Pablo Iglesias se come a Calviño en época de vacas flacas

Es ya un axioma que el Producto Interior Bruto (PIB) tiene serias limitaciones para evaluar el progreso material de las personas. De hecho, en los últimos años, han proliferado los artículos académicos que proponen la creación de nuevos instrumentos para medir tanto el bienestar individual como la riqueza que es capaz de generar un país durante un año, y que es la definición canónica de la contabilidad nacional.

En 2009, incluso, y en medio de la Gran Recesión, el expresidente Sarkozy, que por entonces reclamaba la reinvención del capitalismo, impulsó la creación de un comité de expertos, presidido por el economista Stiglitz, destinado a crear un nuevo indicador más completo que el PIB. Y que recogiera, por ejemplo, el daño que hace la humanidad a la naturaleza, el grado de satisfacción de las personas con su país, el acceso a la vivienda, el patrimonio cultural y educativo o el reparto de la renta y de la riqueza. Además de indicadores sociales o de salud pública. Los indicadores de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas van en esa dirección.

El propio Gobierno ha reconocido que España se enfrenta a un largo periodo de bajo crecimiento

Como es conocido, aquel informe fue papel mojado, y hoy el PIB sigue siendo el rey de los indicadores. Entre otras razones, porque el tamaño de la tarta (lo que es capaz de producir un país en bienes y servicios durante un periodo determinado) es lo que permite, precisamente, la aplicación de políticas públicas destinadas a mejorar la educación de los ciudadanos, a reequilibrar el reparto de la riqueza o a combatir el cambio climático. Por ejemplo, mediante un mejor control de lo que se denomina huella hídrica. Es decir, el uso eficiente del agua. Sin contar con el hecho de que, al elaborarse el PIB con una metodología universalmente aceptada, es posible hacer comparaciones internacionales.

El volumen de PIB es todavía, por lo tanto, lo que marca la agenda económica, y aunque el Ejecutivo socialista lleva pocas semanas en la Moncloa, ya hay una primera evidencia. El propio Gobierno ha reconocido que España se enfrenta a un largo periodo de bajo crecimiento: por debajo del 1,7% hasta, al menos, el año 2024.

Un avance raquítico

Se dirá -en esto todos los gobiernos se parecen- que es una tasa superior a la media de la eurozona, pero sólo hay que mirar hacia atrás para concluir que se trata de un avance raquítico respecto de lo que ha sido la historia económica de este país. Ya se sabe, mal de muchos…

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Como ha recordado el profesor Prados de la Escosura, entre 1993 y 2007, es decir, antes de que estallara la gran crisis, el avance medio del PIB fue del 3,3%. Esta tasa fue, incluso, muy inferior a la que se registró entre 1985 y 1992 (los primeros años en la UE), que fue del 4,5%, y, por supuesto, se sitúa muy por debajo del periodo del desarrollismo franquista, que registró un crecimiento medio del 6,5% entre 1959 y 1974. Supone, incluso, cerca de la mitad del periodo 2014-2019, que es el más reciente.

Eso quiere decir que España, cuya economía suele tener comportamientos ciclotímicos, se enfrenta a un nuevo contexto macroeconómico sustancialmente distinto al de épocas anteriores. Los estímulos monetarios están prácticamente agotados, el peso de Europa en el mundo tiende a debilitarse y los cisnes negros, como el coronavirus, serán cada vez más frecuentes habida cuenta de la integración de la economía mundial en torno a las cadenas globales de valor. Es decir, España tendrá que convivir durante bastantes años con crecimientos muy bajos, lo cual es una auténtica novedad en términos históricos y hasta políticos. De hecho, hacer política con menos recursos no ha sido lo habitual en España, lo que ha favorecido el clientelismo.

Sólo hay un elemento nuevo, y no precisamente, el menos relevante. Ese periodo de bajo crecimiento coincidirá en el tiempo con la persistencia de fuertes desequilibrios macroeconómicos que antes se corregían con duras devaluaciones que empobrecían al país, y que hoy son imposibles por la pertenencia al euro.

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La tasa de paro no bajará del 12% hasta mediados de esta década; la deuda pública continuará claramente por encima del 95% hasta 2030, como ha previsto la Comisión Europea; el déficit público estructural, el que no tiene que ver con el ciclo económico, seguirá muy cerca del 3% del PIB durante muchos años y el déficit exterior (el stock de deuda acumulada con los acreedores extranjeros) continuará triplicando el nivel que el FMI considera razonable.

Innovación y productividad

En el tercer trimestre del año pasado, en concreto, se situó en el 79,5% del PIB, lo que significa algo más de 982.000 millones de euros, que es lo que España debe devolver el exterior porque antes, durante los años del 'boom', lo pidió prestado. Es evidente que la actual capacidad de financiación (el superávit exterior) es todavía muy pequeña para reducir la deuda externa de forma intensa. Obviamente, sin tener en cuenta insuficiencias históricas como la inversión en investigación e innovación, los escasos avances en productividad o las debilidades del sistema formativo.

Tampoco es menos relevante que el periodo de bajo crecimiento coincida en el tiempo con un proceso imparable de envejecimiento y longevidad que tiene indudables consecuencias en términos macroeconómicos y presupuestarios. Por un lado, la pirámide de población se va estrechando por abajo, y, por otro, crecen de forma intensa los flujos migratorios ante la insuficiencia de la fuerza laboral.

Más población significa, obviamente, que la tarta hay que repartirla entre más gente, lo que viene a ser que el PIB per cápita se resiente

Uno de cada tres empleos creados en los últimos años, de hecho, ya son ocupados por extranjeros que, lógicamente, están acumulando derechos que deberán satisfacer las próximas generaciones. Y más población significa, obviamente, que la tarta hay que repartirla entre más gente, lo que viene a ser que el PIB per cápita se resiente. De hecho, ya se sitúa en el 92% de la media de la Unión Europea, y con varios países (Chequia o Eslovenia) a punto de sobrepasar a España.

El nuevo Gobierno tenía dos caminos para encarar estos problemas. Hacer políticas de Estado para enfrentarse a estos retos o, por el contrario, jugar a ganar tiempo a la espera de que la guerra civil en el centro derecha (alimentada por la Moncloa para explotar sus contradicciones) le dé una legislatura extra. Parece que ha optado por lo segundo. Entre otras cosas, porque su propia configuración (ministerios superpuestos, competencias duplicadas y hasta triplicadas o expulsión de los funcionarios de muchas direcciones generales) hace que sea imposible hacer una política económica integral.

La ministra Calviño es formalmente la vicepresidenta, pero solo en teoría. La realidad es que los ministerios del área económica son hoy compartimentos estancos, como demostró este viernes Pablo Iglesias entrometiéndose en una reunión con los sindicatos agrarios en la que no tenía nada que decir más allá de hacerse la foto. O planteando como una “prioridad absoluta” un ingreso mínimo vital para todos los hogares. No porque la propuesta sea descabellada, que no lo es en un contexto en el que son necesarias políticas fiscales de estímulo, sino porque esa medida debe incardinarse en un plan presupuestario plurianual que no existe. El que ha presentado España a Bruselas hace menos de una semana no prevé ninguna partida, y, por lo tanto, estamos ante mera propaganda.

Políticas públicas

Esta confusión en el debate económico es todavía más evidente en el terreno de las políticas laborales, donde los choques entre Economía y Trabajo no han hecho más que comenzar. Probablemente, porque en lugar de integrar las políticas públicas en un solo proyecto se ha optado por trocear competencias para satisfacer a los socios. La más evidente, la separación de Trabajo y Seguridad Social.

¿Cómo se puede dar una respuesta a las demandas de los agricultores sin que el ministro del ramo, Escrivá, que es el responsable de las cotizaciones, esté implicado directamente en las negociaciones, cuando se está hablando, precisamente, de rebajar peonadas? ¿De verdad se puede hacer una reforma laboral sin integrarla en una reforma en profundidad de la Seguridad Social, que es hoy el mejor instrumento (junto a los impuestos) para garantizar la equidad? ¿Alguien cree que se puede atacar la despoblación desde el ministerio del cambio climático cuando las migraciones (que están en otro departamento) son la clave de bóveda de la repoblación de amplios territorios? ¿No tiene nada que decir el ministerio de Política Territorial sobre la despoblación? ¿Y el de Agricultura sobre la realidad laboral del campo? ¿Quién dirige la política económica en tiempos de vacas flacas?

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Esta inconsistencia administrativa no es un asunto menor. Precisamente, porque esconde una incoherencia política que hace más difícil la elaboración de políticas de Estado. No para aplicar en esta legislatura, sino para los próximos 15 o 20 años. Lo que revela, en realidad, es que la estrategia es ganar tiempo como sea convirtiendo las reuniones del consejo de ministros en un ‘agitprop’, lo cual tiene un enorme coste de oportunidad para la economía española, que se enfrenta a años de bajo crecimiento (aunque las tasas sean superiores a la media de la eurozona).

Si nada lo remedia, muchos de sus problemas estructurales seguirán ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Bien haría el Gobierno en pensar si esta distribución de competencias es la mejor.