Sánchez, Iglesias y el prestigio de los apocalípticos

La política es un juego de expectativas. Pero nunca como ahora ha habido tantos agoreros. El riesgo es una quiebra del sistema de representación, problema histórico de España

Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Moncloa. (Reuters)
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Moncloa. (Reuters)
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Es muy conocido que las malas noticias tienen buena prensa. Hay quien ha hablado, incluso, del 'prestigio del pesimismo' para explicar el triunfo social de los agoreros de toda la vida. Los medios y las redes sociales, como se sabe, contribuyen de forma significativa a esa tendencia. Y eso explica que, en determinados momentos históricos, se llenen de hipérboles y de excesos. Hasta el punto de que si un extranjero leyera la prensa estos días concluiría que España ha vuelto a los años 30.

El país se habría llenado de comunistas (y, lo que debe ser peor, de bolivarianos) dispuestos a reabrir la tristemente célebre checa del Bella Artes. O de fascistas a punto de convocar una marcha de camisas negras sobre Madrid. Falta un toque anarquista para completar el lienzo. Algún periódico ha llegado a publicar que las fábricas han empezado a despedir obreros y que la Bolsa se hunde, como en el 29. Es más. El nuevo Gobierno acabará con la libertad en la educación, ha llegado a decir algún dirigente político. El fin del mundo está más cerca.

Obviamente, lo más sorprendente es que el país sigue en calma. Los semáforos funcionan, los colegios abren cada mañana y los hospitales atienden a los pacientes con normalidad. Y eso que hay Gobierno en funciones desde hace meses. Es evidente, sin embargo, que hay problemas, algunos muy serios. Como los que existen en cualquier sociedad compleja, y la española lo es. Lo contrario sería lo más parecido a la paz de los cementerios, propia de los regímenes autoritarios.

Es evidente que hay razones para sospechar del presidente en funciones por tan camaleónico comportamiento y de ahí sus pobres resultados

El acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias, en este sentido, es el último ejemplo. Es evidente que hay razones para sospechar del presidente en funciones por tan camaleónico comportamiento, impropio de un político riguroso que transmite confianza a los ciudadanos, y de ahí sus pobres resultados el 10-N; o de Pablo Iglesias por priorizar los cargos antes que el programa. Pero sorprende que sin conocer lo que se quiere hacer, más allá de una mera declaración de principios que podría asumir cualquier partido, los programas electorales valen lo que valen, se descalifique el hecho de que dos partidos alcancen un acuerdo de Gobierno. Precisamente, el único objetivo de estas elecciones.

Y sorprende todavía más cuando se amenaza con el desmembramiento de España, como si la estructura territorial del Estado la pudiera decidir el consejo de ministros al margen de los cauces constitucionales y de los jueces, como bien saben en carne propia Junqueras y sus compañeros presos.

Apocalípticos e integrados

Umberto Eco llamó apocalípticos a quienes sobreviven elaborando teorías sobre la decadencia de Occidente por el hecho de que la democracia penetrara en la cultura, hasta entonces reducto de élites que despreciaban el saber popular. Era una forma de ningunear la democracia de masas, que es uno de los grandes logros del sistema de relaciones sociales nacido después de 1945.

Este arrinconamiento de las nuevas realidades emergentes explica en parte la rebelión de los años 60, que sacó los colores al sistema de representación. Nuevas generaciones se habían incorporado a la estructura social, pero el sistema, los apocalípticos de toda la vida, no lo supieron ver, como explica las fuertes tensiones de la década, cuando Eco escribió su libro. Hoy esas generaciones están plenamente incorporadas al sistema, y lo que se reivindicaba, el ensanchamiento de los derechos civiles, forma parte de la arquitectura legal de cualquier país democrático.

Los sistemas de representación, por lo tanto, no son un asunto baladí. Al contrario. Solo hay que recordar que uno de los fracasos de la Restauración española fue, precisamente, no incorporar al sistema político las nuevas clases populares nacidas tras la revolución industrial, lo que acabó por provocar un estallido de violencia años después.

Es en este contexto —más allá del programa concreto que se asuma— en el que hay que analizar la hipotética incorporación de Unidas Podemos al Gobierno, que no sería más que la normalización del sistema de representación, que no solo tiene que ver con las leyes electorales. Máxime, cuando la fragmentación del arco parlamentario, la más alta de la democracia, es evidente: 19 partidos o coaliciones han obtenido algún escaño representando nada menos que 25 partidos.

Para hacerse una idea de lo que significan esas 19 fuerzas políticas en el Congreso, hay que tener en cuenta que, tras el 15-J de 1977, primeras elecciones tras la dictadura, 12 partidos o coaliciones se sentaron en la cámara baja, lo que significa que hoy existe mayor atomización que entonces pese a lo que pretendían los legisladores y a las propias circunstancias políticas de la época. Pero es que en 1982, el año del triunfo arrollador de Felipe González, apenas una decena de partidos estaban presentes en el parlamento. Y eso que el sistema, como proclama el artículo 68 de la Constitución, asigna los escaños "atendiendo a criterios de representación proporcional".

La propia exposición de motivos del Real Decreto-ley sobre normas electorales, publicado apenas tres meses antes de las elecciones del 77, reconocía que el legislador había introducido la regla D’Hondt como un "poderoso corrector" destinado a evitar la fragmentación del parlamento.

Tensiones electorales

Uno de sus autores, el democristiano Óscar Alzaga, llegó a reconocer que España había aprendido del pasado. En concreto, de las últimas elecciones celebras en democracia, en febrero de 1936, y que hicieron posible el gobierno del Frente Popular. Otro político conservador, Alfonso Osorio, admitiría años después que "el tema que fue objeto de mayores deliberaciones fue el del número de diputados que elegiría cada provincia", lo que da idea de las tensiones que se vivieron, como han recordado los profesores Lago y Montero.

El historiador Enrique Moradiellos ha recordado que España tuvo durante la II República un "peculiar" sistema electoral vigente que imponía el voto restringido. Es decir, el elector solo podía votar a un número menor de escaños en juego en la circunscripción: si eran veinte, solo elegía dieciséis. Era, además, hipermayoritario, toda vez que primaba al vencedor de forma notoria: le otorgaba hasta el 80% de escaños en juego, el llamado cupo de mayorías. Al tiempo que favorecía claramente la representación de los ámbitos urbanos y más poblados. Era, por así decirlo, claramente excluyente.

Era una forma de compensar la influencia de los caciques locales, tan determinantes en la historia electoral de España, y que hundían sus raíces jurídicas en el artículo 29 de la Ley Maura, de 1907, que proclamaba elegidos automáticamente a los candidatos únicos, como ha escrito el profesor Eduardo Montagut. Es decir, donde no había más que una candidatura ganaba el cacique local, lo que suponía "una artimaña que había permitido el mantenimiento de los procedimientos caciquiles, especialmente en el ámbito rural".

El cupo de las minorías

La reforma de la República —posteriormente modificada por la llamada 'ley Azaña'— buscaba todo lo contrario. Así, por ejemplo, la circunscripción de Barcelona capital, con veinte escaños, tenía un cupo de mayorías de 16 diputados frente a cuatro para el cupo de las minorías; Madrid capital y Oviedo, con 17 escaños, repartían sus cupos en proporción de trece a cuatro; en tanto que Salamanca, con siete escaños, lo hacía de cinco a dos. Por tanto, fuese la que fuese la diferencia entre el número de votos de la primera y la segunda candidatura, sostenía Moradiellos, "la victoria en la capital catalana siempre suponía casi cuatro veces más escaños que en Salamanca y ocho veces más que en Soria".

Este sistema, según algunos historiadores, era una bomba de relojería, ya que favorecía a unos territorios frente a otros. O a unas opciones políticas frente a otras, a las que se excluía de forma deliberada.

La Constitución de 1978, como se ha dicho, aprendió la lección, pero introdujo un sesgo en favor de la provincia como circunscripción electoral que es el que ahora facilita la atomización política, y el último ejemplo es ¡Teruel Existe! Una formación a la que pueden seguir otras en próximas convocatorias. No hay que olvidar que en las constituyentes de 1931 se eligieron 458 diputados (hubo 12 vacantes), y en aquella cámara se sentaron representantes de 21 partidos, dos más que ahora.

Cuando se elaboró la primera ley electoral de la democracia (marzo de 1977), parecía lógico que fuera la provincia porque todavía no existían las comunidades autónomas, y lo mismo ocurriría un año más tarde, cuando la Carta Magna 'constitucionalizó' la provincia como circunscripción electoral, aunque con un sesgo en favor de los territorios menos poblados (la España interior), donde las fuerzas conservadoras era mayoría, tanto durante la República como en democracia. Algún ministro franquista llegó a llamar a esos territorios la "España doliente".

La territorialización de la política, por el declive de las ideologías en favor del populismo, es cada vez más evidente

El legislador, sin embargo, no podía imaginar que con un sistema ideado para favorecer la gobernabilidad se llegara a la situación actual. Probablemente, porque nadie podía pensar que con un Real Decreto-ley de marzo de 1977, inspirado en la Ley de Reforma Política, heredera del franquismo, el Congreso acabaría tan fragmentado.

Sin duda, fruto del ocaso de las grandes formaciones políticas surgidas después de 1945, pero también por el hecho de que la ley electoral no se ha puesto al día para hacerla coherente con la Constitución, que proclama la vertebración de España a través de las comunidades autónomas, no de las provincias, que, aunque tienen rango constitucional, son las que asignan los escaños, lo que favorece la atomización. Y ahora, España está pagando las consecuencias. De nuevo, por no poner al día las instituciones. Y, de nuevo, como en la Restauración, por las resistencia a aceptar el cambio social y político.

Sería, por lo tanto, un grave error que millones de españoles se sintieran defraudados por el sistema de representación, también a la hora de formar Gobierno. Algunos problemas tardan en salir, pero finalmente emergen, y con fuerzas. La mayoría de las veces, de forma dañina.

Mientras Tanto
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