas se explica porque el país adolece de una inversión insuficiente tanto en I+D pública como privada, pero también por una escasa coordinación entre los distintos niveles de la administración y por una insuficiente evaluación de las políticas públicas. O del abandono escolar prematuro, que está muy por encima de la media de la UE y del objetivo nacional de Europa 2020, con una diferencia de 20 puntos porcentuales entre las comunidades autónomas con mejores resultados y aquellas con peores resultados.

El sistema político, sin embargo, a lo suyo. Cuatro elecciones generales en cuatro años. Y lo que te rondaré, morena.

Mientras Tanto
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