El extraño caso del ministro Escrivá y su rendición a Iglesias

El Gobierno está haciendo oportunismo político con la renta mínima. En lugar de aprobar ayudas directas, mucho más rápidas y eficaces, retrasa las ayudas

Foto: José Luis Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (EFE)
José Luis Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (EFE)
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Es obvio que cualquier Estado que se precie de serlo, sobre todo en un contexto como el actual, está obligado a no dejar a nadie tirado. Y eso es, precisamente, lo que están haciendo todos los gobiernos del planeta —con mayor o menor intensidad— en función de los recursos públicos y de la calidad y eficacia de sus instituciones y de sus gobernantes.

De hecho, si se hace un análisis comparado de las medidas adoptadas en la economía global se llega a la conclusión de que dirigentes tan dispares como Trump, Xi Jinping, Macron, Merkel, Conte o Bolsonaro, también Sánchez, están recurriendo a las mismas estrategias económicas para combatir los efectos destructivos de la pandemia en el tejido productivo, y que van, básicamente, en una doble dirección.

Por un lado, garantizar que la liquidez fluya por las cañerías para evitar un colapso del sistema financiero, y para eso han dado todo el poder a los bancos centrales, y, por otro, asegurar las rentas, totales o parciales, de los trabajadores que perderán temporalmente su empleo. En paralelo, ayudas de todo tipo a los pequeños empresarios que sufren una brutal caída de la demanda. También colectivos que están al margen de la economía formal recibirán subvenciones.

Los gobiernos se han comprometido a gastar ocho billones de dólares para combatir los efectos económicos de la pandemia

Se podrá discutir la intensidad de las ayudas o el énfasis que cada administración pone en unas medidas u otras, pero si algo va a quedar claro en el plano ideológico tras la crisis del Covid-19 es que la respuesta de los gobiernos en todo el mundo —algo que ya se observó en la anterior crisis financiera— es muy parecida, como ha acreditado el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los gobiernos de todo el mundo, de todos los colores, ya se han comprometido a gastar ocho billones de dólares, casi seis veces el PIB de España, para combatir las consecuencias económicas de la pandemia.

Desglobalización

Es previsible que, pasada esta primera fase de choque, comenzarán a aparecer las diferencias ideológicas. Habrá gobiernos que querrán volver a la 'normalidad' mediante políticas convencionales de ajuste del gasto público y otros, por el contrario, querrán aprovechar la ocasión para introducir cambios estructurales en la economía. También es posible una mezcla de ambas. En todos los casos, sin embargo, existe una coincidencia. El proceso de desglobalización se acelerará, independientemente de lo que pase con la guerra comercial. Las políticas nacionales volverán a cumplir un papel más relevante.

Con la información hoy disponible, no es fácil adivinar qué camino seguirá el Gobierno de España. Pero parece evidente que esa tensión interna, que necesariamente existe en cualquier Ejecutivo de coalición, tenderá a ir en aumento. No en vano, el Estado, según algunas estimaciones iniciales, se habrá visto obligado a endeudarse este año en unos 100.000 millones de euros, lo que significa que, respecto del PIB, es probable que la ratio aumente hasta el 105%. Una tasa jamás alcanzada por España. Y, lo que es peor, nada indica que esa tendencia creciente se doblegue en los próximos años por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, principalmente el desempleo.

El margen de maniobra de Sánchez es muy limitado. Será entonces cuando comenzarán a aflorar las grietas de un Ejecutivo diseñado para otro momento

A ello habrá que añadir los costes del envejecimiento y del aumento del gasto sanitario derivado del Covid-19, lo que unido a la caída de la recaudación, por los peores resultados de las empresas, y al hundimiento del consumo y de los salarios, creará una situación algo más que complicada. Lo de la salida en uve, como sostiene la ministra Calviño, es cada vez más improbable.

No es necesario insistir en que, con este nivel de deuda, el margen de maniobra de cualquier Gobierno, que además tiene que acometer un proceso de reconstrucción nacional, es muy limitado. Y menos cuando está obligado a salir a los mercados para financiarse. Será entonces cuando comenzarán a aflorar las grietas de un Ejecutivo diseñado a primeros de enero en un contexto político y económico muy diferente. Para Pablo Iglesias y UP será algo más que difícil gestionar un país con cerca de cinco millones de parados.

Los neonacionalismos

Lo que se sabe de la anterior crisis es que una de sus consecuencias políticas fue un auge de los populismos en toda Europa. España, que en el siglo XX llegó casi siempre tarde a todas las transformaciones sociales y políticas, pudo esquivarlo en un primer momento, pero la cuestión catalana acabó por envenenar todo el sistema de representación y al final el país se sumó a la tendencia general.

Hoy, la gran amenaza, como muchos analistas han destacado, es que resurja un neonacionalismo intolerante y xenófobo, aunque en esta ocasión con más virulencia. Al contrario que en la anterior crisis, cuenta ahora con estructuras de apoyo muy consolidadas, lo que le permitirá capitalizar la idea de que el Gobierno de su país, también en España, les ha fallado. El ex primer ministro italiano, Enrico Letta, una de las cabezas políticas mejor amuebladas de Europa, ha advertido, incluso, que su país se puede convertir en "la Hungría del euro".

El Gobierno, en lugar de aprobar ayudas directas que podrían llegar en pocos días, ha preferido jugar a hacer política con el ingreso mínimo vital

Es por eso por lo que las medidas que se apliquen en el futuro, una vez que se supere esta primera fase de choque, son determinantes para evitar que suceda lo que ocurrió en España tras la anterior recesión. Una crisis económica vinculada a una burbuja de crédito acabó convirtiéndose en una crisis política, lo que explica que en los últimos cinco años este país haya celebrado cuatro elecciones generales.

El ministro Escrivá, como se sabe, han anunciado que en un futuro más o menos inmediato, nunca lo ha precisado, el Gobierno aprobará un Ingreso Mínimo Vital (IMV) para todas aquellas personas que se hayan quedado fuera de la red de protección social puesta en circulación en las últimas semanas. No se trata de una medida original, aunque se le quiera dar ese tratamiento desde la propaganda política. Y, de hecho, muchos gobiernos, también aquellos con muchas limitaciones presupuestarias o claramente populistas, como Bolsonaro, lo están haciendo en aras de mantener la cohesión social y no echar al cubo de la historia a millones de personas que hoy necesitan la solidaridad de todos.

Lo singular, por el contrario, es la naturaleza de las ayudas. Aunque se sabe poco en qué consistirá el IMV, el vicepresidente Iglesias lo ha vinculado al cumplimiento del programa electoral pactado entre el PSOE y Unidas Podemos. En ese programa se hablaba, como se sabe, de crear "un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos".

Pura subsistencia

La idea, en este contexto, es impecable. El Estado está obligado a garantizar un mínimo de ingresos, que en este caso sería de pura subsistencia. En la propuesta que hizo en su día la AIReF, cuando la presidía el propio Escrivá, se barajó la opción de que la ayuda fuera equivalente al 80% del IPREM, y cuya cuantía este Gobierno no ha modificado pese a ser el baremo con que se distribuyen las ayudas sociales. Es decir, unos 430 euros al mes por catorce pagas, aunque habría que añadir una cantidad adicional en función del número de hijos.

El Gobierno, en vez de ponerla en marcha ya, que es cuando realmente la necesitan quienes están en mayores dificultades, está esperando a tener un modelo, lo cual es un sinsentido. O expresado de otra forma, en lugar de hacer ayudas directas que podrían llegar en pocos días a todo aquel que ha perdido su empleo o está fuera del sistema de protección social, ha preferido jugar a hacer política, lo que es coherente con esa hemorragia legislativa que se ha instalado en la Moncloa para mostrar a la opinión pública que se hacen muchas cosas.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), habla con el vicepresidente, Pablo Iglesias (i). (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), habla con el vicepresidente, Pablo Iglesias (i). (EFE)

No es, desde luego, un problema económico. Un cálculo sencillo pone de relieve que si hay un millón de beneficiarios el coste sería de unos 430 millones de euros al mes. O 501 millones si se prorratean las pagas extras, a lo que habría que añadir el coste por hijo a cargo. En todo caso, cantidades asumibles por el Estado.

¿Y por qué se retrasa la puesta en marcha este sistema? Únicamente, por razón de oportunidad —habría que decir oportunismo— político. Iglesias, como se sabe, y en esto, inexplicablemente, le acompaña el ministro Escrivá, quiere que la ayuda sea permanente y no vinculada a la crisis, lo cual es legítimo desde el punto de vista político, pero una tragedia para un número indeterminado de familias que necesitan ahora y no más tarde —un mes después del inicio del confinamiento— esa ayuda.

No hay que olvidar que los datos de desempleo del mes de marzo lo que han puesto de manifiesto es que más de 80% del empleo destruido ha castigado a los trabajadores temporales, muchos de los cuales no han podido acumular el tiempo necesario para poder recibir una prestación por desempleo. Con el añadido de que se han marchado de sus empresas sin apenas indemnización. Este es el colectivo al que hay que proteger ya sin esperar al cálculo político.

Se quiere presentar el IMV como fruto de un compromiso electoral, lo cual solo puede retrasar una necesidad básica para miles de familias

En su lugar, se ha optado por presentar el IMV como parte de un compromiso electoral, lo cual solo puede retrasar la ejecución de una necesidad básica para decenas de miles de familias, y que parece encajar con lo que sostiene un dirigente de la patronal: "Pablo Iglesias se ha comido con patatas a Escrivá".

Es evidente que el sistema de rentas mínimas es muy mejorable Las comunidades autónomas, por ejemplo, han desarrollado un modelo que beneficia ahora (2018) a 679.180 personas, con unas cuantías mensuales que oscilan entre 465 y 774 euros, aunque en algunos casos puede llegar a más de mil euros con hijos a cargo. Lo más significativo, sin embargo, es su disparidad temporal y el colectivo al que protegen. En unos casos, las ayudas duran hasta doce meses improrrogables, y en otros son permanentes en función de la situación real del benefactor.

Oportunismo político

El Estado, por su parte, tiene su propia red de protección social: subsidio por desempleo, renta agraria, renta activa de inserción o subsidio agrario. En total, más de 1,1 millones de personas, a las que hay que añadir quienes cobran alguna prestación no contributiva a cargo de la Seguridad Social, y que en febrero pasado ascendían a 466.426 beneficiarios. Es decir, que la red de protección social del Estado, incluyendo las CCAA, afecta a algo más 2,24 millones de personas.

No hay ninguna duda de que hay que reordenar estas prestaciones para que sean más eficaces. Pero parece poco prudente hacerlo ahora en medio de la pandemia solo por razones de oportunismo político. Entre otras, como recordó esta semana Aitor Esteban, el portavoz del PNV, porque España —como le gusta decir a Iglesias— es un Estado complejo, y las políticas asistenciales están transferidas a las comunidades autónomas. Paguen ya y dejen los cálculos electorales para más adelante. O el virus se convertirá en un monstruo político.

Mientras Tanto
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