Una vergüenza: el país que carga los despidos en los más débiles

Un poco de historia. Durante la recuperación económica —a partir del primer trimestre de 2014—, el anterior Gobierno insistió en la idea de que el repunte del empleo precario (temporal o parcial) era consecuencia de una urgencia histórica. Muchos economistas opinaban lo mismo.

Lo necesario era salir de la espiral diabólica en que se había metido la economía española tras una doble recesión y, por lo tanto, lo prioritario era crear puestos de trabajo. Como fuera. Daba lo mismo que se tratara de contratos por unas horas o por unos días. Lo importante, como se decía, era volver a crecer para crear empleos de 'calidad'.

Y crecer es, precisamente, lo que ha hecho la economía entre aquel trimestre de después de la crisis y el último de 2019. Durante media docena de años, el PIB anual ha avanzado entre un mínimo del 1,4% (2014) y un máximo del 3,8% (2015). En cada uno de los ejercicios, igualmente, se ha creado un importante volumen de ocupación. En total, y en el mismo periodo, poco más de tres millones de empleos, lo que significa que cada año, de media, la economía española ha sido capaz de generar medio millón de puestos de trabajo.

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También los salarios se han recuperado en estos últimos años. Tras el duro ajuste registrado en los años de la crisis, el salario medio, medido por el índice de coste laboral armonizado, ha recuperado su nivel real de 2008. Es decir, al comienzo de la recesión. En concreto, se ha situado en un 101,3%. Lejos del 97,9% en que llegó a caer en 2013 (base 100 en 2008).

¿Qué ha pasado con el empleo temporal? Como se sabe, creció con fuerza hasta el estallido de la burbuja de crédito que se llevó por delante el mercado inmobiliario, hasta alcanzar un máximo del 34% en 2006. Posteriormente, y ya como consecuencia de la crisis, se hundió hasta un 23,1% en 2013. Por lo tanto, casi 11 puntos menos. Frente a lo que pudiera parecer, no era una buena noticia.

Lo que había pasado, simplemente, es que el ajuste se había cebado en la parte más débil del mercado de trabajo. Es decir, aquellos trabajadores a los que se podía despedir de un día para otro sin apenas indemnización.

Alternativas laborales

Con la recuperación, ha sucedido justo lo contrario. El empleo temporal ha vuelto a crecer desde aquel 23,1% al 26,1% de los asalariados en el cuarto trimestre de 2019. En paralelo, se ha producido otro fenómeno. El empleo a tiempo parcial se ha consolidado como una de las alternativas de los empleadores para cubrir las necesidades de sus plantillas. En total, otro 14,7%. Aunque con una diferencia respecto de lo que sucede en otros países europeos, como Holanda, donde la parcialidad está firmemente asentada en las relaciones laborales.

En España, al contrario, y según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de la mitad del empleo parcial es no deseado, ya que el trabajador quisiera cubrir la jornada completa. En total, unos 2,9 millones de personas trabajan a tiempo parcial, de las que el 75% son mujeres. Aunque formalmente el contrato a tiempo parcial tiene una duración indefinida, hay pocas dudas de que se trata de un horario (y un salario) precario.

Eso quiere decir que, sumando temporales y parciales, la precariedad alcanza a cuatro de cada 10 asalariados (muchos de ellos, en el sector público). Para que se entienda bien esa relación, eso significa que algo más de 6,5 millones de españoles viven con la angustia de cuándo se renovará su contrato. Viven, textualmente, en el alambre.

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No es una licencia literaria ni, desgraciadamente, una exageración. Si algo demostró la última crisis es que la cadena se rompe siempre por el mismo sitio: los trabajadores con contrato más precario. Y eso es, precisamente, lo que ha vuelto a suceder durante el primer mes en que el Covid-19 ha llevado su tragedia al mercado laboral.

Población asalariada

Nada menos que el 75% de los 834.00 empleos que se destruyeron en marzo corresponde a contratos temporales, lo que da idea del descalabro. O, dicho de otra forma, mientras que la población asalariada con contrato indefinido ha caído apenas un 1,9%, en el caso de los temporales el desplome ha sido del 17,3%.

Obviamente porque, mientras que los primeros tienen un colchón temporal en forma de ERTE, los segundos no tienen ninguna protección. Son despedidos a las primeras de cambio, lo que explica que cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que se han prohibido los despidos es, simplemente, mentira. En unos casos se han encarecido (a 33 días por año como despido improcedente) y en otros suponen una indemnización ridícula.

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Como han asegurado expertos como Ignacio Conde-Ruiz, ya ni siquiera es necesario que el empleador dé de baja al trabajador con contrato temporal, toda vez que los contratos son de tan corta duración (el 44% dura menos de un mes) que con solo esperar unos días se produce la rescisión automática.

El hecho de que el ajuste se haga por esta vía refleja en parte una realidad económica. Aunque solo en parte. Es obvio que la economía española es una economía de servicios y, por lo tanto, necesita mayores grados de flexibilidad que una economía industrial o de alto valor añadido, lo que incentiva la formación de los empleados y no la utilización de mano de obra barata con escasa cualificación.

Ese tren, desgraciadamente, lo perdió España por la incuria de sus gobernantes. Pero sorprende que una y otra vez se caiga en el mismo error, lo que dice muy poco de una clase política —en esto, todos los gobiernos tienen la culpa, también los autonómicos— que se llena la boca de palabras hermosas, como solidaridad o cohesión social, pero que luego asiste de brazos cruzados a la terrible realidad de que los ajustes siempre caigan sobre las espaldas de los mismos.

¿Cómo se puede decir tras cada uno de los consejos de ministros que “este Gobierno no dejará a nadie atrás” y a las primeras de cambio (en menos de 15 días) 613.000 trabajadores temporales han sido despedidos (han roto su relación laboral con su empleador)? Es decir, el triple que los indefinidos. Máxime cuando, según el INE, la hora trabajada por un temporal es un 24,3% inferior a la de un trabajador con contrato indefinido.

Se dirá que el presidente Sánchez lleva menos de dos años en la Moncloa. Pero conviene recordar que este Gobierno, en lugar de hacer lo que han hecho otros países, pagos directos a las empresas a cambio de mantener el empleo, ha optado por la vía de los ERTE, que son la manifestación más clara de la nefasta dualidad en el mercado de trabajo. Mientras el Estado protege a unos al abrigo del SEPE, los trabajadores indefinidos, deja a su suerte a quienes viven muchos años de su vida colgados del alambre.